El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha dictado un auto por el que acuerda la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial Jorge Rodríguez y las otras 14 personas acusadas en el marco del llamado 'caso Alquería', por la presunta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra para beneficiar a miembros y simpatizantes de los partidos PSPV-PSOE y Compromís.

El magistrado considera que se produjo una contratación "simulada y sin observar los requisitos legales ni estatutarios de la empresa de siete altos directivos, más otros dos, entre noviembre de 2015 y febrero de 2018", lo que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal.

Se trataría, además, de personas que nunca habían ejercido como altos directivos, por lo que resulta evidente que las finalidades perseguidas no eran las de beneficiar a la empresa pública, sino a "unos particulares, y más aún, y presuntamente, a puros intereses de índole partidista". Se produjo así una "presunta malversación, que ha sido cuantificada en la cantidad de 1.122.095,80 euros", señala el auto.

Todo ello se habría hecho "con la intervención de los gerentes de la empresa, José Ramón Tiller y Agustina Brines, y con conocimiento de este plan preconcebido por el propio presidente de la Diputación Provincial de València y presidente del Consejo de Administración de IMELSA, luego Divalterra, Jorge Rodríguez, y por su equipo mas cercano, entre ellos Jorge Cuerda, presunto director de facto de la empresa, Manuel Reguart y Ricard Gallego", añade el magistrado.

La Audiencia de València, el órgano competente

La resolución, notificada este martes a las partes, señala a la Audiencia de València como órgano competente para el enjuiciamiento y el fallo de esta causa y da diez días a las defensas para que formulen sus escritos de conclusiones.

Asimismo, requiere a ocho de los acusados para que presenten fianzas por importes que van desde los 8.227 a los más de 194.000 euros, a fin de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles, y determina la responsabilidad solidaria de los otros siete respecto a parte de esas sumas. Contra este auto no cabe recurso alguno excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.

Junto a Rodríguez, figuran como procesados Ricard Gallego, Jorge Cuerda, Manuel Reguart, Xavier Simó, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tíller.

Rodríguez asegura haber actuado dentro de la legalidad

Las defensas jurídicas de Jorge Rodríguez y sus personas de confianza afirmaron que por fin se abre la puerta para poder defenderse ante un tribunal con el convencimiento de ser "inocentes" y de haber actuado siempre dentro de la legalidad.

Según la defensa de Rodríguez, desde el primer momento tenía claro que llegaría a juicio oral puesto que "era imposible" que el fiscal que ordenó la detención y el juez que la autorizó fueran a cerrar el caso, "sobre todo después de la operación policial antiterrorista que desplegaron".

Ha añadido que en más de dos años y medio de instrucción todas las peticiones de las defensas han sido rechazadas por el juez, que en el auto de procesamiento "pasa por alto" los argumentos de esta parte, por lo que la incoación de procedimiento abreviado era lo esperado. "Por fin se abre la puerta para qué podamos defendernos ante un tribunal con el convencimiento de ser absolutamente inocentes y de haber actuado siempre dentro de la legalidad", declaran.