La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado en 680 millones el "montante global de los fondos públicos que nunca debieron salir de la Junta de Andalucía" para la concesión y pago de ayudas entre los años 2000 y 2009, sobre los que "ha habido un riesgo claro de menoscabo de fondos públicos, porque ningún control ha habido".

En el juicio sobre la pieza política del caso ERE, la Fiscalía ha continuado hoy con la lectura de sus conclusiones definitivas, después de que la semana pasada mantuviera su petición de 10 años de inhabilitación para el expresidente de la Junta Manuel Chaves por prevaricación y de 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para su sucesor, José Antonio Griñán, por prevaricación y malversación.

Según ha expuesto hoy, la Fiscalía considera probado que el Gobierno andaluz usó "durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco" en el que "las ansias de rapidez y agilidad" en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó "todos los mecanismos de control establecidos".

Un sistema que permitió a los responsables de la Consejería de Empleo -entre ellos los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez y los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández- disponer de 680 millones "sin sujeción a procedimiento alguno" ni a los mecanismos de control establecidos y "sin acreditar fehacientemente quién recibe el dinero".

Ello permitió el "enriquecimiento" de ciertas empresas y terceros mediante un sistema de ayudas "injusto y arbitrario" al que sólo accedió "una mínima parte" de trabajadores y empresas con problemas, señala la Fiscalía.

Una forma de gestionar esos fondos que "no cabe alegar que desconocían" los exresponsables de Hacienda -el que después fue el presidente andaluz José Antonio Griñán, su antecesora Magdalena Álvarez y su sucesora Carmen Martínez Aguayo-, de Innovación -Francisco Vallejo- o los exdirectores de la agencia pública IDEA.

Muy al contrario, "era una situación conocida y buscada" por todos, fruto de la implantación de un "procedimiento específico" cuyo "punto de partida" el fiscal ha situado en una modificación presupuestaria de abril de 2000, aprobada por el Consejo de Gobierno presidido entonces por Manuel Chaves.

Desde ese momento, la Junta dejó de tramitar las ayudas de los ERE como subvenciones excepcionales concedidas y pagadas por la Consejería de Empleo, con cargo a su presupuesto, para encargarle el pago de las mismas al ente público IFA (luego IDEA) con fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de financiación.

Con ello, la Intervención de la Consejería de Empleo sólo fiscalizaba un expediente de traspaso de fondos a IFA en el que ya no se podía identificar el destinatario final del dinero, lo que permitió que parte del mismo fuera a "finalidades alejadas del interés público" como 16 muestras de artesanía de ayuntamientos, campañas publicitarias, subidas salariales de trabajadores en huelga o prejubilados que nunca trabajaron en las empresas en cuyo ERE figuraban, dice el informe de la Fiscalía.

De la documentación presupuestaria, según la Fiscalía, el Parlamento andaluz no podía saber que el IFA se limitaba a pagar las ayudas, sino que "más bien" se deducía que también las concedía y por tanto eran una actividad propia, cuando al seguir gestionándolas la Consejería de Empleo "no se debió ni utilizar ni consentir el uso de transferencias de financiación".

De todo ello advirtió reiteradamente la Intervención en los informes de control financiero permanente de IFA/IDEA remitidos a los responsables de las consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda procesados.

Especialmente, en un informe adicional sobre el ejercicio 2003, aunque remitido en 2005, para el que el interventor general ordenó revisar una veintena de expedientes de concesión de ayudas a los que "nunca" accedió IDEA, sino que se decía que estaban en la Dirección General de Trabajo por ser quien daba las ayudas y a los que llamar expedientes, según la Fiscalía, resulta "generoso".

En los expedientes revisados la Intervención vio "18 deficiencias de gran trascendencia" que le llevaron a concluir que las ayudas se daban "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido", lo que debió conllevar su nulidad. Se omitió la fiscalización previa que hubiera garantizado que los fondos no salieran de la Junta pues los expedientes "carecían de todos los trámites esenciales".

Para la Fiscalía, que mañana continuará la lectura de sus conclusiones, la "gravedad de los hechos e incumplimientos" recogidos en esos informes era tal que "sólo la decisión consciente de no querer ver más, adoptada por los encausados, hizo que no se hablara de la constatación de un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante de menoscabo de fondos públicos".

Por ello considera que 15 de los 21 ex altos cargos juzgados, que fueron destinatarios de los informes de la Intervención que desde 2005 advertían de las irregularidades, cometieron no sólo prevaricación, activa u omisiva, al dictar o aprobar resoluciones administrativas arbitrarias y contrarias a derecho, sino también malversación, que requiere dolo y un ánimo de lucro, que no necesariamente implica enriquecimiento personal.

Pide para ellos entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, frente a aquellos en los que no ve acreditado el dolo y sólo acusa de prevaricación -como Chaves o los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez-, para los que solicita 10 años de inhabilitación.