Cinco claves para abordar el debate de los presupuestos en Catalunya

BARCELONA.- El proyecto de presupuestos de la Generalitat de Catalunya superará esta semana el primer obstáculo, cuando el pleno del Parlament apruebe la tramitación. Será posible gracias a los votos de los diputados de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, mientras que los cuatro grupos restantes —Ciutadans, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y PP— presentarán enmiendas a la totalidad. Ahora bien, la admisión a trámite no significa que las cuentas se acaben aprobando, puesto que la CUP ha repetido con insistencia que el proyecto elaborado por la consejería que encabeza el vicepresidente Oriol Junqueras está lejos de atender sus demandas y, por lo tanto, un voto contrario todavía no se puede descartar.

Siguiendo la tónica habitual de la legislatura, la formación de la izquierda independentista tendrá la clave para que salgan adelante —en cualquier caso, la fumata blanca no llegaría antes de febrero. La coalición gubernamental da por hecho que el resto de la oposición mantendrá su rechazo durante todo el debate parlamentario.

Los presupuestos aprobados por el Gobierno de Puigdemont ascienden a 28.310 millones de euros —incluyendo la Generalitat y todo el sector público, así como las entidades autónomas de las que depende— y, según Oriol Junqueras, "son los mejores posibles". La satisfacción oficial se basa, fundamentalmente, en un incremento de 1.170 millones en gasto social con relación a los del 2015 —el 2016, la Generalitat ha funcionado con las cuentas prorrogadas—. Casi el 75% del presupuesto se destina a partidas sociales, básicamente Educación, Sanidad y Servicios Sociales, "el porcentaje más alto de la historia" en palabras de Junqueras. En cifras absolutas, sin embargo, el dinero que se destinan no son ni mucho menos de récord y, por ejemplo, se quedan más de 1.300 millones por debajo de los de 2010.

La negativa del Gobierno de Puigdemont a incrementar la presión fiscal a las rentas altas es el principal punto de discrepancia con la CUP, CSQEP y PSC, las tres formaciones de la oposición que apuestan por aumentar la progresividad de los impuestos. La CUP, a diferencia de las cuentas de 2016, ha optado en esta ocasión por facilitar la admisión a trámite y, por lo tanto, el debate parlamentario, para se incluyen partidas —una explícita y teóricamente y otra oculta en el fondo de contingencia— para sacar adelante el referéndum de independencia, que tendría que celebrarse como tarde en septiembre del año próximo.

Resumimos en cinco puntos algunas de las claves del inminente debate presupuestario.

La capacidad normativa de la Generalitat en fiscalidad es limitada puesto que es una de las 15 autonomías de régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra—, lo que significa que se financia sobre todo mediante impuestos cedidos, totalmente o parcialmente, por el Estado, además de transferencias del Estado e impuestos propios. El grueso de los tributos los recauda la Administración central, que después reparte los recursos entre las comunidades autónomas. El modelo actual genera un agravio económico evidente para Catalunya, puesto que aporta más dinero en el Estado de lo que después éste le devuelve. El llamado déficit fiscal se situaba en 2012 entre 8.759 y 12.770 millones de euros.

Ahora bien, que la actual soberanía fiscal catalana sea limitada no significa que el margen de maniobra sea prácticamente nulo, como han argumentado en los últimos meses los principales responsables del Departamento de Economía. La admisión a trámite de las cuentas, sin embargo, sí que supone una dificultad para llevar a cabo cambios sustantivos durante la tramitación parlamentaria puesto que, teóricamente, este paso hace imposible variar el techo de ingresos y gastos ni modificar la cantidad total que se destina a cada departamento.

La realidad, sin embargo, es que la prohibición se puede esquivar en cierto modo durante la tramitación parlamentaria con la inclusión de un nuevo artículo a la ley de los presupuestos que contemple la creación de un fondo con los recursos adicionales que se podrían obtener con modificaciones fiscales o a través de una modificación presupuestaria justo después de aprobar las cuentas.

JxSí ve "margen de maniobra" para mejorar los presupuestos en la tramitación parlamentaria, mientras CSQEP opina que el Govern no quiere dialogar

El diputado de JxSí —y miembro de ERC— Roger Torrent afirma a Público que durante la tramitación "hay margen de maniobra". "El Gobierno ha dicho que son los mejores presupuestos posibles, pero si algún grupo ayuda a mejorarlos lo escucharemos y lo tendremos en cuenta", afirmaTorrent, que forma parte de la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, aunque advierte de que "dependerá del planteamiento que hagan los grupos, si son planteamientos realistas habrá margen, pero si priorizan la gestualidad y la cuestión ideológica será mucho más difícil".

