La cooperativa de Marinaleda frena la guerra jurídica contra la Junta tras el cambio que conserva la tierra
La representación legal de las cooperativas renuncia a la casación que había planteado tras una sentencia que dio la razón a la Junta y que abría la puerta a la venta de las tierras.
Ahora, una vez enterrada el hacha de guerra en los tribunales, se abre un nuevo escenario de negociación, pero ya con la tranquilidad de saber que la ley garantiza la continuidad del proyecto.

Sevilla--Actualizado a
Las cooperativas de Marinaleda han retirado la vía legal que mantenían abierta contra la sentencia que abría la puerta a que el Gobierno andaluz abriera la puerta. Una vez que se ha producido una modificación legal, pactada con el PP de Andalucía, que resuelve el asunto a satisfacción y permite al Ayuntamiento de Marinaleda pedir la transmisión gratuita de las emblemáticas tierras del Humoso, hoy propiedad de la Junta de Andalucía, los abogados han decidido enterrar el hacha de guerra.Así indicaron a Público fuentes de las cooperativas.
"Se ha obtenido una solución legal. Ya no vamos a continuar la casación porque se ha resuelto por satisfacción extraprocesal", afirman las fuentes consultadas por Público. Es decir, que el cambio legal pactado con el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) ha calmado las aguas.
El asunto estaba en casación después de que una sentencia de febrero de 2024 diera la razón a la Junta, cerrara una vía de acceso a la tierra que había arrancado en 2015 y con ello abriera la puerta a un desalojo y a la venta de los terrenos, 1.200 hectáreas de regadío, que dan sustento a la zona y cuyo modelo comunitario de explotación es un símbolo para altermundistas de todo el planeta.
Una ley aprobada en 2011, en tiempos del PSOE en la Junta de Andalucía, establecía que las tierras, propiedad de la administración autonómica, adquiridas en aquellos años por el ya extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), como es el caso del Humoso, debían venderse.
Después de la sentencia, el Gobierno andaluz accedió a sentarse con el alcalde de Marinaleda, Sergio Gómez Reyes, quien mantiene viva la llama reivindicativa de Juan Manuel Sánchez Gordillo, y con representantes de las cooperativas. Fruto de esas negociaciones, unas discretas, otras publicitadas, salió una solución, que se concretó mediante una enmienda del PP a la ley de Agricultura Ecológica, aprobada en el Parlamento el pasado 26 de noviembre.
El cambio normativo permite que los ayuntamientos pidan ahora a la Junta "la transmisión gratuita de la titularidad" por un periodo de 25 años de las tierras que fueran del antiguo IARA siempre que se justifique su destino a proyectos que vertebren el medio rural y creen empleo.
La norma del PSOE ya recogía un derecho preferente para los ayuntamientos, pero recogía tan solo un descuento del 30% sobre el precio de la tasación. Marinaleda, una localidad de 2.600 habitantes, contó en 2023 con un presupuesto anual inferior a los dos millones de euros y en 2017, la Junta tasó las tierras en seis millones de euros. Por tanto, existía el riesgo, como temían en la localidad, de que un proyecto tan emblemático acabara en manos del mejor postor.
Estas 1.200 hectáreas de regadío que varias cooperativas gestionan en régimen de concesión desde los años 90 son en efecto el eje que vertebra la economía del pueblo y de buena parte de la comarca. Fueron compradas por la Junta de Andalucía al Duque del Infantado, tras una intensa lucha sindical y jornalera.
Una vez superada la crisis y despejado el panorama judicial y legal, ahora se abre una nueva etapa. En el Ayuntamiento de Marinaleda, según las fuentes consultadas por Público, están a la espera de que el cambio legal se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y entre en vigor, para ver la mejor manera de aplicar la norma y que las tierras del Humoso puedan seguir siendo el motor de la comarca.
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