MADRID.- El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, imlpicado en un proceso judicial por el supuesto cobro de comisiones a cambio de conseguir contratos públicos a empresas españolas en otros países, ha admitido este viernes que cobró de 2007 a 2011 unos 3.000 euros al mes como asesor jurídico de la Fundación Arpegio y en un momento dado elaboró un informe de 30 páginas sobre el impacto en la fundación de la Ley de Contratos en el sector público, que le reportó otros 12.000 euros.

Así lo ha señalado en la comisión de investigación de corrupción que tiene lugar en la Asamblea de Madrid, en la que ha comparecido para informar sobre la gestión que realizó en la Fundación Arpegio, donde trabajó como asesor jurídico de esta fundación (relacionada con la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio, investigada dentro de la trama Púnica) y no como político, aunque se ha referido brevemente al caso del supuesto cobro de comisiones en el extranjero.

El letrado ha explicado, a preguntas de los grupos de la oposición, que llegó a ser el asesor jurídico en régimen de autónomo de la Fundación Arpegio después de que la directora gerente de la institución, Carmen Plata, le llamará tras rechazar otros dos ofertas. Así, ha explicado que su trabajo no consistía en asesorar verbalmente, sino por escrito, escribiendo decenas de convenios e informes.  Por tanto, de la Fundación Arpegio el exparlamentario del PP cobró unos 158.000 euros (le bajaron el sueldo a 2.400 en los últimos meses).

Gómez de la Serna ha asegurado que fueron "cuatro años de intensísimo trabajo", en el que redactó 23 convenios para la fundación, dos al mes. "El trabajo no era menor, era una auténtica avalancha de contratos", ha llegado a decir, para luego reconocer que "no se quejaba" de los emolumentos recibidos por su trabajo.

Durante su comparecencia, el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna ha dicho  que el proceso judicial en el que está implicado por el supuesto cobro de comisiones a cambio de conseguir contratos públicos a empresas españolas en otros países es fruto de una "extorsión" montada con "documentos y testimonios falsificados".

Lo ha hecho después de que uno de los portavoces de Podemos en la comisión, Ramón Espinar, le haya recriminado que después de su paso por la Fundación Arpegio terminó trabajando como diputado del PP por Segovia y, a continuación, "expulsado" de este partido "por casos de corrupción".

De la Serna le ha recordado que no está investigado en este proceso judicial, y ha asegurado que "surge de una extorsión" y "está montado con documentos y con testimonios falsificados". "No tenga duda de que saldrá limpio de ese proceso porque soy absolutamente inocente (...) no voy a tolerar que usted ni nadie falte a mi honor, a mi nombre ni a mi dignidad", ha sostenido.

Previamente, ha protagonizado otro rifirrafe con el otro portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, que le ha acusado de "llevárselo crudo", una afirmación "muy seria" para De la Serna, que cree que "raya en lo delictivo", por lo que ha solicitado el amparo de la Mesa. La presidenta de la Mesa de la comisión, Dolores González, ha llamado al orden al diputado de Podemos, que ha indicado que el compareciente "ha admitido ingresos fuera de su actividad como político", por lo que cree que lo que ha dicho "no es delictivo".

El pasado miércoles, De la Serna se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial. El exembajador en la India Gustavo de Arístegui, se ha negado este viernes a hacerlo ante el juez José de la Mata, que le había citado como investigado por las supuestas comisiones que percibieron él y el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna por obtener contratos públicos a empresas españolas en otros países.

En la causa se investigan presuntos pagos a funcionarios y autoridades argelinos por parte de De la Serna y Arístegui para que adjudicaran a dos empresas españolas dos contratos de obras: la Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta (por 250 millones de euros) y el Tranvía de Ouargla (por importe de 230 millones).

Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA, a través del grupo Voltar Lassen, el cual dirigían De la Serna y Arístegui. Las empresas españolas pagaron por ello a ambos, o bien directamente o bien a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL.