La emblemática cooperativa de Marinaleda, en riesgo de venta a algún fondo buitre

Las emblemáticas tierras de El Humoso, donde se asientan las cooperativas agrarias que han sostenido la utopía jornalera de Marinaleda desde principios de los años 90 –cuando la lucha sindical llevó a la Junta de Andalucía a comprarlas al Duque del Infantado– están inmersas en un conflicto judicial de inciertas consecuencias. 

En el peor de los escenarios para los cooperativistas, esas 1.200 hectáreas podrían acabar en manos de un fondo de inversión especulativo –llamados fondos buitre–, si la Junta de Andalucía, hoy en manos del PP, decidiera venderlas a precios de mercado, en un contexto de presión del capital sobre el campo andaluz. Esto es lo que temen los cooperativistas, según expresaron a Público. “Existe un peligro claro de que la Junta de Andalucía estipule un precio de venta de las tierras que sólo sea alcanzable por fondos de inversión especulativos”, aseguraron desde la comisión cooperativa. La Junta, de momento, se limita a decir que el asunto está judicializado.

No es esta la única posibilidad, desde luego. Esta historia bien podría acabar de otra manera. En eso están empeñados tanto el Ayuntamiento de Marinaleda como la dirección colegiada de las cooperativas –con el apoyo de entidades de crédito de banca ética–, que están por la labor de comprar los suelos, según dijeron a Público, a la Junta de Andalucía, a un precio razonable. Todo depende, por tanto, de la voluntad política que exista.

Sergio Gómez Reyes, alcalde de Marinaleda (IU-Podemos), garantizó a Público que el Ayuntamiento ejercerá el derecho que les corresponde para que las tierras sigan siendo útiles a la comarca. “Queremos el uso de las tierras para dar trabajo. Pero se han empeñado en venderlas. Parece que les estorba lo público. Tendrá que ser por un precio justo, simbólico, que dé solución a la clase jornalera de la comarca”.

Gómez Reyes está dispuesto a sentarse a negociar con la Junta de Andalucía y tiene toda la predisposición a resolver la situación por la vía del entendimiento. “Todo depende de la voluntad política. El patrimonio público se puede ceder de administración a administración. Tienen mayoría absoluta y potestad legislativa”, agrega Gómez Reyes. 

El pleito

De momento, hay que esperar a que se resuelva un pleito que las cooperativas pusieron contra la decisión de la Junta de poner fin al proceso administrativo de adquisición de las tierras por parte de los jornaleros. 

Una ley aprobada en los años de gobierno del PSOE, en 2011, regulaba el acceso a la propiedad de las tierras. En el año 2015, las cooperativas pusieron en marcha el proceso para tomar la propiedad, pero el desacuerdo en el precio que la Junta pedía –el entonces alcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo quería el uso de la tierra– frustraron la operación. 

Después, ya con el PP en el Gobierno andaluz, las diferencias en la interpretación de los preceptos legales sobre el número de socios que debían tener las cooperativas acabaron en el fracaso de esa vía. Y el asunto ha terminado en el Juzgado. 

Ahora, por tanto, todo dependerá de las decisiones que tomen los diferentes actores en liza –Junta de Andalucía, Ayuntamiento y cooperativas– una vez que el Tribunal Superior de Justicia resuelva. 

Puede hacerlo o bien a favor de la Junta –algo que parece probable, según las fuentes jurídicas consultadas–, lo que abriría un escenario en el que el Gobierno andaluz tendría que tomar decisiones: los cooperativistas entienden, como han expuesto al tribunal, que la consecuencia directa de esa decisión sería el desalojo de las tierras y su venta posterior. El Ayuntamiento sería entonces un receptor preferente por la aplicación de un decreto del año 2021, según interpretan las cooperativas, ya con el PP en el Gobierno. Por lo que en ese caso todo dependería del precio y de la voluntad política.

O bien a favor de los cooperativistas, lo que supondría la reactivación del expediente de adquisición de la propiedad, que es lo que han reclamado en los tribunales. 

