Más de 50.000 firmas recogidas en centros educativos y a la puerta de los mismos, también en mercados, por la calle, en movilizaciones... y en verano, incluso en las playas han sido validadas esta semana por la Junta Electoral y, por tanto, el Parlamento andaluz, que controla el PP, deberá decidir si tramita la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que persigue una bajada en la ratio máxima establecida por la normativa de alumnos por aula, un dato clave a la hora de impartir una educación de calidad, o la frena en la Mesa en primera instancia.

La normativa fija hoy una ratio máxima de alumnos por profesor de 25 en educación infantil y primaria, de 30 en Secundaria y FP y de 35 en Bachillerato. Estos límites se puede ampliar hasta en un 10% para atender necesidades de escolarización extraordinarias. La ILP pretende dejarlas en 20, 25 y 30, es decir, rebajar el tope en cinco estudiantes en cada tramo educativo.

Los promotores de la modificación (entre los que están asociaciones, varios sindicatos educativos y partidos de la izquierda) analizan que este es un momento excelente para aplicar esta reducción en Andalucía, una de las Comunidades con mayores tasas de fracaso escolar, porque existe una caída en la natalidad que se nota ya en los cursos de infantil y primaria y porque la pandemia de la covid, con la contratación de profesores de refuerzo, ha demostrado que el profesorado puede atender menos alumnado.

"El descenso de la natalidad hace posible una alternativa de futuro, basada en la reducción de ratios para mejorar las condiciones de enseñanza, sin necesidad de un aumento inasumible de la inversión en personal e infraestructuras", se lee en la Iniciativa Legislativa.

"La crisis sanitaria –agregan los redactores de la ILP– ha tenido un doble efecto: por un lado, ha puesto de relieve la necesidad de reducir las ratios por motivos sanitarios; por otro lado, la tímida reducción coyuntural de las ratios, como resultado de la contratación de docentes de refuerzo para atender a las consecuencias de esta crisis ha constatado que es factible adecuarlas. Estas conclusiones son aplicables no solo a una pandemia mundial, sino a retos más cotidianos que pueden afrontarse en mejores condiciones con un número más reducido de alumnos en las aulas".

Existe un cierto consenso entre académicos y profesionales en que cuanto menos alumnos por aula, ello permite mejorar la calidad de la educación. Los promotores de la ILP sostienen que ello permite una mejor atención a cada chaval, facilita el intercambio entre alumnado y docentes, como consecuencia, ello mejora el clima de convivencia, lo que permite avanzar a mayor velocidad en la transmisión de conocimientos.

Las cifras en Andalucía hoy

Los datos que aporta la Consejería de Educación, que dirige Patricia del Pozo (PP), al respecto son los siguientes: "En las etapas de infantil y primaria, las más afectadas por el drástico descenso de la natalidad, y que contabilizan casi 10.000 alumnos menos en los centros públicos en este curso, el cómputo es de solo cuatro aulas menos, lo que ha permitido mejorar en medio punto respecto al curso pasado las ratios medias de alumnos por aula (19,24 Infantil y 20,28 Primaria), las más bajas del histórico en Andalucía (los límites máximos establecidos por el Gobierno central es de 25 alumnos). En el curso 2017-18 esas ratios se situaban en 20,72 en los centros públicos de infantil y de 21,58 en Primaria".

El sindicato Ustea discute la realidad de estas cifras: "La Junta recorta 276 clases de los colegios públicos y maquilla los datos a cargo de los fondos europeos de recuperación". ¿De dónde sale esta cifra cuando la Junta dice que son solo cuatro? ¿Cómo puede ser esta discrepancia? La clave, según los sindicatos, está en las "unidades educativas temporales".

Ustea lo explica de esta manera: Del BOJA se extrae que el Gobierno de Juanma Moreno "ha cerrado este curso 681 clases de Infantil y Primaria en colegios públicos de todas las provincias y se ha visto obligada a crear 405, por lo que la red de centros públicos de Andalucía cuenta, desde este año, con 276 clases menos en su estructura".

