MADRID.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal quiere ahorrar a toda costa. Incluso aunque para ello tenga que "trampear" la sentencia del Tribunal Supremo que le obligó a readmitir a los empleados públicos despedidos en 2012. 

Después de Educación, Fomento, Presidencia y Hacienda, donde la Junta de Castilla-La Mancha ha acordado eliminar las plazas de nueve de cada diez interinos, ahora ha llegado el turno de la Consejería de

Sanidad y Servicios Sociales. 

Según los sindicatos —que llevan semanas reuniéndose con la Administración para intentar evitar la debacle—, el Ejecutivo regional pretende eliminar otras 184 plazas en el departamento que dirige José Ignacio Echániz. De ellas, 86 pertenecen a interinos readmitidos a finales del año pasado. Y de esas 86, los representantes de los trabajadores prevén que más del 90% terminen finalmente de nuevo en la calle. 

Así lo ha expresado a Público Gustavo Fabra, secretario general de STAS-Intersindical, que lamenta la "sangría" aún mayor que supone en este caso la reducción de trabajadores. "Estamos hablando de servicios sociales, de trabajadores que atienden temas tan importantes como la tutela de menores", denuncia.

Y es que, según el documento con las propuestas de amortización de plazas del Gobierno autonómico, de los 184 puestos a eliminar, 121 corresponden a auxiliares administrativos; 18, a trabajadores sociales; nueve psicólogos, ocho ETAR (Equipo transversal de análisis de la realidad), seis técnicos de dependencia, cinco educadores, cuatro asesores jurídicos, tres inspectores sanitarios, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional y un veterinario. Según una circular firmada por el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha, Javier Sánchez Morcillo, "ésta es la gota que colma el vaso del desmantelamiento de la red pública de Servicios Sociales".

La nota detalla el plan de la Consejería y lamenta, especialmente, la pérdida de puestos que afectan, por ejemplo, a los servicios de la provincia de Albacete, como los de Familia y Menores y los Centros de Mayores de Almadén, Almagro, Puertollano y La Solana, cuyos directores se quedarán a cargo de las tareas que antes hacían los asistentes sociales. También, la supresión de asistentes sociales de las zonas PRAS (que agrupan los servicios sociales de varias localidades) que se quedarán con un sólo trabajador social para atender a un total de 12.000 habitantes.

Así, la trabajadora de Alcubillas atenderá también a la zona PRAS de Albadalejo y Torre de Juan Abad. Lo mismo ocurre en las previsiones que el Gobierno regional tiene para la provincia de Cuenca, donde dejará sólo un asistente social para San Lorenzo de la Parrilla y El Peral; de Ciudad Real, donde se agrupan Uceda y Torrejón del Rey; y Toledo, donde se suprime el asistente social del PRAS de Valmojado. 

Incumpliendo su propia normativa

Con ello, denuncian los sindicatos, Cospedal estaría incumpliendo un decreto de su propio Ejecutivo "por el que se regula la estructura territorial de las zonas y áreas de servicios sociales". Y es que en el artículo 16 de la citada normativa se establece  cada una de esas zonas debe "estar dotada, al menos, de un asistente social o una persona diplomada en Trabajo social". Al agrupar las zonas PRAS y reducir el número de empleados especializados que las atienden, estaría cometiendo una ilegalidad.

Del mismo modo, estaría de nuevo "trampeando" el cumplimiento de una sentencia del Supremo. En 2012, la Junta redujo 672 plazas públicas, una medida que afectó a más de 400 interinos que fueron despedidos. Los sindicatos iniciaron una batalla legal que terminó con el Ejecutivo autonómico obligado por el Alto Tribunal a reincorporar a los afectados. Tras la sentencia, Cospedal quiso burlarla, planteando a los sindicatos el despido de 700 empleados públicos antes incluso de haber ejecutado la orden judicial. Una vez más, las protestas le obligaron a recular: prometió la reinserción de los despedidos y la renegociación de la destrucción de empleo público. Pero el camino seguido desde entonces ha sido el contrario. El último paso, éste: 86 interinos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que, de cumplirse las previsiones de los sindicatos, volverían a estar en la calle. 

Sánchez Morcillo ya denunció, en cuanto tuvo conocimiento de esta propuesta de la Administración, que Castilla-La Mancha es la Comunidad "que más recorta en todo y en la que la intervención social profesional importa poco más que un pimiento". "Hay que defender a la ciudadanía de estos responsables políticos miserables, sin alma y sin ningún tipo de escrúpulos", rezba el comunicado. Ahora, STAS-Intersindical también aboga por continuar con la lucha laboral hasta el final. "No vamos a permitir que desmantelen los servicios sociales", concluye Fabra.

La Mesa Sectorial (reunión de los sindicatos con el Gobierno regional) de este miércoles terminó sin acuerdo, por lo que las negociaciones continuarán la próxima semana.