MADRID.- El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este martes la incoación de un expediente disciplinario al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba Mesa - que fue el que sustituyó a la exdiputada de Podemos Victoria Rosell e informó en contra de ella - por su actuación durante dicha sustitución en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Ve dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave en su investigación al empresario Miguel Ángel Ramírez.

El promotor investigaba al juez desde el pasado mes de mayo tras conocerse la grabación de una conversación entre el magistrado Salvador Alba y el empresario celebrada en sede judicial.

Ramírez, presidente del UD Las Palmas, es el mismo al que investigaba antes de su marcha a Podemos la propia Rosell por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.

Dicho empresario compró una licencia de radio a la pareja de Rosell, Carlos Sosa, por valor de 300.000 euros cuando la magistrada había dado el salto a la política. Rosell dimitió para defenderse de la querella que presentó contra ella José Manuel Soria, entonces ministro de Industria y presidente del PP de Canarias.

Las presuntas irregularidades cometidas por la exdiputada en la instrucción del procedimiento contra este empresario le valieron la apertura de una causa en el Tribunal Supremo basada en un informe en el que su sustituto, que era Alba, la denunció de forma muy contundente. La querella a la juez Rosell se instruye ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde está aforada, después de que presentara su dimisión como diputada.

Concretamente, el CGPJ abre expediente a Alba por llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.

Este mismo martes la asociación Jueces para la Democracia (JpD) había solicitado la adopción de medidas contra el juez Alba por otra grabación, la que presuntamente éste habría realizado a a varios de sus compañeros jueces cuando hablaban distendidamente en una estancia de la sede judicial.