Junts, solución y destrucción para Sánchez también en 2025

Una vez el Gobierno constató que no podría sacar adelante una reforma de la ley de extranjería para aliviar la saturación en la acogida de niños y niñas migrantes en Canarias y Ceuta de la mano del Partido Popular (PP) ―esa fue desde el principio la primera opción―, empezó a ensayar la forma de hacerlo mediante un acuerdo con Junts. Y también desde ese preciso momento, fuentes de los posconvergentes zanjaban rápido el asunto: la forma de llegar a un entendimiento con ellos pasaba por la cesión de las competencias en inmigración.

El acuerdo no llegó ni por asomo. El 24 de julio, los socialistas llevaron al Congreso la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para cambiar de forma estructural las normas del reparto de menores migrantes llegados a las costas españolas. La principal modificación consistía en obligar a una redistribución de niños y niñas cuando una comunidad autónoma alcanzara el 150% de ocupación, es decir, cuando la sobresaturación hiciera imposible un trato correcto a los menores. 

El Gobierno negoció hasta el último minuto con el PP, por un lado, y con Junts, por el otro. El resultado fue un fracaso rotundo para el Gobierno que no se ha conseguido solventar todavía. 

Junts y el Gobierno mantienen conversaciones sobre la redistribución de menores migrantes

Lo cierto es que, desde el primer día de la legislatura, el grupo que lidera Míriam Nogueras se ha dibujado como el mayor factor de desestabilización para el Gobierno. Sin embargo, a principios de diciembre los posconvergentes dieron un paso más al registrar en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para que la Cámara debatiera si Sánchez debe someterse a una cuestión de confianza. Es una escalada que cogió por sorpresa al Ejecutivo.

En un principio, todo parecía indicar que la Mesa rechazaría la PNL por tratarse la cuestión de confianza de una figura reconocida en la Constitución y con un procedimiento estipulado. Es únicamente potestad del presidente del Gobierno someterse a ella. Así, el hecho de que Junts aliente a un debate en el Congreso para decidir si Sánchez debe presentarla podría entenderse como una cuestión de confianza encubierta.

Pero los letrados del Congreso fueron en dirección contraria y dejaron, en un informe, la puerta abierta a que la Mesa pudiera calificar la propuesta al no advertir motivos de peso para desaconsejar su admisión a trámite. Así terminó 2024, con la pelota en el tejado de la mayoría progresista de la Mesa.

Antes de las fiestas navideñas se apuntaba a que esta primera semana de enero podía ser en la que se decidiera si continuaba adelante o no la propuesta, pero no hay ninguna sesión de la Mesa convocada. Fuentes cercanas a la presidenta Francina Armengol sugieren que es muy posible que la próxima semana, la del 13 al 17 de enero, sí se calendarice una.

Eso no quiere decir que de forma obligatoria se vaya a tratar el tema, pero desde Junts no entenderían que se demorara más. Sea cuando sea, si la respuesta de la Mesa es afirmativa, el Gobierno tendrá un problema extra en este primer compás del año. No tanto por el calado final de la cuestión ―una eventual mayoría parlamentaria para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza no es en ningún caso vinculante―, pero sí por la demostración de debilidad del Ejecutivo que comportaría un hemiciclo demostrándole su desconfianza.

Así las cosas, Junts per Catalunya ha empezado 2025 consolidando un papel muy preponderante en el Congreso. Con la PNL sobre la cuestión de confianza ha apuntalado la imagen de un partido que estaría dispuesto a tumbar el Gobierno, una perspectiva alimentada por los entendimientos puntuales con el PP. Pero, sin embargo, también es la formación ―con el permiso del resto del bloque de investidura― que tiene la llave para que el Ejecutivo saque adelante una gran cantidad de medidas. Para muestra, la redistribución de menores migrantes.

El Gobierno y Junts negocian la redistribución de migrantes en un momento en el que sigue viva la PNL sobre una cuestión de confianza a Sánchez

Es una monopolización del condicionamiento al Gobierno desde las filas de Junts ―por su capacidad tanto para torpedearlo, como para darle éxitos― que enerva a otros aliados como Esquerra Republicana, tal y como han deslizado en varias ocasiones. 

Sin acuerdo en la redistribución de menores migrantes

Que los de Puigdemont son una pieza fundamental en las negociaciones para la redistribución de los niños y niñas migrantes es tan claro como que las dos partes más interesadas en que salga adelante ―Coalición Canaria y PSOE― los han introducido en la ecuación. Por una parte, desde el Gobierno reconocen que llevan en conversaciones con Junts desde hace semanas para tratar la cuestión. Por otra, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha dado por bueno en una entrevista en la Cadena Ser que el acuerdo para desatascar el asunto pase por entenderse con los posconvergentes.

El de Coalición Canaria, de hecho, ha subrayado que en sus conversaciones con Junts, los de Nogueras jamás se han mostrado en contra de facilitar la redistribución. La piedra angular de la cuestión, desde el primer día, es la cesión de las competencias en inmigración y, sobre todo, cuánto abarca esa cesión, tal y como han remarcado tanto en público como en privado voces autorizadas de Junts. En eso están las negociaciones con el Gobierno. 

Por otro lado, el Ejecutivo y, en particular, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien lidera el diálogo con Coalición Canaria y Junts, quiere que la fórmula que se escoja para redistribuir a los menores migrantes sea la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería (la que decayó en el primer intento), mientras que Clavijo prefiere que se apruebe un Real Decreto-Ley con una acción de choque para llevar a cabo una distribución que alivie de forma rápida la presión en el archipiélago. 

El presidente canario acusa a Torres de no poner de su parte para alcanzar un acuerdo. El ministro niega la mayor. Este mismo jueves ambos han mantenido un encuentro, del que el presidente canario ha comentado que le hubiese gustado que "hubiera sido más provechoso". De todas formas, ambas partes han pactado un texto que podría aprobarse en las próximas semanas para dar respuesta al estrés migratorio que sufren Canarias y Ceuta. Ello no implica, en cualquier caso, que se deje de negociar para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Para ambas cosas será necesario el apoyo de Junts per Catalunya.