Seis expertos valoran el plan del Gobierno: "en la buena dirección" pero con lagunas como los testaferros, dedazos o aforados

El Gobierno ha preparado a conciencia un plan anticorrupción que le asegure un balón de oxígeno en la legislatura. Pero, ¿hasta qué punto es completo? ¿Y útil? ¿Qué dicen los expertos? ¿Son suficientes las medidas que el Ejecutivo ha incluido en el plan? La mayoría de las voces que ha consultado Público creen que el paquete "va en la buena dirección", aunque también hay quien lo ve con "un cierto escepticismo". Todos los expertos con los que ha hablado este medio, eso sí, observan margen de mejora en el plan que presentó Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso.

El presidente del Gobierno desgranó desde la tribuna de la Cámara Baja un listado de 15 medidas esperadísimo por el resto de grupos parlamentarios desde que se conoció el informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con una trama de corrupción que también afecta a José Luis Ábalos, ambos ex secretarios de organización del Partido Socialista. 

Entre las medidas que anunció Sánchez, se encuentran la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, la exigencia de planes de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con las Administraciones, el refuerzo de los controles sobre los partidos políticos, la protección a los denunciantes, la duplicación de los plazos de prescripción de los delitos contra la Administración, el endurecimiento de las sanciones por infracciones contables en los partidos o la introducción de la figura del "decomiso administrativo o preventivo" para incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena penal previa.

Los aciertos: "Un plan en la buena dirección"

Joan Navarro, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid y cofundador de Más Democracia, considera que las medidas "están bien planteadas" y que "tocan todos los temas importantes", aunque "faltan detalles". Además, destaca que el hecho de que todos los puntos se hayan redactado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) "es una gran garantía". Punto positivo, por lo tanto, en las compañías elegidas por Pedro Sánchez para articular un plan de cuya contundencia dependía, tal y como han ido trasladando en los últimos días sus aliados parlamentarios, la continuidad de la legislatura.

También Edmundo Rodríguez Achútegui, de Juezas y Jueces para la Democracia, cree que las medidas "pueden ser útiles para la lucha contra la corrupción" y valora especialmente el aumento de la exigencia en las adjudicaciones, la apuesta por las garantías de confidencialidad para los denunciantes o la introducción de controles mediante inteligencia artificial para prevenir la corrupción, "como ya hace Hacienda".

Por su parte, Inma Ranera, responsable de Ética Política de Más Democracia, ve también acertado en rasgos generales el paquete de medidas y destaca que es un punto favorable que se trate "de un plan más o menos acotado", toda vez que los paquetes "demasiado ambiciosos" son más difíciles de cumplir. Le gusta especialmente que se incida en la transparencia de los grupos de interés —el Gobierno está promoviendo una ley en ese sentido— o la introducción de la figura del decomiso administrativo.

También pone el acento en la importancia de exigir transparencia a los lobbies Irene Matías, directora general de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), aunque desliza que las entidades como la suya están "cansadas de planes". "Nuestra frustración es que ya estamos hartos de que se publiquen y presenten tantos planes, diagnósticos y planes de ruta", insiste. "El tiempo de los anuncios ya debería haber acabado", asevera: "Tiene que llegar el de la aplicación de medidas".

Siete medidas que no están (y deberían estar)

Pero las fuentes expertas consultadas también encuentran ausencias. Cuestiones importantes que han quedado fuera del plan. El doctor en Derecho y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes señala que habría sido muy interesante incluir en el paquete anticorrupción el delito de operar como testaferro y el de enriquecimiento ilícito. Además, el propio Blanes se declara sorprendido por el hecho de que el plan solo contemple medidas estatales y no proponga extenderlas a otras Administraciones.

Y no solo eso. Tanto él como el catedrático en Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid Ignacio Sánchez-Cuenca afean que no se incida más en "la profesionalización" de los directivos de instituciones o agencias como la propia Agencia de Integridad Pública que ha anunciado Sánchez. "Los partidos tienen demasiado peso en la Administración", explica el politólogo. "Los gobiernos nombran como cargos de confianza a directores de organizaciones o agencias", argumenta, "y eso hace que los partidos se metan a fondo en esos espacios, donde se suelen mover muchos favores". Ejemplos de esa práctica son Paradores de Turismo, Correos o la Biblioteca Nacional. 

