14 leyes con medidas climáticas hibernan en el Congreso mientras los incendios arrasan la península

El verano ha sido muy largo. Más de 360.000 hectáreas han terminado calcinadas. Cuatro personas han muerto a causa de los incendios. Miles de animales han perdido también la vida y muchos vecinos han visto sus hogares envueltos en llamas. Es una destrucción que ha producido un enorme hartazgo en la población, que ha fijado casi desde el minuto uno la mirada en la gestión política de los fuegos y en el problema de fondo: un mundo cada vez más caliente donde es más fácil que arda un campo en continua despoblación. 

Lo cierto es que los grandes señalados han sido presidentes autonómicos populares como Alfonso Mañueco (Castilla y León) o Alfonso Rueda (Galicia), pero conscientes del enfado de los ciudadanos, a escala nacional tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo han desgranado sendas recetas para evitar que todos los veranos sean de récord.  

Sánchez propuso un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. El PP, un plan de 50 medidas contra los incendios. La manida idea —y no por lugar común, menos cierta— de que "los incendios no se apagan en verano, sino en invierno" ha sido el pan nuestro de cada día desde hace semanas. Sin embargo, la realidad es tozuda y dice que desde que empezó la legislatura, hasta 14 leyes leyes con contenido climático —en algunos casos más central y en otros más tangencial— permanecen bloqueadas o estancadas en el Congreso: cinco promovidas por el Ejecutivo y nueve por los grupos parlamentarios. En cambio, solo se han aprobado tres leyes y seis reales decretos-leyes que incluyen alguna medida de perfil medioambiental.

Las tres leyes que han visto la luz verde provienen del Consejo de Ministros, es decir, del Gobierno. Dos de ellas son la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales y la Ley Básica de Bomberos Forestales. Ambas salieron adelante con los votos a favor del bloque de investidura y las abstenciones de PP, Vox y UPN. Las dos normas establecen un marco legal para el desarrollo de la profesión de ambos tipos de funcionario y equiparan en todo el territorio sus condiciones laborales. En el caso de los bomberos se regula, por ejemplo, su tiempo de trabajo, se les garantiza una defensa jurídica y se insta a las administraciones a mejorar sus prestaciones. 

En el Congreso se han aprobado tres leyes con contenido climático y seis reales decretos-leyes con medidas medioambientales

La otra ley que también aprobó el Congreso a instancia del Ejecutivo es la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Servicio Alimentario. Tiene como objetivo hacer más sostenible todo el proceso alimentario (desde que el productor primario cosecha una hectárea de trigo hasta que el consumidor se come la hogaza de pan) con el objetivo de reducir los residuos. Votó a favor el bloque de investidura, el PP se abstuvo y Vox se opuso.

Además, el Congreso ha convalidado hasta seis reales decretos-leyes centrados en mejoras medioambientales o que incluían alguna medida al respecto. De ellos, dos son los reales decretos del Verano Joven aprobados en 2024 y 2025, que entre otras cosas pretenden impulsar el transporte ferroviario, más respetuoso con el medioambiente que el coche o el avión. Otros dos reales decretos de los que salieron aprobados también llevaban medidas de transporte en ese sentido. Por resumir, incluyen mecanismos para ir desplazando los combustibles fósiles, sustituyéndolos por energías más limpias.

Varias de las iniciativas legislativas aprobadas tienen como objetivo descarbonizar el transporte

En marzo de 2025, de hecho, se aprobó otro real decreto específicamente para establecer el programa de incentivos Moves III de subvenciones para la compra de vehículos eléctricos. El sexto de los reales decretos aprobados es el famoso decreto antiapagones, que, entre otras cosas, incorpora medidas para promover la aerotermia y la geotermia como métodos de producción de energía sostenible en las comunidades de vecinos.

Así, las tres leyes y los seis reales decretos mencionados son las únicas iniciativas legislativas con medidas climáticas de calado aprobadas en la Cámara Baja en lo que llevamos de legislatura.

Cinco leyes del Gobierno estancadas

Por contra, hay hasta cuatro iniciativas que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y todavía no han superado la tramitación parlamentaria pertinente. Una de ellas es el Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que incide en la adecuación del modelo industrial español al contexto de crisis climática y que está inmersa en el proceso de enmiendas. Muchas veces, el periodo de enmiendas funciona como un charco de arenas movedizas en el que se hunden sin que nadie las rescate algunas iniciativas. En ocasiones cuesta horrores salir de él o directamente no se consigue. En este caso, lleva ya 23 ampliaciones, es decir, 23 veces que los diputados se han dado más tiempo para trabajar las enmiendas presentadas. 

No siempre, pero a menudo funciona como un pozo sin fondo de leyes que no cuentan con los apoyos necesarios, algo bastante habitual en una legislatura en la que PP y Vox se oponen a todo por sistema (especialmente en cuestiones de marcado perfil ideológico) y el Gobierno tiene que negociar con socios muy diversos.

