Lo que empezó como una petición de ERC y Junts per Catalunya se ha convertido en un objetivo común con el PSOE. Republicanos y posconvergentes, que recibieron también el apoyo de EH Bildu, ya solicitaron tras la sesión de la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en la que compareció María Dolores de Cospedal que se elevaran a la Fiscalía las presuntas mentiras que pudo pronunciar la exministra. Pasadas varias semanas desde entonces, Público ha confirmado que también entra en los planes del PSOE hacer fuerza para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las conclusiones de la comisión a través de "un texto jurídico bien trabajado".

Las fuerzas políticas mencionadas quieren que la Fiscalía entre en juego porque consideran que Cospedal podría haber cometido un delito de falso testimonio en su comparecencia del 24 de marzo en la Cámara Baja, en la que, entre otras cosas, sugirió que los audios que probarían sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo en el marco de la denominada Operación Cataluña, podían haber sido editados o manipulados.

El artículo 502 del Código Penal es claro. "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". Por lo tanto, en el caso de que exista la sospecha de que algún compareciente, como en este caso ocurre con Cospedal, pueda haber mentido en comisión, ese propio órgano tiene potestad para activar un mecanismo que se especifica en la ley que regula las comisiones. "Incluso la obligación de hacerlo, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal", explica un letrado del Congreso a este medio.

El artículo tercero de la norma que regula las comisiones de investigación concreta que "si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona", la comisión lo debe notificar así a la Mesa de la Cámara para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía. En cualquier caso, para ello siempre es necesario que la mayoría de la comisión —en este caso, todos los partidos del bloque de investidura— voten a favor, partiendo de la base de que ni Partido Popular ni Vox lo harán.

Es, con todo, una herramienta que tienen las comisiones de investigación tanto del Congreso como del Senado para luchar contra el estigma de que su labor es inútil, algo que se repite constantemente en los medios de comunicación. 

La comparecencia del 24 de marzo

El PSOE y los partidos a su izquierda dejaron claro en la comparecencia de Cospedal del 24 de marzo que las respuestas de la exministra ante las preguntas de los diputados con respecto a una serie de audios que publicó la emisora catalana de radio RAC1 no coincidían con lo que se desprendía de dichas grabaciones, que claramente la incriminarían en la Operación Cataluña, como se ha deniminado a la estrategia que habrían llevado a cabo las cloacas del PP para destruir el movimiento independentista catalán y cuyo máximo artífice, según lo que se ha conocido a través de publicaciones periodísticas, sería el exministro del Interior de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.

En los audios de RAC1, se escucha una conversación entre Cospedal y el excomisario José Manuel Villarejo en la que, entre otras cosas, se refieren a algún tipo de plan que habrían tejido el propio Villarejo, Alicia Sánchez-Camacho, exlíder del PP en Catalunya, y Cospedal para torpedear la figura de Artur Mas.

En un momento dado, el excomisario llega a decir que, "con toda la información" que le habría brindado Cospedal y con toda la que le habría dado Sánchez-Camacho, "hicimos lo que teníamos que hacer". Incluso llega a aseverar que cambiaron "la historia de Catalunya". La exministra confirma que esa operación quedó en secreto porque no lo han explicado "ninguno de los tres que lo podían explicar", algo que evidenciaría una suerte de conspiración para torpedear el procés.

Lo que dijo Cospedal ante esas evidencias —su voz se escucha con claridad en las grabaciones— es que, al no saberse quién ha custodiado los audios, podrían haber sido "manipulados", a pesar de que su publicación la lleva a cabo un medio como RAC1, de reconocido prestigio. En resumen, Cospedal vino a negar la evidencia afirmando que no tiene por qué darles "credibilidad". 

Cospedal —y también, en su propia comparecencia, Jorge Fernández Díaz— se limitaron a asegurar que no existió ningún tipo de Operación Cataluña, algo que los diputados de las izquierdas del Congreso no están dispuestos a dejar pasar, habida cuenta de la cantidad de grabaciones e investigaciones publicados que contradicen esa máxima.

Elevar el asunto al Ministerio Fiscal constituiría una oportunidad para judicializar la Operación Cataluña, toda vez que el único caso que se investigó —terminando en condena— fue la revelación por parte del exdirector adjunto de la Policía con el Gobierno de Rajoy, Eugenio Pino, de secretos de los Pujol en un pen drive. Por otra parte, también está en marcha, aunque bloqueada por falta de colaboración por la parte española, la trama andorrana del procés.

Según ha podido confirmar Público a través de fuentes parlamentarias, la comisión de Operación Cataluña del Congreso, que se fundió con la del espionaje con Pegasus a líderes del procés, continuará sus trabajos a partir del próximo período de sesiones, que empezará en septiembre. Las mismas fuentes concretan que esperarán a que comparezcan más figuras del PP para ver si mantienen la misma actitud de negación que Cospedal, Rajoy o Fernández Díaz, o si incurren en presuntas mentiras como Cospedal, para incluirlos también en ese texto jurídico que, por el momento, se mantiene en ciernes.