La corrupción que salpica a sus barones preocupa al PP más que Bárcenas

El Partido Popular ha recibido con tranquilidad aparente la decisión de la Audiencia Nacional de permitir la excarcelación de Luis Bárcenas, previo pago de una fianza de 200.000 euros. En la reunión que mantuvo ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con diputados y senadores del PP, la noticia no parecía alterar los ánimos preelectorales, más animados tras conocerse la encuesta de Mediaset que, como la de Metroscopia y los sondeos internos de Pedro Arriola, el asesor demoscópico de Mariano Rajoy, colocan al PP como primera fuerza en unas elecciones generales. Con matices preocupantes, reconocen los conservadores, por cuanto Podemos roza su liderazgo y la caída de apoyos del PP es, por lo menos, estrepitosa. 

El resultado, pues, en unas elecciones generales parece salvado, pero ¿qué pasa con las autonómicas y municipales del 24 de mayo? En este caso, el panorama es mucho más complejo y "desalentador", admiten en el PP. Los pactos postelectorales y el mensaje de la oposición de que en la calle, la recuperación de la que habla Rajoy en cuanto tiene ocasión, "no es real", hacen mella en los pocos "estudios territoriales" -no sondeos- que tiene el PP para consumo propio. El mapa español que se coloreó de azul tras las municipales y autonómicas de 2011 tiene pocas posibilidades de reproducirse en 2015.

Aparte de la mala situación socioeconómica y la irrupción de Podemos en lugar de un PSOE "desdibujado", el PP admite que casi todos sus barones "cargan con una rémora" que les puede pasar factura en mayo. La corrupción institucional o comportamientos oscuros en los presidente de las comunidades autónomas o sus equipos pueden hacer mucho daño al PP dentro de cuatro meses. Los candidatos no están oficialmente designados aún (algunos como el presidente de Cantabria, investigación del Tribunal Supremo incluida, se dan por nombrados), pero determinados nombres provocan auténticos quebraderos de cabeza en la calle Génova.

- Comunidad de Madrid. Cuando el presidente Ignacio González creía tenerlo todo atado y bien atado -archivo del caso ático incluido- para que Rajoy lo hiciese candidato del PP a la Comunidad de Madrid, aparecen testimonios y pruebas que vinculan a su número dos y persona de máxima confianza, el consejero y portavoz Salvador Victoria, con la operación Púnica y presuntos pagos en negro a la empresa de uno de los principales implicados, el empresario encarcelado Alejandro de Pedro Llorca. En el PP creen que la trama liderada por el exconsejero Francisco Granados, también en la cárcel, está demasiado cerca de González y de su mentora, Esperanza Aguirre, que también aspira a ser candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid.

Carlos Fabra tiene intención de escribir sus memorias en prisión y Sonia Castedo ha sido fichada como tertuliana en televisión

- Comunitat Valenciana. El camino del presidente Alberto Fabra para vaciar de imputados el Parlamento de su comunidad ha sido arduo y tormentoso, reconocen los conservadores. Con todo, los flecos de las tramas Gürtel o Nóos son "demasiado largos" y alcanzan ayuntamientos, diputaciones y otros entes locales cuya gobernación depende de los resultados del 24 de mayo y cuyas instituciones no se encuentran libres de implicados en sumarios judiciales, ni mucho menos. La entrada en prisión del otrora poderoso presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (que amenaza con la publicación de unas memorias), o las muchas imputaciones de la excaldesa de Alicante, Sonia Castedo, con salto a los platós televisivos incluidos, son sólo un ejemplo del viacrucis que puede suponer para el PP la campaña en la Comunitat Valenciana. 

- Castilla-La Mancha. La situación de María Dolores de Cospedal es doblemente complicada, pues por un lado, como secretaria general del PP, está implicada en el caso Bárcenas en toda su amplitud nacional, pues convivió en las máximas responsabilidades del partido con el extesorero del PP desde 2008. Por otro lado, Cospedal, como presidenta autonómica, carga sobre sus hombros con una presunta financiación ilegal de su campaña electoral para esta responsabilidad autonómica, también con Luis Bárcenas como protagonista. Si a ello se suma la ocultación de sus varios sueldos institucionales al principio de su mandato en la Junta o de su patrimonio inmobiliario en su declaración de bienes, los argumentos para una oposición en ascenso en las encuestas parecen obvios.

Cospedal se enfrenta a las acusaciones de presunta financiación ilegal de su campaña electoral en Castilla-La Mancha

-Cantabria. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ríe cuando le preguntan por las reticencias de algunos de sus compañeros de partido sobre su candidatura autonómica, de las que informó Público la semana pasada. Diego ha sido la sorpresa de la jueza lucense Pilar de Lara cuando se topó con él en las investigaciones sobre la operación Pokémon, la mayor trama de corrupción investigada jamás en Galicia y que tiene bajo la lupa judicial a decenas de cargos municipales de PP y PSOE.

El jefe del Ejecutivo cántabro -que según las encuestas de Arriola perdería la mayoría absoluta en mayo- está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de cohecho, tras aceptar el pago de un fin de semana en un balneario por parte de la empresa Aquagest, asimismo en el punto de mira judicial por varios delitos. No conforme con su presunto cohecho, Diego mintió al parlamento cántabro, según los informes policiales, asegurando, primero, que el fin de semana lo pagó él y, segundo, que no pudo evitar que se lo pagara Aquagest antes de ir él a abonarlo en el mismo recinto. La misma operación Pokemón tiene al portavoz del PP en el Senado y hombre fuerte del PP gallego, Xosé Manuel Barreiro, asimismo investigado por el Supremo, por un presunto cobro de sobornos.

La campaña electoral de oposición "y medios críticos" no se concibe sin los viajes de Monago a Canarias, admiten en el PP

- Extremadura. El presidente de la Junta, José Antonio Monago, lleva sobre sí la imagen del político que se aprovecha de su puesto para costearse su vida personal a costa del erario, tan denostada en un país azotado por la crisis. El autodenominado barón rojo o verso sueldo del PP perdió su condición de batallador por la austeridad cuando Público dio a conocer sus viajes a Canarias a costa del Senado para ver a su entonces novia cuando era senador por Extremadura, entre 2008 y 2011.

En el PP siguen considerando que fue un error del jefe del Ejecutivo extremeño la estrategia de defensa basada en rebatir ruidosamente las informaciones de este medio -con total desconocimiento de los datos que pudiera tener-, utilizar el Senado para su exculpación pública y envolverse en la bandera de Extremadura para desprestigiar la noticia. "El Senado amparaba esos viajes, como decretó la Fiscalía de Badajoz", argumentan en el PP. Si su estrategia de defensa hubiera ido por el pésimo control de los gastos de los parlamentarios, "este asunto habría durado dos días". Hoy, según las fuentes consultadas, la campaña electoral de oposición "y medios críticos" no se concibe sin los viajes de Monago a Canarias.

- La Rioja. Los pagos de la caja b del PP en la etapa de Luis Bárcenas van más allá del abono en negro de las obras de la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova. Aunque el juez rechazó tomar declaración al presidente riojano Pedro Sanz, la investigación sobre la adquisición de un local del Partido Popular con fondos de dudosa procedencia sigue su curso. El barón de La Rioja, uno de los más veteranos, niega por activa y por pasiva cualquier comportamiento irregular de su formación autonómica. El argumento para la oposición, sin embargo, está servido.