El Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia que declaraba inconstitucional la prórroga, hasta febrero de 2022, del decreto ley que suspendió los desahucios y lanzamientos a personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional durante el estado de alarma que traigan causa de un proceso penal.

Fuentes del tribunal de garantías han explicado a EFE que el magistrado conservador Ricardo Enríquez ha retirado su ponencia, que estimaba el recurso de inconstitucionalidad de Vox, al no contar con los apoyos suficientes para sacarla adelante.

Ante esta situación, el presidente Cándido Conde Pumpido ha nombrado al magistrado Ramón Saéz para que elabore una nueva ponencia que rechace el recurso de Vox, que recurrió la ampliación de las medidas adoptadas por el Gobierno hasta el 31 de octubre de 2021, que fue prorrogado hasta febrero de 2022.

En marzo, el tribunal ya rechazó el recurso del PP contra el decreto ley vinculado al estado de alarma por la covid-19.

La sentencia, de la que fue ponente el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, señaló que era "una medida que responde a una finalidad de interés social, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus covid-19, que incide de forma mínima y temporal sobre el derecho de propiedad, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica".

Enríquez proponía ahora un cambio de posición al estimar el recurso, porque consideraba que diferencia del caso anterior, habían cambiado las circunstancias ya que no estaba vigente el estado de alarma, explican las fuentes. No obstante, su posición no ha encontrado los apoyos y el tribunal rechazará también este recurso.