Cinco regalos envenenados que Barberá dejó a Ribó

VALENCIA.- Ya avisaba en campaña y, poco después de asumir la alcaldía, Joan Ribó declaraba en una entrevista a Europa Press que con el PP "se disparó con pólvora de rey”, algo que a su juicio los valencianos y valencianas estarán pagando “durante muchísimo tiempo". Además de reprobar la corrupción popular, Ribó suele citar entre sus grandes dolores de cabeza lo que considera el lastre de una “pésima gestión” de Rita Barberá, que tras 24 años al frente del ayuntamiento de la ciudad dejó tras de sí.

Concesiones de contratos públicos adjudicadas o prolongadas en dudosas circunstancias, deudas por pagar, proyectos a medio hacer y entes públicos dependientes del consistorio en la bancarrota. Estas son, también, algunas muestras de la herencia que Barberá dejó en Valencia.

La resaca de la Copa América de vela dejó en Valencia una deuda que ya roza los 500 millones de euros por la construcción y mantenimiento de la Marina Real, donde los equipos náuticos levantaron edificios convertidos ahora en elefantes blancos, si no han sido ya destruidos (aunque aún no pagados). Nadie en el Consorcio Valencia 2007 (la competición se celebró en la ciudad en las ediciones del 2007 y una versión micro en 2010), formado por el Ejecutivo central, el Consell y el gobierno municipal quiere asumir su parte de la deuda, que se incrementa unos 20 millones de euros cada año por intereses a los que no se hace frente.

Joan Ribó ha pedido al Estado que condone al Ayuntamiento el crédito de 370 millones de euros concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que se solicitó para construir la Marina Juan Carlos I. A su entender, la condonación sería justa, al supone exigir al Estado “el mismo trato que recibió Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92, Sevilla en la Expo del mismo año y Zaragoza en la Expo de 2008", casos todos ellos en los que el Ejecutivo invirtió y “perdonó” las deudas.

Trece millones de deuda por pagar y una rampa de salida (o de entrada) por construir es el balance del parking inacabado de la plaza Ciudad de Brujas, que debe dar servicio principalmente al Mercado Central de Valencia, el más grande de la ciudad y una de las joyas arquitectónicas más visitadas por los turistas. Fruto de un acuerdo entre la conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Isabel Bonig (hoy presidenta del PPCV) y el anterior consistorio popular de la ciudad, el pliego de condiciones para la licitación de la explotación de este aparcamiento contemplaba en un principio que la empresa concesionaria del servicio debería abonar por adelantado y en un solo pago los 11 millones que costó la obra. Además, la adjudicataria debería pagar seis millones adicionales para acabar la segunda rampa de acceso que le falta al aparcamiento subterráneo y 1,2 millones más para urbanizar la plaza. Ante semejante oferta, el concurso quedó desierto.

A principios de este año, Generalitat y Ayuntamiento anunciaron que redactarán un nuevo convenio para “desbloquear” la situación tras ocho años a vueltas con el estacionamiento. Finalmente, será el consistorio quien asuma los 13 millones a los que ascienden las obras y se hará una nueva licitación para finalizar el proyecto y su explotación.

A cuatro días de las pasadas elecciones municipales, el concejal de Circulación y Transportes Alberto Mendoza prorrogó la adjudicación de la explotación del bus turístico de la ciudad a dos empresas. El asunto no sería grave si fuera un negocio rentable, pero a diferencia de los ingresos que obtienen ciudades como Madrid (3 millones de euros fijos al año más un variable sobre ingresos) o Barcelona (6’25 millones al año de una empresa privada más los beneficios de otra explotación pública) de las empresas que ofrecen el servicio, las adjudicatarias valencianas contribuyen a las arcas públicas con 0 euros. Así viene siendo desde 1999 y así seguirá, si no lo remedia el equipo de Ribó, hasta 2019.

Casualmente, el director general de Transvía Tours, que explota el Bus Turístic de Valencia desde 1999, es el empresario detenido a principios de esta semana junto al exvicealcalde de Valencia, ambos sospechosos (sobornador y sobornado) de un delito de cohecho relacionado, precisamente, con las adjudicaciones de contratos del consistorio.

Según los cálculos a la baja de la actual concejalía de Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento de Valencia ha dejado de ingresar al menos siete millones desde 1999 (medio millón al año) por esta “autorización gratuita” para gestionar el bus turístico que consideran un “trato de favor” al no contemplar que la empresa adjudicataria debería pagar un canon por la utilización del dominio público.

Con su llegada a la alcaldía, Ribó se convirtió también en el presidente del patronato de Feria Valencia, una institución al borde de la quiebra con un agujero de 1.000 millones, 580 de ellos acumulados por una ampliación del recinto investigada por la Fiscalía que la propia Barberá pilotó.

Feria Valencia es también el ente que regalaba periódicamente –tal y como ella misma reconoció, diciendo que era una “costumbre habitual”- a Barberá bolsos, pañuelos, bolígrafos y guantes de diferentes marcas de lujo durante los años más duros de la crisis. Solo entre 2007 y 2009, la exalcaldesa recibió obsequios por valor de 7.600 que Anticorrupción también investiga.

La implantación del servicio de Valenbisi es una de las últimas medallas que se colgó Barberá. En una ciudad plagada de coches, de la noche a la mañana las calles se llenaron de bicis de alquiler y se anunció a bombo y platillo la implantación de la “bici pública”. Sin embargo, el servicio de Valenbisi de público tenía poco. Ofrecido como contraprestación por la explotación de centenares de soportes de publicidad en espacio urbano repartidos por toda la ciudad, cuyos ingresos son desconocidos por la administración local, la empresa JC Decaux es la mantenedora privada del servicio de alquiler de bicicletas por el que además cobra a los usuarios, en un contrato que liga a empresa y ciudad hasta 2029.

Además, a pesar de que el contrato de licitación solo permitía un aumento del abono anual de 18 euros iniciales a 20, dejando cualquier subida posterior a un acuerdo entre concesionaria y Ayuntamiento, el equipo de Barberá aprobó su incremento hasta los 29,21 euros actuales. A cambio de ese beneficio empresarial, no ha habido contraprestación alguna los usuarios, aunque las peticiones de más estaciones en los barrios y mejor servicio no cesan. Ahora ese precio solo se podrá bajar si la empresa lo permite.