El Consejo de Ministros arranca con más de dos horas de retraso por las discrepancias entre PSOE y Sumar sobre el plan anticrisis

La negociación en el seno del Ejecutivo por las medidas a tomar ante las turbulencias económicas causadas por la guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán se ha estancado este viernes y el Consejo de Ministros se ha retrasado por el desacuerdo entre los socios de Gobierno. Los ministros de Sumar negaron a entrar en la reunión porque el PSOE no incluía las medidas sobre los alquileres en el decreto y medidas de control de márgenes empresariales, según indicaron fuentes de esta formación a Público.

Tras más de dos horas de retraso, finalmente los ministros de Sumar entraron a la reunión pero sin acuerdo y para continuar negociando dentro. La hora prevista de inicio eran las 9.30 y la reunión no ha empezado hasta pasadas las 11.30.

Fuentes de Sumar indicaron al comienzo de la mañana su posición así a Público: "Estamos llegando al último minuto. El PSOE se niega a incorporar el tema de los alquileres. La voluntad es ir hasta el final". "Dicen que la vivienda no tiene que ver con la guerra, ¿por qué se incluyó entonces con Ucrania? La crisis de vivienda se agrava con la guerra", añadieron. La solución ha sido finalmente un pacto para aprobar dos decretos. En el primero de ellos se incluirán medidas sobre el control de los márgenes de beneficios de las empresas eléctricas. En paralelo se desarrollará otro con la prórroga de alquileres. 

En este Consejo de ministros extraordinario está previsto que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe el llamado Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio. Más allá de las discrepancias que lo retrasaban, sí hay otras cuestiones de relevancia que cuentan con consenso. El Gobierno tiene previsto incluir la bajada al 10% del IVA de los carburantes en su plan de medidas por la guerra de Irán, según la Cadena Ser. 

La Moncloa, además del pacto con su socio de Gobierno, busca también un respaldo transversal a sus medidas combinando rebajas fiscales con el refuerzo de una parte del escudo social, que el Congreso tumbó hace unas semanas. Las decisiones se tomarán en un decreto que debe ser refrendado en las Cortes este próximo jueves para que pueda aplicarse en toda su potencia.

Fuentes del Gobierno ya habían deslizado antes que se planteaban llevar a cabo "medidas fiscales" sin confirmar o desmentir la posibilidad de gravar a las empresas petroleras. La rebaja del IVA supone una novedad respecto a lo que el Ejecutivo hizo durante la crisis provocada por la guerra de Ucrania, cuando se apostó por una bonificación universal de 20 céntimos por litro en el precio de esos carburantes. 

El decreto eliminará también el impuesto especial a los hidrocarburos, según la Cadena Ser, lo que podría suponer un alivio directo en el precio del diésel y la gasolina de entre 30 y 40 céntimos por litro. También se sopesan rebajas impositivas a la electricidad con la supresión del impuesto especial eléctrico, que está al 5%, y la bajada del impuesto al valor de la producción eléctrica. Y se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para recabar información de distribuidores de carburantes y vigilar el mercado de precios.

Otras medidas

En materia de protección frente a pobreza energética se introducen descuentos reforzados en el bono social eléctrico. El descuento correspondiente al consumidor vulnerable será del 42,5%. En el caso del consumidor vulnerable severo, el descuento será del 57,5%. También se incluye una garantía de suministro de electricidad, gas y agua para consumidores vulnerables y flexibilidad de contratos de electricidad y gas. Estas medidas y las siguientes, ERC las reivindica como propias.

Respecto al apoyo financiero a las empresas y explotaciones agrarias se incorporará una ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los productores agrarios, con derecho a devolución, así como una ampliación de la línea ICO.

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Para el resto de transportistas que no se benefician de dicha devolución se establece otra ayuda extraordinaria y temporal por vehículo. Para los productores agrarios también se concede una ayuda de 0,20 euros por cada litro de gasóleo adquirido y destinado al uso agrario.

Se incorpora además una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la deducción en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible, y de puntos de recarga.

El decreto recoge también la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y se incluyen medidas para simplificar y acelerar procedimientos administrativos para renovables.

Además, se incluyen varias medidas para simplificar el autoconsumo compartido en barrios, municipios y polígonos industriales. Se introduce un programa de apoyo técnico y administrativo para cooperativas energéticas, mediante ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria.

Vivienda

Mientras tanto, los partidos de la izquierda alternativa pusieron toda la carne en el asador para que se aprueben medidas de calado para paliar la crisis de vivienda. Desde Sumar se puso especial hincapié en la prórroga de los contratos de alquiler, que califican como "la medida más importante" que se puede tomar este viernes. Este asunto se incluyó en el primer paquete de medidas aprobado en 2022 tras la invasión de Rusia a Ucrania. Un Real Decreto Ley que ponen como referencia entre los socios del PSOE. 

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La inclusión de medidas sobre vivienda no es solo de Sumar sino de otros grupos como ERC, EH Bildu o Podemos. El apoyo de todas estas formaciones es necesario para que la próxima semana voten a favor del Decreto Ley en el Congreso.

El Ejecutivo pretende que, en unas horas, cuando se presente el decreto, este ya cuente con garantías de que saldrá adelante. Una derrota parlamentaria en un plan de este calado sería un golpe por el que no quieren pasar en Moncloa. 

No solo los partidos han presionado al Gobierno, también los sindicatos. Así, las propuestas de CCOO ante la inflación son las siguientes: "Control dinámico del precio de los carburantes para limitar la inflación; ayudas directas a las personas si el choque de precios se consolida; gratuidad del transporte público, además de acelerar la transición ecológica, las fuentes renovables y el almacenamiento". También plantea el sindicato "impuestos a los beneficios extraordinarios por la subida de precios" y, en la línea de los socios de izquierdas del PSOE una "prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que venzan en 2026".