Joan Coscubiela, portavoz de CSQEP y miembro de la misma comisión, lo ve de una manera muy diferente y opina a este diario que "el Gobierno no ha querido dialogar y, por lo tanto, sin voluntad de diálogo el margen de negociación es nulo". "El Gobierno ha decidido que gran parte de los temas que pasan por el Parlament se limitan a tener en cuenta 72 diputados [los de JxSí la CUP] y no los 135". Fuentes de la CUP subrayan que la formación mantiene sus demandas y, por lo tanto, no acepta la negativa del Gobierno a negarse a incrementar los impuestos a las rentas más altas.

El tópico dice que la presión fiscal en Catalunya es muy elevada, pero la realidad lo desmiente. Según datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE, la presión fiscal española se sitúa en el 34,6% del PIB, siete puntos por debajo de la media comunitaria. Catalunya, según aseguró miércoles el secretario de Hacienda del Gobierno, Lluís Salvadó, en comisión parlamentaria, se movería en porcentajes similares. ¿En qué se traduce esto? En una menor recaudación fiscal que "limita la capacidad de hacer políticas redistributivas", admitía Salvadó.

Ahora bien, esto no significa que los tipos marginales [los que teóricamente se tendrían que pagar] de los grandes impuestos sean bajos, sino que en muchos casos están por encima de la media europea, pero la recaudación es baja. ¿Por qué? Básicamente por los numerosos beneficios fiscales —deducciones, desgravaciones, bonificaciones...— que provocan que finalmente los tipos efectivos [el que realmente se paga] sean mucho más bajos. El coste de los beneficios fiscales se ensarta a 35.000 millones de euros al Estado español y en Catalunya, según el proyecto de presupuestos de 2017, llega a 10.280 millones. De esta cantidad, cerca de 9.150 millones corresponden a legislación estatal y más de 1.100 a normativas impulsadas por la Generalitat, especialmente vinculadas al impuesto de Sucesiones.

Los beneficios fiscales hacen disminuir los ingresos fiscales en más de 10.000 millones de euros. Más de 1.000 a causa de normativas catalanas

En muchos casos, sin embargo, Salvadó admite que "tienen un marcado carácter regresivo" y que falta "valentía" para revisarlos y fiscalizarlos año a año para valorar la conveniencia de mantenerlos o no. Las cuentas aprobadas por el Ejecutivo contemplan la supresión de dos de las deducciones fiscales: las que benefician las inversiones en empresas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y una parte de la deducción a la hora de pagar la renta para quienes compraron viviendas antes de 2011, que ahora se limitará a quienes tengan una renta inferior a los 30.000 euros anuales.

Los otros factores que hacen bajar la recaudación tributaria son el fraude y la elusión fiscal. En este sentido, Lluís Salvadó citó este miércoles como prioritaria la lucha contra el fraude. Según datos del Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, alrededor del 75% del fraude corresponde a grandes empresas y patrimonios, si bien el grueso de las inspecciones no se concentran en estos sectores.

"El problema de fondo no se soluciona subiendo tipos marginales. Haciendo esto se estrecha más al contribuyente que cumple. El que está dentro del sistema y cumple acaba teniendo la sensación que tiene una presión fiscal muy elevada". La frase la pronunció miércoles Lluís Salvadó y supone la enésima muestra de la nula disposición del Ejecutivo de JxSí a incrementar los impuestos a las rentas altas, tal como reclaman fundamentalmente CSQEP y la CUP. Mientras que durante la negociación fallida de los presupuestos de 2016 en algún momento el líder de los republicanos y vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, llegó a poner encima de la mesa la posibilidad de incrementar los tipos del IRPF a las rentas más elevadas, en esta ocasión la coalición gubernamental ha cerrado filas. El discurso del PDECat se ha impuesto.

En opinión de Joan Coscubiela, "en materia de presupuestos, Junts pel Sí se ha distribuido el trabajo y CDC pone la política y ERC, las declaraciones y el discursos". Según el portavoz de la confluencia de ICV, EUiA y Podemos, si se atendieran las propuestas de su grupo, el incremento de recaudación podría llegar a los 1.000 millones de euros anuales, muy por encima de los 180 que teóricamente se lograrían con las modificaciones y los nuevos tributos planteados por el Ejecutivo. Coscubiela insiste en que en materia de fiscalidad "JxSí siempre ha votado en bloque" y concluye opinando que los presupuestos presentados son "sumisos a la política de estabilidad presupuestaria de Rajoy, Montoro y la Troika, pero tienen el celofán que los envuelve de desobediencia".