Beneficios sociales

La Junta, a preguntas de Público, no revela en este momento lo que piensa hacer con El Humoso, aunque en alguna ocasión ha expresado sensibilidad con la gestión social de esa zona, y se remite por ahora al juzgado: “Es un asunto que está judicializado y que está dirimiéndose en el TSJA”. 

“Desde las cooperativas solicitamos un precio que permita continuar con el objetivo del modelo económico construido durante treinta años y que no busca maximizar ganancias empresariales, sino crear el máximo de empleo de calidad para Marinaleda y su comarca”, se posicionan en la comisión cooperativa.

El Humoso es un pilar de la economía de Marinaleda y ha logrado en estos años montar una incipiente agroindustria. La filosofía que preside su operativa no es el beneficio económico, sino el social. 

Así lo expresa la comisión cooperativa en un documento: “A diferencia de cualquier proyecto empresarial que tiene por objetivo la generación de beneficios para sus propietarios, el proyecto cooperativo de Marinaleda siempre se ha guiado por la promoción del desarrollo de actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales posibles. Esta realidad ha generado que El Humoso se haya convertido en el motor económico de la localidad y herramienta fundamental para evitar la emigración y la precariedad, favoreciendo con ello la calidad de vida de las personas del pueblo”. 

Marinaleda tenía 2.579 habitantes, de una edad media de 42 años, a finales del año 2022. Había entonces 126 parados (60 mujeres, 66 hombres), según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Una buena parte del empleo en el pueblo lo proporcionan las cooperativas de El Humoso. Según sus propios datos, en los años buenos pueden dar unos 700 empleos y la media de los últimos tiempos ronda los 550 puestos de trabajo anuales, cifras muy relevantes para esa población. 

Cooperativismo y capital

“El modelo cooperativo de Marinaleda es un caso de éxito para el desarrollo territorial en zonas en despoblación del medio rural andaluz. El Gobierno andaluz debería impulsar este tipo de proyectos y legislar para que fueran posibles. A día de hoy nos encontramos con todo lo contrario: en los últimos años se han ido acordando normativas para perjudicar a estos proyectos”, expresan en las cooperativas. 

“Desde las cooperativas se apuesta por un modelo de propiedad pública, planificación comunitaria y gestión cooperativa. Las cooperativas desean que la tierra no sea propiedad de nadie, lo que se puede lograr manteniendo la propiedad pública (ya sea en manos de la Junta o del Ayuntamiento de Marinaleda), o creando una fundación de utilidad pública como herramienta para que las tierras del Humoso no acaben siendo propiedad privada de nadie”, reflexionan en la dirección colegiada, según recogen en un texto enviado a Público.

El contexto en que se produce esta crisis es uno en que el capital ha puesto sus miras en el campo andaluz, como depósito de inversiones y también porque ofrece “atractivas rentabilidades y brinda a los inversores [la posibilidad] de desarrollar portfolios diversificados, lo cual minimiza la volatilidad y reduce el ratio riesgo/retorno de sus carteras”. Así lo recoge la consultora CBRE en su página web en un trabajo dedicado al año 2022. 

Para esta compañía, que asesora a sus clientes en posibilidades de inversión, “el sector agroalimentario es un sector estratégico y con un papel fundamental en la economía de España y Portugal”. “Su atractivo reside en que se trata de un activo real y simple basado en la tierra y el agua”, recogen, y cuyo precio, aunque en ascenso, es menor que el de otras zonas, como California. Las cifras de compraventas de fincas rústicas que recoge el INE son de hecho de las más altas de los últimos lustros.

“La pérdida del Humoso significaría un fracaso de la política de desarrollo rural de la Junta de Andalucía, responsable de que en el medio rural andaluz existan proyectos de desarrollo económico que permitan a la gente vivir en sus pueblos. El modelo cooperativo de Marinaleda genera empleo y riqueza desde la sostenibilidad económica y financiera, desde el reparto de los recursos y desde la autogestión y democracia económica. La pérdida del Humoso significaría perder este modelo de éxito”, analizan en la dirección colegiada de las cooperativas.