La Fiscalía pide seis años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio Gónzalez y su hermano Pablo por una de las piezas del caso Lezo, por el que fue detenido y enviado a prisión en 2017, las irregularidades en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II. 

Las adjudicaciones asociadas al campo supuestamente tenían como objetivo obtener comisiones ilegales con la intermediación de sociedades afines al exdirigente del PP.

Una rama de la investigación por la que el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Manuel García Castellón, propuso hace poco más de un mes llevarle a juicio junto con su hermano Pablo Manuel y otros tres procesados, uno de ellos también cuñado de González.

En el escrito de acusación del Ministerio Público se imputan al expresidente popular dos delitos de cohecho penados cada uno con tres años de cárcel. Idéntica condena solicitan para el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; para el hermano de Ignacio González Pablo Manuel; para su cuñado José Juan Caballero; y para el socio de la empresa TCT José Antonio Clemente.

González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Según explica la Fiscalía en un comunicado, en 2006, Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II; e Idelfonso de Miguel, director gerente, se valieron de sus cargos para "asegurar la contratación de la sociedad Tecnoconcret (TCT) en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo".

Una empresa, prosigue el ministerio público, "que carecía de todo medio para ejecutar los trabajos", que estaba participada por los acusados José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, a quien la fiscal acusa como cooperadores necesarios. Los dos últimos, añade, "lo hacían de manera encubierta para ocultar" que eran hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño.

"Esa contratación, de todo punto innecesaria e irregular" supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros –381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo– y "fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias", indica.

La Fiscalía abunda en los detalles de los dos procedimientos y señala que en el primero, un año después de la adjudicación, González y De Miguel, facilitaron la tramitación de un modificado, "lo que garantizaba su adjudicación directa a Dragados" (antes ACS) y, "por ende", la subcontratación de TCT.

Dragados firmó con TCT un contrato por 160.204 euros, pero el objeto se amplió y el importe total ascendió a unos tres millones de euros.

En junio de 2006, antes de que el modificado se adjudicara a Dragados, los acusados de TCT subcontrataron a Onlygolf y Fieldture, "acordando con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación".

La Fiscalía acusa al hermano de González, "oculto bajo las siglas PG", de recibir en efectivo 101.348 euros; a Caballero –"JJC"– 94.425 euros, y a Clemente –"JCM"– 71.199 euros.

El segundo concurso fue convocado por el Canal el 27 de julio de 2006 para la gestión de las instalaciones deportivas. Entre las diez empresas licitadoras, se acordó su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, "esta última, sociedad del grupo DRAGADOS" por 3,2 millones de euros.

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad GREEN CANAL GOLF y en junio de 2007 subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron a ONLYGOLF, "consiguiendo así por su mera intermediación un beneficio aproximado del 20%".

Los tres acusados de TCT dispusieron, según la Fiscalía, de 543.729 euros que se repartieron entre sí.