La CUP y CSQEP quieren subir el IRPF a las personas que ingresen más de 60.000 euros anuales, cantidad que sólo asumen el 4% de los contribuyentes

El debate previo a la llegada de las cuentas al Parlamento se ha centrado sobre todo en el IRPF, en el que tanto la CUP como CSQEP plantean incrementar los tipos a partir de los 60.000 euros anuales, una cantidad que sólo declaran el 4% de los contribuyentes catalanes, según reconoció Lluís Salvadó miércoles. A pesar de este dato, la coordinadora general del PDECat —la antigua CDC—, Marta Pascal, ha llegado a afirmar que subir el IRPF seria "castigar" a las clases medianas. La realidad es que Catalunya tiene los tipos de IRPF más elevados del Estado en las rentas bajas y medias. Exactamente, hasta los 30.000 euros, que es el umbral que engloba el 80% de los contribuyentes del Principado. A partir de esta cifra la superan otras comunidades y a partir de los 90.000 euros ya queda por debajo de la media.

En Sucesiones y Donaciones Catalunya está por debajo de la media de las autonomías de régimen común y en Patrimonio queda lejos de los primeros lugares a medida que la fortuna es más elevada. La negociación previa entre JxSí y la CUP sí que ha servido para aprobar la creación de un impuesto que grabe las grandes fortunas, en concreto los bienes improductivos —como yates o vehículos de lujo— que están a nombre de grandes empresas pero que en realidad son para uso personal y no productivo.

Teóricamente, la sesión de miércoles de la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento tenía que servir porque el Ejecutivo presentara las simulaciones sobre la afectación y el impacto de modificaciones en el IRPF, Sucesiones y Donaciones y Patrimonio —era un compromiso del pleno sobre la pobreza celebrado el marzo—, pero el alto cargo gubernamental optó por explicar las conclusiones del estudio y obviar las simulaciones. Esta decisión indignó especialmente la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, quien insistió en la necesidad y las opciones de subir los tipos en estos tres tributos.

El Gobierno catalán ha sido especialmente activo los últimos años en la creación de nuevos impuestos propios, a pesar de que en la práctica suponen un porcentaje pequeño de sus ingresos fiscales. Ahora mismo, Catalunya es la autonomía de régimen común que dispone de más tributos propios. En 2014, por ejemplo, aportaron unos 550 millones de euros —el 3,2% de los ingresos tributarios de la Generalitat— y el grueso, más de 450, se concentraban en uno solo: el canon del agua. En el proyecto de Junts pel Sí aparecen tres impuestos de nueva creación, así como la modificación de otros ya existentes (la mayoría creados los últimos años). Las novedades son el impuesto sobre el riesgo medioambiental radiológico, un nuevo impuesto en los grandes centros comerciales y el tributo sobre las bebidas azucaradas.

Ahora bien, los tributos propios no siempre prosperan porque en varias ocasiones han sido anulados por el Tribunal Constitucional y por el Gobierno español con la creación de un impuesto que grabe el mismo concepto. El ejemplo más conocido es el de los depósitos bancarios, con el que la Generalitat preveía recaudar unos 600 millones de euros anuales, pero el Ejecutivo de Rajoy creó uno análogo a un tipo del 0%. Muy probablemente, se vivirá próximamente un capítulo similar con el impuesto sobre las bebidas azucaradas, con el que el Gobierno autonómico contaba obtener más de 40 millones anuales. En total, desde 2012, estas medidas han impedido a la Generalitat recaudar 2.300 millones.

La deuda de la Generalitat seguirá creciendo durante 2017 y las previsiones del Gobierno es que cierre el próximo año en los 77.500 millones de euros, lo que representaría el 35,4% del PIB. Sí que es cierto, sin embargo, que se retardaría su progreso y por primera vez en más de una década su peso sobre el PIB decaería. En 2017, la previsión es que la amortización de la deuda genere un impacto de casi 6.000 millones para las arcas autonómicas, de los cuales casi 800 corresponden a intereses, una cifra bastante más baja que en 2015. Más de la mitad del pasivo de la Generalitat está en manos del Gobierno español a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un hecho que resume la dependencia y la limitada —que no nula— soberanía económica que tiene el Gobierno catalán.