El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves la subida salarial del 2,5% para 2025 y del 1,5% para 2026 para los 3,5 millones de empleados públicos con el apoyo del PP, la abstención de Junts y los votos en contra de VOX.

Con 309 votos a favor, 32 en contra y siete abstenciones, el Real Decreto ha sido convalidado y se tramitará como proyecto de ley, permitiendo que en el sector público estatal la subida de 2025, incluyendo los atrasos desde el pasado 1 de enero, se haga efectiva en una nómina adicional este mismo mes, lo que afectará a 540.000 empleados públicos.

El resto de las administraciones públicas tendrán que establecer el calendario de abono de los importes y atrasos relativos al ejercicio 2025. En cuanto a 2026, a la subida del 1,5% se podría sumar otro incremento retributivo y consolidable del 0,5% si la variación del IPC ese año es igual o superior al 1,5%.

En su intervención, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que los empleados públicos merecen "buenas condiciones" y ha recordado que las subidas forman parte de un acuerdo marco sellado con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF que contempla un incremento del 11% para el periodo 2025-2028.

A los incrementos de 2025 y 2026 se añadirá un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028. "Más servidores públicos, mejor remunerados (...) más Estado del Bienestar", ha subrayado López.

Los socios habituales del Gobierno -BNG, Podemos, PNV, EH Bildu o ERC- han apoyado la medidas aunque con algunas críticas, mientras que Junts, que no ha intervenido, se ha abstenido en la votación.

BNG y EH Bildu han cuestionado que en la negociación del acuerdo marco se dejara fuera a sindicatos territoriales como ELA, LAB y Ciga. Además, han apuntado a la necesidad de fijar subidas y salarios "acordes al territorio".

Pese a su voto a favor, el diputado del PP Ángel Ibañez ha cargado con dureza contra la forma de negociar y aprobar esta subida "tarde, mal y sin diálogo con las administraciones territoriales".

También ha afeado que el acuerdo, que se extiende hasta 2028, condicione "las políticas retributivas de futuros gobiernos" y ha cuestionado el interés de un Ejecutivo.