Los accesos a la colonia de Gibraltar, tanto de entrada como de salida, siguen soportando esperas de entre tres y cinco horas, si bien pese a ello, la llegada de turistas, especialmente durante el fin de semana, no cesa. La tensión que se está viviendo en las últimas semanas está provocando retenciones que España justifica en base a los controles de fronteras, mientras que el Gobierno de Gibraltar critica la política del gobierno de Rajoy, al igual que el PSOE de la ciudad limítrofe de La Línea de la Concepción y muchos ciudadanos.

Fuentes conocedoras del conflicto han asegurado que la situación "no va a variar en los próximos días", salvo que tras la llamada a consultas al embajador español, Federico Trillo, por parte del Reino Unido , se determine una actuación distinta.  Recuerdan las citadas fuentes que "a los vehículos que llegan hasta la verja, y antes de entrar a Gibraltar, se les advierte que hay colas", pero aún así son pocos los que deciden dar marcha atrás.

Por último, subrayan las mismas fuentes que "en estos días habrá momentos puntas, a veces se relajan los controles, en pocas ocasiones, y otras se intensifican".

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía han asegurado que durante los fines de semana los controles se efectúan de forma exhaustiva por razones de seguridad y  han recordado que se trata de una frontera y que el refuerzo de esos controles es algo habitual en ese tipo de aduanas. 

Mientras tanto, los agentes españoles siguen cumpliendo órdenes y sufren el acoso de algunas webs de la colonia que han solicitado 'escraches' contra ellos, ante la condena de las autoridades españolas, comenzando por el ministro del Interior, Fernández Díaz.

Las tensiones se iniciaron el pasado 24 de julio cuando un grupo de pescadores españoles alertaron a la Guardia Civil de que remolcadoras del Peñón estaban lanzando bloques de hormigón al fondo del mar. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente interpuso una denuncia porque el vertido se produjo sin autorización alguna, inclumpliendo normas medioambientales y causando daños a las flotas pesqueras.

El Gobierno de Mariano Rajoy está preparando un plan de medidas para responder a las últimas maniobras de las autoridades de Gibraltar. Se trata de un paquete de medidas que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con lo que se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".

Para ello, se han puesto encima de la mesa medidas de diversa índole, que van desde la creación de una 'tasa de congestión' a los vehículos que atraviesan la Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia "real' en España.

Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la 'Declaración de Córdoba', firmada en 2006 en el marco del Foro Tripartito que instauró el anterior Gobierno con Reino Unido y con Gibraltar y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.

El Gobierno se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.