El Congreso decide sobre la prohibición de las llamadas 'spam' y el coto a la publicidad en el juego

La Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, más conocida como Ley SAC, dará este miércoles el último paso antes de someterse a la votación sobre su aprobación definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados. Este martes, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo votará su dictamen y, por lo tanto, decidirá si las enmiendas que aún están vivas se incorporán a la ley. Hay dos, la que prohibirá las llamadas spam y la que acotará las promociones y la publicidad del juego, que interesan especialmente a la parte de Sumar del Gobierno. Sin embargo, lo que hará el PSOE es una incógnita.

Fuentes del Grupo Socialista en el Congreso no aclaran a Público si van a decantarse por apoyar u oponerse a ambas enmiendas, a pesar de la presión que ha ejercido en varias intervenciones públicas el ministro de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la semana pasada, el ministro subrayó la importancia de "acabar con el martirio y el suplicio de las llamadas spam" e insistió en que no entendería que ninguna fuerza política votara en contra de una medida que supone terminar con la "interrupción del derecho al tiempo libre". Se trata de una enmienda que ha promovido su ministerio a través del grupo de Sumar.

En conversación con este medio, fuentes del ministerio repiten que "nadie va a entender" que un grupo parlamentario "se oponga al alivio para todos y todas" que supondría el cese de las llamadas spam, habida cuenta del "respaldo más que transversal" que tiene las calles. Lo cierto es que este posicionamiento tan claro en público y en privado de Bustinduy pone al PSOE en un compromiso con su socio del Gobierno de coalición.

Hay que tener en cuenta que esta iniciativa de Sumar viene a solventar una carencia que, según organizaciones como Facua, tiene una orden ministerial que aprobó el ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, en manos del socialista Óscar López, para combatir las estafas telefónicas. En Facua insisten en que dicha iniciativa no terminó con las llamadas spam, por lo que es necesaria más regulación. Eso es, precisamente, lo que busca el Ministerio de Consumo con la enmienda antispam en la ley de atención a la clientela. 

De todas formas, puede darse incluso alguna carambola que permita la incorporación de la enmienda en la ley sin el apoyo del PSOE. Nadie descarta ningún escenario, aunque por el momento tampoco el PNV ni Junts per Catalunya han confirmado su intención de apoyar ese añadido a la ley. Un voto en contra de los socialistas, eso sí, evidenciaría un encontronazo en el seno del Gobierno de coalición.

En una situación parecida se encuentra una enmienda para que vuelvan a entrar en vigor las restricciones a la promoción y la publicidad del sector del juego y las apuestas online que anuló el Tribunal Constitucional en el año 2024. En el Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 también le dan suma importancia, pero tampoco en este caso encuentran un apoyo claro en el PSOE. Público ha preguntado al Grupo Socialista qué hará con dicha enmienda, pero prefiere no desvelar su posición hasta este miércoles. 

Si la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, que tendrá lugar este miércoles a las 14 horas, termina por emitir un dictamen en el que queden fuera las dos enmiendas, los partidos que se opongan lanzarán el mensaje claro de que la ley podrá salir adelante, pero sin la amplitud que pretende el ministerio que dirige Pablo Bustinduy. En cualquier caso, las dos modificaciones tendrán una última oportunidad agónica cuando se vote la aprobación definitiva de la ley en el Pleno. Ahí también se pueden incluir las enmiendas in extremis.

Oportunidad para tomar la medida a Junts

Más allá de las dos cuestiones mencionadas, la ley, que reduce los tiempos de espera en los teléfonos de atención al cliente, prohíbe que las empresas cuelen anuncios comerciales en llamadas que no tienen ese objeto o que sean robots los que atienden a los consumidores, debería poder salir aprobada en las próximas semanas sin demasiados problemas.

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Junts ha roto en las últimas horas con el Gobierno —sus bases aún tienen que refrendar la decisión de la ejecutiva posconvergente, pero nadie contempla la posibilidad de que se pronuncien en contra— y ha asegurado que no negociará más leyes con el Gobierno, a no ser que sean indudablemente buenas para Catalunya. En el caso de la Ley SAC, Junts logró introducir enmiendas para que las empresas de más de 250 trabajadores deban atender a la clientela en las lenguas cooficiales además de en castellano.

Los posconvergentes vendieron como una victoria aquella medida, pero para que tenga efecto necesitan que la ley salga aprobada, por lo que, en principio, parece claro que los de Carles Puigdemont votarán a favor precisamente si se atiende a su intención de seguir apoyando aquellas leyes que favorezcan a Catalunya. Si este miércoles la comisión acuerda emitir el dictamen, la ley irá a Pleno en las próximas semanas, por lo que puede tratarse de la primera fotografía de Junts aprobando una ley del Gobierno después de la ruptura de relaciones.