De la ley de alquiler temporal a un impuesto para los multipropietarios: el interrogante de Junts marca un 'supermartes' de vivienda en el Congreso
La ley para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada se empieza a negociar en el Congreso con casi 50 enmiendas de los grupos parlamentarios y la pelota en el tejado de los de Puigdemont.
El Congreso debatirá y votará también la admisión a trámite de una ley de ERC para combatir la especulación inmobiliaria, que incluye un nuevo tributo para los propietarios con tres viviendas o más.

Madrid--Actualizado a
Supermartes de vivienda en el Congreso de los Diputados. Es una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos según todas las encuestas y una materia pendiente en la actual legislatura. Los aliados de izquierdas del Gobierno le presionan dentro y fuera de la Cámara Baja para que se atreva a legislar en el ámbito de vivienda y este martes es la mejor prueba de ello.
Por una parte, empieza la fase de negociación sobre la ley del alquiler temporal (firmada por todos los grupos de izquierdas), que entró en el Congreso hace casi un año, en diciembre de 2024. Por otro lado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tratará de que una mayoría parlamentaria admita a trámite una ley para crear un impuesto para los multipropietarios y para cerrar el grifo a las socimis con una serie de limitaciones. Ambas están en manos de Junts per Catalunya. Sin los votos de los de Carles Puigdemont, ninguna de las dos podrá salir aprobada.
En la ley del alquiler de temporada el único peligro parece ser ese. El PSOE se ha mostrado abierto a que la ley pueda terminar aprobándose en el Congreso e incluso el PNV, otro partido que en un primer momento podría haber suscitado dudas, confirma a Público su buena disposición con esta medida. "Todo lo que sea mejorar las condiciones de acceso a la vivienda es positivo" dicen los jeltzales, que afirman también que tratarán de mejorar el texto con las enmiendas.
Son casi 50 las propuestas de modificación que han presentado los distintas fuerzas políticas. Los grupos parlamentarios que han promovido la norma tienen la misión de gestar un consenso que, por una parte, permita a la ley salir adelante y, por otra, no desvirtúe su contenido. Es un difícil equilibrio sobre todo con Junts per Catalunya en la euación.
La base de la ley incluye limitar a nueve meses la duración máxima de los alquileres temporales, de manera que todo aquel arrendamiento que exceda ese tiempo pasará a regirse por las normas de una vivienda de alquiler habitual y los propietarios tendrán las obligaciones y deberes correspondientes. Y no solo eso. También en el caso de que un alquiler se renueve, aunque no alcance los nueve meses, pasará a considerarse vivienda habitual. Dicho de otra manera, cuando se encadenen dos contratos.
Así, se incorporaría a la legislación española un elemento para evitar los abusos hacia los inquilinos una vez se ha detectado que muchos propietarios de inmuebles están haciendo un uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal.
Nuevo impuesto a partir de la tercera vivienda
La ley para regular el alquiler temporal tuvo una entrada dificultosa en el Congreso. Primero, Junts la tumbó en una de las decisiones más repentinas e inesperadas de la legislatura, pero después, en un segundo intento meses más tarde, la dejó pasar. En ese mismo punto, en el umbral de entrada al Parlamento, se encuentra ahora la Proposición de Ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria.
La cuestión es algo más compleja por lo ambicioso de la iniciativa. Los republicanos esperan no tener problemas con el PSOE al menos en la admisión a trámite de la ley, aunque es cierto que los socialistas no han desvelado por el momento el sentido de su voto. "¿Por qué deberían oponerse si son medidas para acabar con la especulación?", deslizan en conversación con este medio. Tampoco las intenciones del PNV están tan claras como con la ley del alquiler tamporal. En cualquier caso, por mucho que ambas formaciones terminen dando su sí, la última palabra la volverá a tener Junts.
La propuesta de los republicanos, cuya admisión a trámite se votará a última hora de este martes en el Congreso, busca enmendar lo que consideran una "respuesta institucional insuficiente" al tensionamiento del mercado de la vivienda y propone medidas que afectan a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi) y otras que cargan con impuestos a la especulacion inmobiliaria.
En cuanto a las socimi, el partido que lidera en Madrid Gabriel Rufián incluye en su propuesta "la eliminación de los beneficios fiscales de los que disfrutan actualmente". ERC explica que, de acuerdo con "el Observatori DESC y el Sindicat de Llogateres", las socimi "operan bajo un régimen prácticamente exento de impuestos y actúan como catalizadores de la financiarización de la vivienda". Es un "privilegio", concluyen los republicanos en la exposición de motivos de la proposición de ley, que "no solo es injusto, sino que contribuye a la expulsión vecinal y al encarecimiento de los alquileres".
En concreto, Esquerra propone una serie de modificaciones en la ley que regula a las socimis, que se publicó en el BOE en 2009. Por una parte, eleva los años que los inmuebles que integren el activo de la sociedad deberían permanecer arrendados. Ahora mismo ese límite se sitúa en los tres años y ERC lo aumenta a siete. Además, añade un nuevo punto al artículo 3 del texto legislativo que establece condiciones para las inversiones de las socimis en arrendemientos: que el precio del alquiler no exceda el marcado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que no se destinen a alquileres turísticos o de temporada y que los contratos sean siempre para residencia habitual con un mínimo de siete años de duración.
Además, ERC también propone la creación de un nuevo impuesto aplicable a la acumulación de bienes inmuebles a partir de la tercera residencia, es decir, que estarían exentos los propietarios dos residencias. Por otra parte, apuestan por aumentar el tipo mínimo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para aquellas viviendas que no se usen para residencia habitual.

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