"Al mismo tiempo, Educación –añade Ustea– ha decidido modificar las funciones del personal que, hasta el año pasado, se dedicaba a mitigar los efectos de la pandemia y dedicarlo a la creación de 261 unidades escolares temporales. Estas unidades, atendidas por personal docente contratado como apoyo Covid, se han creado para rebajar las ratios en determinados centros con clases al límite de la ratio máxima permitida por la normativa. Se trata de unidades escolares temporales sin garantías de continuidad, pues dependen de la coyuntura actual y de los fondos REACT-EU (Fondo Social Europeo) del paquete Next Generation que el Ministerio reparte entre las comunidades autónomas".

"Al no ser –añade Carmen Yuste, de Ustea, una de las promotoras de la ILP– unidades escolares estructurales y no estar consolidadas en la plantilla, desaparecerán en el momento en el que dejen de llegar los fondos Next Generation o la Consejería decida destinar estos fondos a otra cuestión. No discutimos la creación de unidades escolares en FP, que sigue siendo insuficiente, ni en Secundaria, donde aún no ha llegado la curva descendente de la natalidad. Pero la reducción de la red estructural de unidades escolares públicas en Infantil y Primaria es innegable y contrasta con el mantenimiento íntegro de la red concertada, a la que no parecen afectar las fluctuaciones demográficas".

Para Ustea, "en cualquier caso, la creación de clases públicas es siempre una buena noticia que además, supone el reconocimiento implícito de la existencia de ratios abusivas e ilegales, tantas veces negada por la administración. Del mismo modo, a pesar de su carácter temporal, estas unidades demuestran que es necesario reducir el número de alumnas y alumnos en las aulas y que además es posible hacerlo, cuando existe voluntad para ello".

Sobre los datos de ratio que aporta el Gobierno andaluz, mejores que los de hace un lustro, Ustea sostiene: "La creación de estas unidades temporales ha supuesto cierto alivio respecto a las supresiones masivas de los últimos años, aunque el cómputo total de este curso sigue siendo negativo y ni siquiera contabilizándolas se ha invertido la tendencia de pérdida de clases públicas. Del mismo modo, estas unidades creadas en los centros con mayores problemas de masificación, junto a la existencia de colegios rurales, han hecho descender mínimamente la ratio media a la que se refiere la Consejería de manera recurrente. Si se hace una media aritmética de todos los centros de Andalucía, el resultado es un dato que solo sirve para dar una falsa imagen de bajada de ratios que no se corresponde con la realidad de la mayoría de los colegios e institutos andaluces".

La tramitación y el PP

Los antecedentes más cercanos invitan a pensar que el PP va a tumbar la ILP. De hecho, ya lo intentó en verano cuando la Mesa, en una decisión inédita, que no había sucedido con ninguna de las ocho iniciativas populares anteriores, denegó la ampliación del plazo para presentar las firmas. La reacción de los promotores fue redoblar esfuerzos y sacar las mesas a la playa.

"La reacción de familias y docentes fue la organización de decenas de mesas, incluso en las playas, consiguiendo recoger miles de firmas en pocos días. Finalmente, el 11 de agosto, se entregaron en el Parlamento las 52.846 firmas recogidas en tiempo récord", aseguran las promotoras Camen Yuste y Olga Solano en un comunicado.

"Ahora se abre una nueva fase, en la que todos los grupos parlamentarios tendrán que posicionarse respecto a la inclusión o no de la bajada de ratios en la legislación educativa andaluza. El PP, con mayoría absoluta, deberá decidir si frente al descenso de la natalidad continúa imponiendo la eliminación de clases públicas o escucha el clamor de la comunidad educativa y apuesta por la bajada de las ratios escolares", agregan Yuste y Solano.

La iniciativa legislativa está regulada por ley en Andalucía y recoge cuatro causas de inadmisión por parte de la Mesa –según fuentes parlamentarias la norma podría verse a principio del próximo periodo de sesiones– que son estas: por un lado, que el texto de la proposición tenga por objeto materias de naturaleza tributaria o afecten a la planificación económica de Andalucía, singularmente operaciones de deuda, y que lleven a tocar el presupuesto; por otro que no sean competencia de la Junta de Andalucía y que afecten a asuntos que tengan que ver con la organización de las instituciones autonómicas. Por último, que el texto de la ILP tenga graves deficiencia técnicas o que verse sobre un tema cuya regulación por ley ya se está debatiendo en la Cámara.