La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, continúa con su campaña personal de desgaste contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) al afirmar este jueves que los escraches son "un fenómeno aislado y pasajero" porque "la inmensísima mayoría del pueblo español y la gran mayoría de las personas que apoyan la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), "están absolutamente en desacuerdo con los métodos violentos que están llevando a cabo algunas personas de esa plataforma".

"Y como estoy convencida de que esa es una posición minoritaria y a medida que se vaya radicalizando va a perder todavía mucho más apoyo social se va a quedar en algo anecdótico", ha indicado Cifuentes, en la rueda de prensa tras la constitución de una comisión para agilizar la destrucción de droga incautada.

Cifuentes sigue repitiendo el mantra de lo violento del escrache, pero lo hace una día después de que uno de esto "actos violentos" se haya saldado sin ningún incidente, ninguna identificación ni sanción y logrando la mediación de la diputada popular Eva Durán para que se suspendiera un desahucio en Vallecas. Lo cierto es que gracias al escrache del miércoles en la Junta Municipal de Vallecas, Amalia Torres ha podido dormir tranquila junto a sus familiares al confirmar la tarde de ayer que su desahucio ha sido suspendido.

La delegada ha insistido en que los escraches se van a quedar en "unos incidentes aislados" porque están en contra la gran mayoría de los apoyos de la PAH, "que son personas de derechas, de izquerdas, de centro, porque hay mucha gente a favor de la Iniciativa Legislativa Popular".

"Verdaderamente el país está en una situación muy grave y hay muchas personas que lo están pasando muy mal, afectadas por el paro y la crisis económica. Dentro de ellas hay personas que están pasando por una de las peores experiencias de su vida, que es ser desahuciados de tu casa. Pero estos problemas muy graves no se solucionan con violencia, sino en los tribunales y en el Parlamento, que es donde se aprueban las leyes. En estos momentos se está realizando una modificación legislativa para adaptar la normativa española a la europea y eliminar las cláusulas abusivas de las hipotecas; y nada tiene que ver eso con salir a la calle y ejercer la intimidación", ha esgrimido.

Cifuentes ha asegurado que los escraches son "gravísimos" porque "una cosa es el derecho de manifestación y protesta, que es un derecho constitucionalmente protegido que hay que respetar y proteger y otra muy diferente es ejercer la amenaza y la coacción y la intimidación organizada".

"A mí me parece que esto no es escrache, es un acoso y una intimidación" En este punto, ha señalado que estas prácticas son "incompatibles con la democracia". "Y como creo en la democracia creo que la protesta se tiene que realizar de la manera que establece la Ley. Y a mí me parece que esto no es escrache, es un acoso e intimidación. Hay algunos jueces que están empezando a decir que es delito", ha avanzado.

Además, la representante gubernativa, acompañada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban y por la presidenta del mismo tribunal, Ana María Ferrer, ha recordado que quien determina los desahucios "es un juez mediante una orden de desahucio, no un político, un diputado o un concejal a los cuales están acosando de mala manera".

La delegada del Gobierno ha indicado que mientras persistan los escraches las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "van a actuar en aplicación de la legalidad, como lo están haciendo hasta ahora, y todo aquello que sean hechos delictivos cometidos por personas, lo llamen escraches o como quieran llamar, si son delitos se aplicará la ley, al igual que si son faltas o sanciones administrativas, como hasta ahora se ha hecho".

Respecto a las declaraciones de la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, que ha reconocido que, si no fuera consejera, "seguramente sí participaría en los escraches" o manifestaciones ante las viviendas de políticos, Cifuentes ha pedido que rectifique o que su partido, IU, la desautorice.

"Me parece una afirmación muy grave viniendo de una representante elegida democráticamente por los ciudadanos justificar lo que es violencia, que no sólo es física, sino que también es la coacción, la amenaza, la intimidación. Es muy grave", ha concluido.