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El Congreso da el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia, con el rechazo de Vox y PP

La propuesta solicitada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu sale adelante con el apoyo del PSOE.

Imagen de archivo del Congreso de los Diputados.
Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. EFE

Este martes el Congreso da el primer paso para crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia Católica solicitada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu. Esta propuesta no ha contado con el apoyo ni del Partido Popular ni de Vox.

La iniciativa había quedado en manos del PSOE, tras la negativa de los partidos de la derecha que han votado en contra de la tramitación, y ha salido adelante por los votos de los socialistas y el grupo confederal, los otros dos grupos que integran el órgano de gobierno de la Cámara, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Una vez admitida a trámite, el próximo paso es que la Junta de Portavoces, por mayoría, ponga fecha a su debate en sesión plenaria. Sin embargo, con las elecciones autonómicas del día 13 sobre la mesa, el debate no se celebrará antes del 17 de febrero, siempre y cuando haya mayoría en la Junta de Portavoces para incluirlo en el orden del día.

Ciudadanos apoya la propuesta y el PNV prefiere que lo analice un grupo de expertos

Mientas que el Partido Popular y Vox han rechazado la creación de la comisión, Ciudadanos ha mostrado su apoyo favorable a la propuesta y PNV —que no está en la Mesa del Congreso— prefiere que sea el Gobierno el que constituya un grupo de expertos que analice los casos de abusos y que después presente sus conclusiones en el Congreso. 

La propuesta de una comisión para investigar los abusos sexuales en la Iglesia aparece tras la publicación de un informe de El País que entregó al Vaticano donde se recogían 251 nuevos casos, lo que hace un total de más de 1.237 víctimas desde los años treinta, según los datos de este medio. La Conferencia Episcopal Española rechazó abrir una investigación después de recibir el informe, al contrario que en otros países como Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos o Australia.

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