Varias de las leyes que no han sido aún aprobadas se encuentran en el periodo de enmiendas; otras aún no han empezado a debatirse

Otra ley, la de información empresarial sobre sostenibilidad, tiene por objetivo obligar a las empresas a ser transparentes con la información sobre su impacto medioambiental. Entró en el Congreso en noviembre de 2024 y todavía sigue bloqueada. En su caso, acumula 27 ampliaciones del plazo de enmiendas. Una ampliación menos lleva la Ley de Movilidad Sostenible, una de las grandes apuestas del Gobierno en materia climática. 

Por último, el Ejecutivo también trata de sacar adelante en la Cámara Baja el proyecto de ley con el que se pretende restablecer la Comisión Nacional de Energía. El PSOE anunció, además, su intención de acelerar el proceso tras el apagón. Aunque no tiene un perfil climático comparable a las anteriores leyes citadas, en el apartado de la orientación política que debería seguir la institución sí se incluye "la lucha contra el cambio climático y el respeto al medioambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales". Por el momento, sigue también en el tintero. Acumula 30 ampliaciones del plazo de enmiendas.

Además, hay otra ley que emana del real decreto que promovió el plan de ayudas para los vehículos eléctricos. El Congreso acordó convalidar dicho real decreto, pero convertirlo también en proyecto de ley para que los grupos parlamentarios pudieran enmendarlo. Los efectos de las medidas que incluye el decreto se mantuvieron en vigor tras su convalidación, pero la ley lleva trabajándose en un proceso paralelo desde el pasado abril.

Nueve leyes de los grupos bloqueadas

Más allá de las leyes que está promoviendo el Gobierno, hay nueve que registraron los grupos parlamentarios y que, por el momento, siguen en el dique seco. Dos de ellas las está promoviendo el propio PSOE, pero desde el grupo parlamentario y no desde el Gobierno. Son la Ley por la que se Regula el Régimen de Comercio de los Gases de Efecto Invernadero y una iniciativa con la que se persigue que el sector de los hidrocarburos sea más transparente en cuanto a la información que ofrece en sus páginas web sobre contratos, facturas de electricidad y gas. Las dos se admitieron a trámite, una votación necesaria cuando las propuestas llegan de los grupos y no del Gobierno. La primera lleva, de todas formas, 15 ampliaciones del plazo de enmiendas y la segunda, ocho.

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Otras tres las promueve el Partido Popular, aunque partiendo desde enfoques a veces muy distintos a los que defienden las izquierdas en materia climática. El paradigma en ese sentido es su proposición de ley "para garantizar la aportación de la energía nuclear en la descarbonización del sistema energético". Descarbonización, sí; pero con nucleares. 

Hay que señalar, además, que durante esta legislatura los de Alberto Núñez Feijóo han vuelto a poner encima de la mesa con fruición el debate de la energía nuclear y sus críticas al Gobierno por el plan para ir cerrándolas de forma paulatina. Esta ley recibió el apoyo de PP, Vox y UPN, además de la abstención de Junts per Catalunya, para superar la toma en consideración. Ahora navega en el periodo de enmiendas.

Durante la presente legislatura, el PP ha reabierto el debate sobre las nucleares reprochando al Gobierno su plan para cerrarlas

Los populares promueven también una ley para apoyar el "sistema alimentario español como sector estratégico esencial de la economía". En ella, los de Feijóo defienden que "la agricultura debe constituirse en uno de los principales aliados en la lucha contra el cambio climático y la mitigación de sus efectos al absorber el carbono de la atmósfera". Aunque en su competencia mediática contra Vox critican a Sánchez por hablar de cambio climático en el contexto de los incendios, el PP asume por escrito, si bien es cierto que con referencias someras, las tesis climáticas, algo que los de Abascal no hacen ni por asomo.

Por último, los de Feijóo también llevaron al Congreso una ley para preservar "conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional", teniendo en cuenta "la regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años, agravada por los efectos del cambio climático". Esta es una iniciativa que fue tomada en consideración con el voto favorable de PP, Vox, ERC, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria. Se encuentra también en periodo de enmiendas.

ERC, por su parte, ha impulsado dos leyes con contenido climático. Las dos están, por el momento, estancadas. Una de ellas persigue la titularidad pública de las redes de distribución eléctrica y la potenciación del autoconsumo; otra, que firmaron junto a Sumar y Podemos, promueve la prohibición de la cría en cautividad de pulpos, entre otras cosas, para "proteger los ecosistemas" en un momento de "emergencia ambiental". Ninguna de las dos propuestas ha pasado todavía por la admisión a trámite en el Congreso.

Por último, también Podemos ha llevado dos leyes con medidas climáticas a la Cámara Baja y también permanecen las dos con el freno de mano echado a las puertas de la misma. Con una quiere darle personalidad jurídica a Doñana y a su entorno con el objetivo de poder protegerlo de agresiones medioambientales. Se trata de una ley que Unidas Podemos ya trató de materializar durante la pasada legislatura. Con otra iniciativa, los morados quieren eliminar el uso privativo de las aguas para la producción eléctrica.