¿La solución? Que no se acceda a esos puestos por colocaciones a dedo, sino por méritos profesionales. Las fuentes consultadas sugieren que, en realidad, los partidos políticos no quieren perder ese instrumento de presión.

Sánchez-Cuenca incide también en la relevancia de "reforzar el papel de los funcionarios con respecto a los políticos". En otras palabras, articular una estrategia clara para impedir que un alto funcionario "dependa de las buenas relaciones con la política para su promoción profesional". 

El Gobierno tampoco ha incorporado entre las medidas anticorrupción nada que tenga que ver con los aforamientos. Miguel Ángel Blanes recuerda que "el Consejo de Europa ha venido a decir que en España existen muchos aforados". Para este experto en Transparencia, "una de las formas de luchar contra la corrupción es reducirlos".

Por otra parte, desde Juezas y Jueces por la Democracia abren una carpeta más: la de los asesores. Ven en esa figura visos de irregularidad. "Es algo que debería regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido", apuntan en la asociación de magistrados.

Y hay algo más, aunque en un apartado que tiene menos que ver con el contenido y más con el continente. Inma Ranera cree que, aunque el Gobierno presente un plan de medidas de calado como el expuesto este miércoles, sería interesante que se tratara de un paquete que se vertebrara a través de un pacto de Estado contra la corrupción, una fórmula que considera más útil —elimina el "y tú más" entre los dos grandes partidos— y que tendría a priori un mayor efecto en una ciudadanía harta de los casos de corrupción aquí y allá. En todo caso, Ranera es consciente de que no se dan las circunstancias para ello. 

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Medidas que sí están (pero podrían estar mejor)

Una de las principales críticas transversales entre todos los expertos con los que ha hablado Público es la falta de plazos de aplicación de las medidas y la "poca concreción presupuestaria", en palabras de Ranera. Ella y también Joan Navarro, ambos de Más Democracia, también afean que no se detallen en el plan las sanciones a los partidos políticos y las empresas que no cumplan con las normas de transparencia o incurran en alguna otra ilegalidad. Navarro propone diez años de sanción en ambos casos.

Además de esa falta de concreción en medidas que Navarro entiende que son positivas —al fin y al cabo, plantean un refuerzo de la transparencia—, también opina que la Agencia de Integridad Pública que propone el Ejecutivo en su plan debería de someterse al control del Parlamento. 

Tampoco ha gustado al cofundador de Más Democracia que el Gobierno se dé 12 meses de tiempo antes de revisar por primera vez el grado de cumplimiento del plan. Para Navarro debería ser antes, a los seis meses, habida cuenta de la gravedad del caso que ha obligado al Gobierno a articular este paquete.

Hay otra serie de elementos que mejoraría, por su parte, Miguel Ángel Blanes. El jurista aprecia la intención del Gobierno de incrementar el control patrimonial de los cargos públicos, pero no ve útil que se siga tomando como referencia la declaración de bienes que haga cada uno de ellos, sino que se debería contemplar el IRPF y el patrimonio de los mismos. Blanes, además, cree que para que el decomiso administrativo que propone el Gobierno funcione, será necesario aumentar el presupuesto de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. 

Por último, hay un punto en el que varios de los expertos discrepan con el Gobierno. Es una cuestión más de enfoque que de otra cosa. El Gobierno incluye en el plan el "lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana", entre otras medidas, para "generar una verdadera cultura de la integridad". Ranera o Blanes remarcan que quien ha cometido actos de corrupción son los políticos y no la ciudadanía, por lo que sería más interesante enfocar los esfuerzos de comunicación en explicar en qué punto se encuentra la aplicación del plan anunciado y no poner la pelota en el tejado de una ciudadanía cada vez más cansada y asqueada.