Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Gobierno andaluz y ha dado carpetazo, de momento, a la posibilidad de que las cooperativas que gestionan El Humoso, la emblemática finca jornalera de Marinaleda, accedan a la propiedad de la tierra por una vía abierta en el año 2015. Las 1.200 hectáreas son propiedad de la Junta de Andalucía que se las compró en 1990 al Duque del Infantado tras una intensa lucha jornalera. Los cooperativistas la cultivan en régimen de concesión desde los años 90.

Como último recurso, las cooperativas estudian ahora una casación ante el Tribunal Supremo, pero esta tiene pocas posibilidades de prosperar, según fuentes jurídicas. Con este fallo, en cuanto sea firme, el Gobierno andaluz podría exigir el desalojo de las fincas y ponerlas a la venta de acuerdo con una ley de 2011, de la época del PSOE, y un decreto de desarrollo de 2021, ya con el PP en el Gobierno, según indican fuentes jurídicas. Esto ha generado una tremenda inquietud y desasosiego entre los cooperativistas. "La sentencia genera más incertidumbre que problemas soluciona", afirman a Público fuentes de las cooperativas de El Humoso, uno de los principales pulmones económicos de la zona.

Se abre ahora, a la espera de ver si funciona el último cartucho del Supremo, un periodo de impasse: los cooperativistas, que tienen previsto reunirse la semana próxima para analizar las consecuencias de la desfavorable sentencia, temen, aunque es el Ayuntamiento de Marinaleda, el que tiene, según la ley y el decreto, un derecho de adquisición preferente, que esto dé paso a una subasta de las tierras al mejor postor por parte de la administración que dirige el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, en un contexto en que los grandes fondos de inversión han puesto el ojo en el campo andaluz –y más en el regadío–.

"Existe un peligro claro de que la Junta de Andalucía estipule un precio de venta de las tierras que sólo sea alcanzable por fondos de inversión especulativos", consideran fuentes de las cooperativas.

El Ayuntamiento de Marinaleda, una vez que los cooperativistas, a la espera de jugar la carta del Supremo, han perdido su oportunidad, tendría ahora sobre ellas un derecho de adquisición preferente, según recogen la ley y el decreto.

El consistorio está ahora dirigido por Sergio Gómez Reyes (IU-Podemos), que mantiene encendida la llama que prendió en su tiempo el dirigente Juan Manuel Sánchez Gordillo –hoy en delicado estado de salud–. Gómez Reyes ha garantizado que el Ayuntamiento va a ejercitar el derecho que les corresponde y ha venido defendiendo que la propiedad de la tierra debe ser pública y su uso social y que el precio que estipule el Gobierno andaluz debe ser "justo".

"Tendrá que ser por un precio justo, que dé solución a la clase jornalera de la comarca. Todo depende de la voluntad política. El patrimonio público se puede ceder de administración a administración. Tienen mayoría absoluta y potestad legislativa", afirmó en noviembre del año pasado Gómez Reyes a Público.

En el año 2017, con el PSOE en el Gobierno autonómico, la Junta pidió a las cooperativas 6 millones de euros, una cifra que entonces les pareció "disparatadamente alta" y que no respondía "a la mínima sensibilidad que requiere una experiencia social tal vez única en Andalucía y en Europa". El presupuesto del Ayuntamiento de Marinaleda de 2023 ascendió a 1,9 millones de euros.

Entonces, no se llegó a un acuerdo. Los cooperativistas alegaron entonces que la valoración debía hacerse como si fueran una sola cooperativa –y no ocho– y rechazaron la "privatización" de la tierra, porque "no es una mercancía que se compra y se vende con la que se puede especular". Se planteó también la posibilidad de crear una fundación, pero todo quedó en agua de borrajas.

Con la llegada del PP al Gobierno de la Junta, se reactiva de nuevo la posibilidad de la adquisición, pero la discrepancia sobre el número de miembros que debía tener la cooperativa acabó en que la Junta emitió una orden de desalojo, hasta ahora paralizada por el pleito en el TSJA y que seguirá en vigor, argumentan fuentes jurídicas, si se presenta la casación hasta que el Supremo decida y la sentencia adquiera firmeza.

En el fallo, a la que ha tenido acceso Público, el juez acepta por entero los argumentos del Gobierno andaluz, que entendía que la cooperativa debía, por imperativo legal, tener más integrantes de los que hoy tiene para poder culminar el procedimiento de adquisición de las tierras.

El peso en la economía de El Humoso

Las tierras de El Humoso, donde se asientan las cooperativas agrarias que han sostenido la utopía jornalera de Marinaleda desde principios de los años 90 –cuando la lucha sindical llevó a la Junta de Andalucía a comprarlas al Duque del Infantado– y suponen un modo de cultivar alternativo, alejado de la competitividad capitalista predominante.

Así lo expresa la comisión cooperativa en un documento: "A diferencia de cualquier proyecto empresarial que tiene por objetivo la generación de beneficios para sus propietarios, el proyecto cooperativo de Marinaleda siempre se ha guiado por la promoción del desarrollo de actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales posibles".

Marinaleda contaba a finales de año 2022 con 2.579 habitantes, de una edad media de 42 años. Había entonces 126 parados (60 mujeres, 66 hombres), según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

El peso de la cooperativa en la economía de la zona es enorme. Según los datos de la cooperativa, "en los años buenos pueden dar unos 700 empleos y la media de los últimos tiempos ronda los 550 puestos de trabajo anuales".

Para las cooperativas, "esta realidad ha generado que El Humoso se haya convertido en el motor económico de la localidad y herramienta fundamental para evitar la emigración y la precariedad, favoreciendo con ello la calidad de vida de las personas del pueblo".