Corrupción urbanísticaUn constructor admite que dio dádivas a dos alcaldes del PP para amañar un plan urbanístico en Alicante

El promotor alicantino Enrique Ortiz ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que acepta dos años de prisión en la rama del caso Brugal sobre el presunto amaño del diseño urbanístico de la ciudad de Alicante (PGOU), donde están investigados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

Con ese pacto, suscrito también por la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Alicante y por la acusación popular que asume la agrupación local de Esquerra Unida (EU), Ortiz consigue una rebaja de seis años en la pena solicitada inicialmente por la acusación pública.

Anticorrupción reclamaba para él una condena de 8 años de prisión, mientras que la representación legal del Ayuntamiento solicitaba 5 y EU, por su parte, elevaba su petición hasta los 13 años.

En concreto, con la conformidad Ortiz acepta el grueso de la acusación formulado por la Fiscalía y asume que negoció cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en fase de redacción entre los años 2007 y 2010 a cambio de la entrega de diversas dádivas a los dos exalcaldes del PP también procesados: Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Según el escrito de acusación, entre esas entregas se incluía dinero en metálico, viajes a Creta, Ibiza y Andorra y un vehículo modelo Mini Cooper.

En virtud del pacto, Ortiz se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad, al tiempo que admite responder como cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación.

Así, se concierta la imposición de un año y seis meses por el primero de esos delitos, además de multa de 356.528 euros; otros seis meses por el segundo con sanción de 526.261; y otros dos años y un mes de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público por el tercero.

El conocido promotor también deberá indemnizar al Ayuntamiento de Alicante con la suma de 713.057 euros por los costes derivados de la tramitación del Plan General de la ciudad, un documento que, no obstante, no llegó a entrar en vigor ya que el Ayuntamiento acabó desistiendo de su aprobación definitiva y acordó su retirada, a principios de 2015.

En suma, el empresario queda expuesto al pago de una cifra global de 1.595.846 euros en concepto de responsabilidad civil. Se trata de la segunda ocasión en la que Ortiz alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía con la intención de eludir el ingreso en prisión.

Ya cerró un pacto similar en relación a la causa sobre la financiación irregular del PPCV desgajada del 'caso Gürtel', en la que fue condenado en 2018 a un año y tres meses de prisión que se transformaron en multa.

El escrito de conformidad también se extiende sobre dos de los trabajadores de las empresas de Ortiz también procesados por su supuesta participación en las entregas de esas dádivas: Virgilio Ortiz (hermano del promotor) y de Santiago Bernáldez.

Los dos asumen la autoría de un delito continuado de corrupción de autoridades con penas de tres meses de prisión para cada uno y el pago de una multa individual de 81.000 euros.

Al margen de Ortiz, de sus dos empleados y de los dos exalcaldes del PP, la causa se dirige también contra los letrados del bufete Salvetti Abogados, José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa popular) y Javier Gutiérrez, que supuestamente tramitaron las alegaciones para que se incluyesen los cambios en el planeamiento.

El último de los encausados es el promotor ilicitano Ramón Salvador, que ya suscribió un primer acuerdo de conformidad el pasado febrero por el que aceptaba tres meses de cárcel.

El desarrollo del juicio ante la sección tercera de la Audiencia de Alicante está señalado inicialmente para mediados de septiembre, tras dos primeras sesiones previstas para el 30 de junio y el 7 de julio.