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La catedrática Laura Díez, de la Moncloa y la Generalitat de Catalunya, al Constitucional

Será una de las magistradas más jóvenes de la historia del TC, con gran experiencia como jurista y como asesora de derecho constitucional en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y en la Generalitat catalana.

Laura Díez Bueso, catedrática de Derecho Constitucional.
Laura Díez Bueso, catedrática de Derecho Constitucional. Observatorio de Derecho Público

La catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969) será una de las magistradas más jóvenes en llegar al Tribunal Constitucional. Con sólo 53 años, la ex directora general del Ministerio de Presidencia ha sido designada por el Gobierno, junto con el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, como nueva magistrada del tribunal de garantías dentro de la cuota del Ejecutivo.

Desde 2020 hasta el pasado mes de abril había ocupado el cargo de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, donde trabajó primero con la exministra Carmen Calvo y también con el actual titular, Félix Bolaños. En 2018, poco después de llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, fue nombrada directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. 

En la actualidad es vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Catalunya, donde ha ocupado otros cargos: fue adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya (2004-2010) [el defensor del Pueblo] y asesora del Gobierno de la Generalitat para la reforma del Estatuto de Cataluña (2002-2004).

Laura Díez ha sido directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, directora del Máster en Estudios Jurídicos Avanzados y delegada del rector para la ordenación normativa de la Universidad de Barcelona

Su actividad como investigadora es profusa, abarca desde la calidad de los estados descentralizados (fue miembro del equipo de dirección del anuario 'Informe Comunidades Autónomas 2013-2018') a la libertad de expresión y el derecho a la información. 

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