Castilla y León, el laboratorio del odio de Vox contra los sindicatos

Santiago Abascal, líder de Vox, avisa de que si su partido entra en el Gobierno tras el 23J va a "poner en su sitio" a Comisiones Obreras (CC.OO.) y a la Unión General de Trabajadores (UGT), a los que ha tildado como "sindicatos del crimen", y les amenaza con "quitarles las subvenciones, como ha hecho Castilla y León". Estas declaraciones las hizo Abascal el pasado 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo. 

En efecto, el Gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León no ha abonado la subvención nominativa referente a la representación sindical anual de 1,3 millones de euros a UGT y CCOO este 2023.

Ambos sindicatos, que copan más del 70% de representatividad sindical en las empresas de la región y suman 150.000 afiliados en Castilla y León, han llevado al Tribunal Superior de Justicia el impago por vulnerar la Ley del Diálogo Social y Participación Institucional.

Creen, según aseguran a este diario, que la Justicia les dará la razón. El Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco también ha retirado la subvención a la patronal CEOE.

Esta poco indisimulada animadversión contra los dos principales sindicatos de clase en España la encarna el consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Mariano Veganzones, de Vox, al que los sindicatos culpan de ser el inductor de la ruptura del diálogo social en la región. 

"Ciénaga y ladrones"

"Desde que está en el Gobierno no ha convocado ni una vez a los agentes del diálogo social --alega Faustino Temprano, secretario general de UGT de Castilla y León--. El consejero de Vox insiste en decir que si somos sindicatos subvencionados, que si hemos robado... Es un tema de populismo que va calando en la sociedad". 

Por su parte, Vicente Andrés, secretario general de CCOO de Castilla y León, recuerda que entre las primeras manifestaciones del vicepresidente del Gobierno castellano y leonés, Juan García-Gallardo, estuvo esta advertencia: "No pararemos hasta ver en la cárcel a estos sindicatos para que devuelvan lo que han robado". 

"Es una declaración de guerra contra nosotros, contra la democracia y la Constitución. Esta gente ha venido para arrasar con todos los logros sociales y democráticos", espeta Andrés, que indica que CCOO ha interpuesto una querella por calumnias contra el consejero Veganzones por sus manifestaciones referidas al presunto robo que achaca a los sindicatos. 

"Los de Vox no paran de llamarnos ciénaga, come gambas y ladrones; ya está bien", clama Andrés. El pasado 13 de junio, en las Cortes de Castilla y León Mariano Veganzones dijo: "Hemos venido a limpiar la ciénaga", en alusión a CCOO y UGT. El secretario general de CCOO en Castilla y León indica que son 10 las demandas que ha presentado el sindicato contra los recortes en riesgos laborales y políticas de empleo.

Mañueco, el ausente

La Consejería de Empleo, en manos de Vox, ha suprimido los programas de orientación a los desempleados, las políticas de Igualdad y las de Salud Laboral y "no se están sustituyendo por otras", denuncia Faustino Temprano, que se refiere a la situación antes de la llegada de los ultraderechistas en el terreno del diálogo social en la región como "ejemplar".

Coincide su homólogo en CCOO: "Era una seña de identidad de nuestra región. Venimos de una alta calidad en cuanto a la democracia participativa, porque el expresidente Juan Vicente Herrera (PP) era una persona muy proclive a la participación".

La fundación de arbitraje laboral, desmantelada

Según los sindicatos, Mañueco no les recibe. "Le hemos pedido reuniones muchas veces para exponerle lo que está pasando con su consejero pero no hace caso", dice Temprano. 

La polémica por el desmantelamiento de la Fundación Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) es el paradigma de los planes de la ultraderecha para eliminar la financiación pública en todo lo que tenga que ver con el empleo y el derecho constitucional a la sindicación. 

Fue en enero pasado cuando el Ejecutivo de Mañueco anunció la disolución de la Fundación Serla al no dotarla de presupuesto. El Servicio Regional de Relaciones Laborales, creado en 1997, era un ejemplo de arbitraje extrajudicial, un servicio público y gratuito con el que contaban trabajadores y empresarios para resolver los conflictos. 

El Serla evita que los conflictos laborales acaben en los tribunales. En 2022 resolvió más de 3.500 casos, el número más alto de toda su historia.

La polémica por la supresión de esta herramienta tripartita, de la que la Junta posee el 51% y el resto está en manos de los sindicatos y la patronal, ha encendido las alarmas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha pedido a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que intervenga para evitar la desaparición de la fundación. 

De hecho, Díaz ya enviado dos requerimientos a la Junta de Castilla y León para que dé marcha atrás. Y algo ha conseguido: en abril pasado, el Ejecutivo de Mañueco inyectó 400.000 euros en el Serla, un presupuesto muy alejado del que contaba antes, que era de un millón de euros. 

Esta radical rebaja hace inoperante al Serla. "Lo que quiere el consejero de Vox es que las demandas individuales de trabajadores se deriven a los servicios públicos estatales", explica Faustino Temprano, de UGT. En efecto, ante el exiguo presupuesto, el consejero de Economía exige un "uso razonable" de los fondos que solo se podrán dedicar a la mediación en conflictos colectivos. 

La OIT advierte del peligro para derechos fundamentales

La carta de la OIT a la ministra de Trabajo, fechada el 31 de mayo, muestra la preocupación por el cierre de la fundación Serla porque sería una "decisión sin precedentes en España". 

La misiva, firmada por el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, expone que la extinción del Serla, de llevarse a término, "iría en dirección opuesta a sus recomendaciones", que propugnan "la existencia de organismos de conciliación voluntaria, gratuitos y expeditivos, apropiados a las condiciones nacionales, con objeto de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de trabajo entre empleadores y trabajadores". 

"España viene dando muestras de un fuerte compromiso con el diálogo social tripartito", reconoce Houngbo, a la vez que dice que, "por el contrario, es preocupante el deterioro del diálogo social en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y lo es más en la medida en que pueda afectar a instituciones y programas que pongan en riesgo derechos fundamentales como la libertad sindical y la negociación colectiva".