Su declaración se ha retrasado hasta cuatro veces, pero la presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, María Dolores de Cospedal, no ha conseguido eludir a la acción de la Justicia. Finalmente será este miércoles cuando la secretaria general de los conservadores dé la cara ante el juez y explique por qué en enero de 2011 acusó directamente al PSOE de estar detrás de las pesquisas que estaba elaborando la compañía Detectives Almirante con sus investigaciones en el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP. La vista comenzará a las 11.30 horas de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Coslada (Madrid).

A principios de este año, la mencionada agencia de detectives denunció a la presidenta castellano manchega por haber vulnerado su derecho al honor después de que Cospedal la vinculara con los socialistas. Porque, en realidad, la compañía había sido contratada por Jesús Manuel Rubio, un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real, 'con el fin de investigar para su aportación' una demanda por acoso laboral. El caso no tenía, según los detectives, ninguna vinculación con el PSOE.

Isidro García, máximo responsable de Detectives Almirante, se ha mostrado confiado en que el juez dará la razón a su compañía y obligará a Cospedal, a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y al portavoz del PP en el consistorio, Francisco Cañizares -que también lanzaron esas misms acusaciones-, a pagarles los 100.000 euros que les solicitan por haber vulnerado su honor.

'Tengo la razón y espero que el juzgado me la confirme', ha explicado García en declaraciones a Público. La Policía, ha añadido, 'ya ha visto el libro de registro, y no hay ninguna duda de quién es mi cliente'. Asimismo, ha recalcado que 'ha quedado claro que es un caso absolutamente laboral, no político', por lo que ha exigido a Cospedal que se retracte de sus acusaciones. 

El 27 de enero de 2011, la secretaria general de los conservadores aseguró en un acto de partido que el PSOE castellano-manchego había contratado 'detectives privados para seguir a dirigentes populares'. Afirmó conocer 'muchos ejemplos' de esas acusaciones, que ratificaron Romero y Cañizares, y se preguntó si el dinero provendría del entonces Gobierno regional, liderado por el socialista José María Barreda. A pesar de que, en ese momento, apuntó que disponía de 'pruebas' que justificaban sus palabras, a los pocos días redujo esas pruebas a 'indicios'.