Junts echa el primer jarro de agua fría a la reducción de la jornada pero mantiene viva la negociación

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que abandera Yolanda Díaz se ha dado de bruces con la realidad parlamentaria. Desde que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos cerraron el acuerdo se sabía que los votos de Junts iban a ser cruciales para garantizar la aprobación de la norma en el Congreso, y este jueves los de Carles Puigdemont han puesto mucha distancia entre el texto y su posición.

El anteproyecto de ley (que se encuentra en proceso de tramitación en el seno del Gobierno) no tiene a día de hoy el aval de Junts, que, además, comparte el argumento de la patronal sobre que el tiempo de trabajo y la jornada se tienen que pactar en el ámbito de la negociación colectiva, y que no deben emanar de una ley.

Sin embargo, y esto es importante, la formación independentista se mantiene abierta a continuar la negociación que, a día de hoy, comparten con los de Díaz. El primer jarro de agua fría para la medida estrella del Ministerio de Trabajo se escenificó este jueves en el Congreso, durante una comparecencia de la vicepresidenta segunda en la Comisión del Congreso que aborda los asuntos relacionados con el mundo laboral.

Durante su intervención inicial, Díaz realizó una defensa de la ley y avisó a los grupos parlamentarios de que, una vez se aprobara definitivamente en el Ejecutivo, sería su turno. La vicepresidenta se abrió a negociar con todos los partidos y recordó que esta es una medida compartida por una amplia mayoría de la ciudadanía, "sin importar la ideología ni el partido al que vote cada uno".

Cuando llegó el turno de Junts, su portavoz en la Comisión de Trabajo, Josep María Cervera, manifestó el rechazo de su grupo al texto a través de tres argumentos: el primero, que, a día de hoy, no contaba con el aval de la organización nacionalista; el segundo, que la ley no era el foro para decidir sobre la jornada y que tendría un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas; y el tercero, que la norma no era una "prioridad" o una demanda ciudadana, sino "una necesidad" de la propia Yolanda Díaz.

Junts: "No avalamos el texto"

"La reducción de la jornada no la han pedido las empresas, es un tema que no ocupa el primer lugar en las reivindicaciones de los trabajadores del Estado, y nosotros tampoco avalamos ahora mismo este proyecto de ley. Es una necesidad suya porque está en un acuerdo de Gobierno entre Sumar y el PSOE", ha defendido Cervera.

A su juicio, "en el marco de los convenios colectivos es donde entendemos que hay que establecer los mecanismos para ajustar el tiempo y trabajar mejor", una posición (la de no regular por ley la jornada y que sean los empresarios y los representantes de los trabajadores los que se pongan de acuerdo para hacerlo) que defendió la CEOE durante la negociación de la mesa de diálogo social, de la que finalmente se levantaron los empresarios sin estampar su firma en el acuerdo.

"Donde va a generar mas problemas", prosiguió el diputado de Junts, "va a ser en la micro, en la pequeña y en la mediana empresa, justo el tejido económico que tenemos en Catalunya. Ayer nos reunimos con representantes de gremios catalanes y todos ellos están preocupados por su reforma porque ven que su impacto van a torpedear la viabilidad de su futuro", aseguró, citando la posición que ha trasladado recientemente PIMEC, la organización catalana de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, pese a la contundencia de sus argumentos contra la norma, Cervera concluyó su intervención dejando la puerta abierta a negociar con Trabajo: "Me gustaría que me explicara por qué esta reducción va a aumentar la productividad. ¿Cómo vamos a ser más competitivos con la reducción de la jornada? Explíquelo y entonces nos podremos sentar a negociar su anteproyecto, que no avanzará por el camino que lleva actualmente".

En todo momento el portavoz de Junts en la Comisión de Trabajo del Congreso se refirió al texto pactado entre el departamento dirigido por Díaz y las principales centrales sindicales (CCOO y UGT). Tanto los de Díaz como los sindicatos han asumido que el texto sufrirá modificaciones durante la tramitación parlamentaria y se han mostrado dispuestos a ello, siempre y cuando no se modifiquen sustancialmente los elementos nucleares de la norma.

Díaz: "Yo no hago la reducción de la jornada por necesidad política"

A estos elementos, precisamente, Cervera dio el beneplácito de Junts en su turno de réplica: "Si se avanza en reducción de la jornada, en registro de la jornada y en materia de desconexión esto avanzará, pero no como está actualmente", dijo.

En su respuesta, Díaz evitó entrar en confrontación con el diputado independentista, y aseguró que prefería ser "discreta con las negociaciones", pero defendió que la norma no respondía a su interés personal o político: "Yo no hago la reducción de la jornada por necesidad política, ni he subido el SMI ni he hecho la reforma laboral por necesidad política. Lo hago por convicción de lo que creo que es bueno y por cumplimiento de los acuerdos democráticos".

Sobre la "preocupación" de las pymes, Díaz aseguró estar al tanto y recordó que Trabajo puso encima de la mesa ayudas públicas para las pequeñas y microempresas que necesitaran un impulso para transitar hacia la jornada de 37,5 horas semanas durante la negociación con sindicatos y patronal.

"Si Euskadi y Navarra en los convenios de hostelería tienen ya esta jornada, ¿cree que Catalunya no lo puede tener? Su país es muy avanzado, son la puerta de Europa y hay empresas en Catalunya que ya están ahí (en las 37,5 horas semanales). Las empresas que no están ahí van a tener que hacer un esfuerzo mayor, pues ese es el debate que tenemos que tener, ver cómo hacemos el esfuerzo", defendió la vicepresidenta segunda.

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En privado, en Trabajo también prefieren ser "discretos" con la marcha de las negociaciones con Junts sobre esta cuestión, pero trasladan que "la cosa avanza". El siguiente paso es que la reducción de la jornada vaya en segunda vuelta al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva en el Gobierno; durante ese tiempo, Díaz y Puigdemont seguirán negociando.