'Caso Tsunami': la historia de un ridículo judicial que aspiró a tumbar la amnistía

Tres días antes de que Junts y PSOE plasmaran por escrito su acuerdo para sacar adelante una ley de amnistía para los condenados y procesados a raíz del procés independentista, el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, enviaba una exposición razonada al Tribunal Supremo sobre la causa Tsunami Democràtic, referida a las acciones de protesta en Catalunya por la sentencia del procés, en octubre de 2019.

Era el 6 de noviembre de 2023. García Castellón hablaba de terrorismo, de una persona fallecida en el Aeropuerto del Prat a causa de la acción de la plataforma Tsunami Democràtic en protesta por la sentencia del Supremo, del 14 de octubre de 2019, que condenó a nueve líderes del independentismo catalán por el procés independentista.

En vísperas de que cristalizara la negociación entre los de Puigdemont y el Partido Socialista, el magistrado García Castellón le dio brío a una investigación abierta cuatro años antes, el 30 de octubre de 2019, y que había estado durmiendo hasta entonces el sueño de los justos.

Un error procesal

Pero el juez había cometido un error en una de las prórrogas que había decretado. El 30 de julio de 2021 prorrogó la instrucción seis meses más. Pero en realidad debió hacerlo el día antes, cuando se cumplía el plazo legal de duración de la instrucción. Y ese error le ha costado a García Castellón el archivo de la causa Tsunami.

A la plataforma Tsunami se le achacaron diversas acciones que iban a ser investigadas por la Audiencia Nacional, como, por ejemplo, la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de infraestructuras críticas, como las acciones llevadas a cabo en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control aéreo de Barcelona-Gavà. 

Pero nada se investigó en realidad hasta que el juez vio que la causa podía ser de utilidad para impedir que Carles Puigdemont, como símbolo de una posible impunidad de los independentistas, pudiera ser beneficiado por una factible ley de amnistía. 

Y en ese contexto, y con el foco puesto en el delito de terrorismo, que con un muerto encima de la mesa sería inamnistiable, García Castellón ordenó una serie de diligencias para reactivar la causa, en la que citó como investigadas a 10 personas: Oriol Soler, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Jesús Rodríguez Selles, Jaume Cabani, Oleguer Serra, Nicola Flavio Giulio Floglia, Josep Lluis Alay y Marta Rovira, actual secretaria general del ERC. 

Respecto a los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg, diputado de ERC, fue el Supremo quién se quedó la investigación, que este martes la instructora, Susana Polo, ha archivado. 

No hubo investigación

La jueza Polo ha dicho en su auto de archivo que antes de la prórroga de julio de 2021, declarada ilegal por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "no se llevó a efecto ninguna investigación de la causa determinante de la participación de los investigados en los hechos que se le imputa", por lo que concluye que los 12 no pueden acabar sentados en el banquillo. 

En su exposición razonada al Supremo, el 6 de noviembre de 2023, García Castellón adujo un  "rol de liderazgo" en la persona de Carles Puigdemont en esta causa y creyó  "acreditado" que estuvo presente en las reuniones celebradas en Ginebra del 29 al 31 de agosto de 2019 donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic. Asimismo, manifestó que estos hechos se podrían calificar de "terrorismo". 

Delitos políticos, según Suiza

Las autoridades suizas no creyeron ni una palabra de lo que les fue llegando en sucesivas comisiones rogatorias firmadas por el juez García Castellón para que le auxiliaran judicialmente, debido a que Marta Rovira reside en Suiza desde 2018. 

Suiza cree que los delitos que describe el juez de la Audiencia Nacional son constitutivos de delitos políticos y no de delitos de terrorismo y así, una tras otra, ha tumbado todas las comisiones rogatorias de García Castellón.

Críticas por 'lawfare'

Algunos de los investigados por terrorismo en Tsunami le hicieron llegar al juez sus quejas por sentir "indefensión" y "banalizar el terrorismo" Por ejemplo, Josep Lluís Alay, jefe de seguridad de Puigdemont, alegó en un escrito de su letrado, Gonzalo Boye, que la causa Tsunami, tal cual la plantea García Castellón, se enmarcaría en el lawfare o guerra judicial que vienen sufriendo "todos los identificados como independentistas catalanes o personas del entorno del independentismo o, incluso, hasta sus abogados".