Las derechas tumban en el Congreso una ley de ERC para crear un impuesto para los multipropietarios

Las derechas del Congreso de los Diputados han cerrado el paso, este martes, a una ley de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con varias "medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria". Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han votado en contra de la iniciativa, que incluía la creación de un nuevo impuesto aplicable a la acumulación de bienes inmuebles a partir de la tercera residencia; un tributo que hubiera afectado, en definitiva, a los multipropietarios. Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuyos votos eran necesarios para que la propuesta fuera admitida a trámite, han terminado por abstenerse y, por tanto, han cerrado la puerta de la Cámara Baja a la ley incluso antes de entrar. También Coalición Canaria ha optado por esa opción.

La propuesta de los republicanos buscaba enmendar lo que consideran una "respuesta institucional insuficiente" al tensionamiento del mercado de la vivienda y proponía algunas medidas que afectaban a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) y otras que cargaban con impuestos a la especulacion inmobiliaria, como el tributo descrito anteriormente. En cualquier caso, la iniciativa ha caído en saco roto y no se tramitará.

En cuanto a las socimi, el partido que lidera en Madrid Gabriel Rufián incluía en la ley "la eliminación de los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente". ERC explicaba en la exposición de motivos que, de acuerdo con "el Observatori DESC y el Sindicat de Llogateres", las socimi "operan bajo un régimen prácticamente exento de impuestos y actúan como catalizadores de la financiarización de la vivienda". Es un "privilegio", concluían los republicanos, que "no solo es injusto, sino que contribuye a la expulsión vecinal y al encarecimiento de los alquileres".

En concreto, Esquerra proponía una serie de modificaciones en la ley que regula a las socimis, que se publicó en el BOE en 2009. Por una parte, elevaba los años que los inmuebles que integren el activo de la sociedad deberían permanecer arrendados. Ahora mismo ese límite se sitúa en los tres años y ERC lo aumentaba a siete. Además, añadia un nuevo punto al artículo 3 del texto legislativo que establecía condiciones para las inversiones de las socimis en arrendemientos: que el precio del alquiler no excediera el marcado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que no se destinaran a alquileres turísticos o de temporada y que los contratos fueran siempre para residencia habitual con un mínimo de siete años de duración.

Pero nada de todo ello, como tampoco otra medida —dentro de la misma ley— que aumentaba el tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para aquellas viviendas que no se usen para residencia habitual, ha pasado siquiera el primer corte del Congreso. En su intervención desde la tribuna, Rufián ha tratado de persuadir a los parlamentarios para que, al menos, permitieran a la ley iniciar su tramitación.

"Por encima del derecho de alguien a tener diez viviendas está el derecho de una familia a tener una", ha insistido el republicano. Ha sido en vano. La alineación de las derechas ha dado al traste con una iniciativa en la que los de ERC ponían esperanzas. Está por ver qué ocurre con la ley para regular el alquiler temporal, que ha empezado también este martes su fase de ponencia y cuyo futuro no se ve tan negro.