El objetivo del Pacto de Toledo sigue siendo el de cerrar la reforma de las pensiones lo antes posible, pero, a día de hoy, parece que se aleja la opción de concluir los trabajos antes de que acabe septiembre. Fuentes de la comisión aseguran que, pese a que las recomendaciones están avanzadas, todavía existen diferencias pendientes de resolver entre los grupos, por lo que las previsiones sobre los plazos que se tenían hace apenas unos meses podrían tener que revisarse.

Aunque a principios de agosto en la comisión se contemplaba la posibilidad de cerrar las recomendaciones en septiembre, ya entonces los grupos optaron por no anticipar un calendario concreto, a la vista de que las reformas podrían demorarse más allá de lo previsto en un inicio.

Desde el principio de la legislatura, el Congreso apuntó a una conclusión más o menos temprana de los trabajos de la comisión, toda vez que tanto los grupos y la presidenta del órgano, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio, como el Gobierno, estaban de acuerdo en trabajar sobre las recomendaciones que a principios de 2019 estuvieron cerca de convertirse en las conclusiones de la comisión.

El adelanto electoral de abril de ese año terminó por frustrar los trabajos, cuando Unidas Podemos y ERC se levantaron de la comisión al entender que los acuerdos se estaban cerrando con prisas en un momento en el que, a su juicio, faltaban consensos en cuestiones importantes.

La irrupción de la pandemia del coronavirus interrumpió toda la actividad legislativa, incluyendo el Pacto de Toledo, una situación que echó por tierra las previsiones del órgano. Durante el mes de junio, los portavoces de los grupos, la Mesa de la comisión y técnicos del Ministerio de Seguridad Social se reunieron para revisar si las recomendaciones sobre las que trabajaban en marzo tenían validez en un contexto económico y social completamente transformado por la pandemia.

Tras varios encuentros, la decisión fue la de continuar los trabajos con los mismos borradores. A partir de ahí se inició un ciclo de comparecencias que concluyó con la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que acudió la pasada semana al Congreso para apremiar a los grupos a cerrar cuanto antes sus recomendaciones para que el Gobierno no tuviera que actualizar las pensiones, de nuevo, por decreto y para que en 2021 hubiera un "marco estable" en esta materia.

"Que no pase un año más", insistió, y avanzó que el Ejecutivo no legislaría una reforma de las pensiones hasta que el Pacto de Toledo hubiera cerrado un acuerdo. La urgencia del ministro es compartida por los grupos parlamentarios, pero, a pesar de que las previsiones apuntaban a un posible cierre de las recomendaciones en septiembre, la realidad de los plazos es distinta.

Un objetivo de "cierre rápido" en un calendario complicado

"Teniendo en cuenta que los posicionamientos de los intereses sociales que representamos los grupos son muy diferentes, el cierre de los trabajos se antoja muy complicado a pesar de que el PSOE quiere acelerarlo", informan fuentes de la comisión, que insisten en que existe por parte de todos "un objetivo de cierre rápido", pero que, a día de hoy, "es complicado".

Tras finalizar la fase de comparecencias, el próximo martes los grupos presentarán sus propios borradores de conclusiones para empezar a trabajar con documentos. "Tenemos un calendario a corto plazo, pero está por determinar el de cierre de los trabajos antes de llevarlos a la comisión", apuntan fuentes del Pacto. Los avances se han ido produciendo en las reuniones de la Mesa y portavoces que se celebran cada semana, pero el plenario de la comisión solo se ha reunido en las últimas semanas para albergar comparecencias.

En medio de los trabajos que se desarrollan en el Congreso, la pasada semana se produjo una diferencia de criterio en el seno del Gobierno a cuenta de las reformas necesarias respecto a la edad de jubilación. Uno de los objetivos del ministro de Seguridad Social es el de reducir la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación (que en la actualidad se sitúa en los 67 años, o 65 cuando se acredite un periodo mínimo de cotización).

Escrivá siempre ha defendido la necesidad de acercar las dos edades, ya que, a su juicio, "hay una propensión a jubilarse de forma anticipada vinculada a la incertidumbre" que existe sobre la solvencia real del sistema de pensiones. "Por cada año que la edad efectiva de jubilación aumenta resolvemos un 25% del problema que hemos visto en esa brecha entre el gasto actual de pensiones y el gasto futuro", defendió Escrivá en una de sus intervenciones en el Pacto.

Durante su última comparecencia, el ministro volvió a hablar de penalizar las jubilaciones anticipadas, lo que dio posteriormente lugar a un debate sobre incentivar el trabajo más allá de la edad legal por parte de la Administración. Esta idea fue rechaza de facto por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que alertó de que una reforma en este sentido "entorpece" la renovación de un mercado laboral como el español, "profundamente envejecido".

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó que Escrivá no planteó un retraso de la edad legal, sino un acercamiento de la misma respecto a la edad efectiva de jubilación. "Muchas veces hacemos comentarios con alguna cuestión que se saca de contexto o no se ha leído el contenido", añadió. Montero también recordó que el PSOE y Unidas Podemos siempre aspiraban a "votar lo mismo": "Sería necesario que dialoguemos para llegar a ese acuerdo y estoy convencida, en el marco del Pacto de Toledo, de que habrá capacidad de discusión y de debate para llegar a ese acuerdo".