Cuarenta años sin resolver la herencia de Franco
El Valle de los Caídos y los símbolos franquistas
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MADRID.- Culpar a Franco sería demasiado fácil. La democracia española nació tras una dictadura de 36 años y tres de cruenta, y para muchos genocida, Guerra Civil. La restauración democrática en España afrontaba el reto, por tanto, de resolver los problemas heredados de un pasado dictatorial, de unas heridas abiertas hasta la médula y de unas instituciones envenenadas de franquismo. La Transición dejó de un lado gran parte de los problemas y perpetuó otros tantos sin el debate social necesario. Pero tampoco se puede culpar a la Transición.
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El Valle de los Caídos y los símbolos franquistas
Este 2015 se han cumplido 75 años del inicio de la faraónica obra en plena sierra de Madrid donde, desde hace 40 años, está enterrado el dictador Francisco Franco junto al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. El complejo monumental, construido gracias al trabajo esclavo de miles de republicanos, alberga más de 30.000 caídos, republicanos y franquistas, en la Guerra Civil y está considerada como la mayor fosa común de todo el Estado.
El complejo no ha cambiado un ápice desde que murió el dictador. Sigue nombrando a Franco como "anterior jefe del Estado" y no hay ni una placa que explique al visitante ni el significado del monumento, ni el horror que supuso su construcción para los republicanos esclavos. En noviembre de 2011 la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos entregó las conclusiones del informe que le encargó el Gobierno de Zapatero. Rajoy ya había ganado las elecciones y el Gobierno en funciones dejó el informe en un cajón pidiendo al Partido Popular que no se olvidara de él. No se ha vuelto a saber más.
Fosas, desaparecidos y acceso a la justicia de las víctimas
Según el auto del juez Garzón en España hay todavía, 76 años después del final de la Guerra Civil, 114.266 desaparecidos, de los que, en su inmensa mayoría, permanecen desde hace más de 70 años en las al menos 2.246 fosas comunes desperdigadas por todo el territorio. Decía Arturo Pérez-Reverte recientemente que sacar a los republicanos de las fosas comunes es "sentido común". Un sentido común, al parecer, inexistente en este país.
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Los organismos de la ONU especializados en derechos humanos también han solicitado la derogación de la Ley de Amnistía que ha impedido a las víctimas el acceso a la justicia de las víctimas
Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y el relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han señalado al Estado español su obligación de investigar estas desapariciones, exhumar a las víctimas y poner punto y final a la impunidad de la dictadura y de los crímenes del bando franquista durante la Guerra Civil.
En este sentido, los organismos de la ONU especializados en derechos humanos también han solicitado la derogación de la Ley de Amnistía que ha impedido a las víctimas el acceso a la justicia y han mostrado, reiteradamente, su "preocupación" por la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al denegar la solicitud de extradición a Argentina de, entre otros, dos torturadores franquistas González Pacheco, Billy el Niño, y Jesús Muñecas Aguilar.
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Privilegios de la Iglesia católica
La Iglesia católica fue un pilar de la dictadura de Franco y jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil mostrando su apoyo a los militares golpistas frente al legítimo Gobierno de la República. Salvo escasas, muy escasas, excepciones de los dirigentes de la Iglesia salieron pocas críticas sobre las violaciones de derechos humanos de los golpistas y a la falta de libertad de la dictadura. De hecho, la gran excepción en este sentido fueron los curas obreros del tardofranquismo.
La presencia del catolicismo se manifiesta con fuerza en la eduación, donde se mantiene la enseñanza de la religión
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La Constitución española de 1978 consagra el principio de aconfesionalidad del Estado, sin embargo en el artículo 16.3 se afirma que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".
Monarquía
La persona de Juan Carlos I es el vínculo más claro y evidente entre la democracia española y la dictadura que le precedió. Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor y la Constitución española de 1978 lo consagró como el jefe de Estado de la nueva España democrática. Sin embargo, no fue una elección libre. Los españoles se limitaron a votar sí o no a la Constitución y en ningún momento hubo un debate abierto sobre la forma del Estado.
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Los partidos políticos aceptaron antes de las elecciones constituyentes que la forma del Estado sería la monarquía
El periodista Carlos Elordi señala en la obra ¿Quiénes mandan de verdad en España? que Juan Carlos conservó su corona porque los partidos políticos que obtuvieron representación en las elecciones constituyentes de 1977 "habían aceptado antes de que estas se celebraran que la monarquía sería la forma del Estado en democracia y que Juan Carlos de Borbón sería el jefe de ese Estado". "Incluidos los comunistas, y muy a su pesar, porque esa aceptación implicaba reconocer que su lucha durante cuarenta años había fracasado", prosigue.
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Ausencia de símbolos compartidos
La dictadura enarboló la bandera de España y se apoderó de ella, excluyendo a la izquierda de la identificación de este símbolo nacional. Después, en democracia, fue la derecha la que sacó a pasear esa misma bandera rojigualda desprovista del aguilucho, eso sí. Lo mismo ha sucedido con el himno, que se ha mantenido igual con la diferencia de que se le quitó la letra escrita por Jose María Pemán.
La ausencia de símbolos compartidos es una muestra más de la ausencia de un proyecto político común como país y de la ausencia de una memoria colectiva sobre lo que fue la dictadura y la Transición. Construir un proyecto de país en el que todos se sientan cómodos y representados en los símbolos del Estado que les da nacionalidad es una obligación para el futuro gobierno.
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Una historia falseada o silenciada y los archivos cerrados
Los mitos sobre la figura de Franco, los silencios sobre la represión de la dictadura y de la Guerra Civil, los intentos de presentar a la República como culpable de la Guerra Civil y de presentar la dictadura como un remanso de paz permanecen aún pasados 40 años de la muerte del dictador. Prueba de ello fue el intento de la Real Academia de Historia de perpetuar un diccionario biográfico plagado de mitos y leyendas franquistas construidos durante los años posteriores a la Guerra Civil por los golpistas y rejuvenecidos por parte de la derecha española durante la democracia.
La obra parecía una burla de proporciones históricas. No definía a Franco como un dictador y sí como un “valeroso militar” y el franquismo fue calificado de “autoritario, pero no totalitario".
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La obra parecía una burla de proporciones históricas. No definía a Franco como un dictador y sí como un “valeroso militar” y el franquismo fue calificado de “autoritario, pero no totalitario". La Guerra Civil fue sustituida a menudo por otros términos como “cruzada” o "guerra de liberación". Un auténtico chiste. Pero el revisionismo fue aun más lejos. A la salvaje represión ocurrida en Badajoz tras ser conquistada por los franquistas se la denominó "normalizar la vida ciudadana". En definitiva, todo un panfleto digno de ser firmado por el mismísimo Fraga durante sus años como ministro de Información.
Una derecha que no ha roto con el franquismo
Los vínculos del Partido Popular y el franquismo son más que evidentes. No hay más que remontarse a su fundador: Manuel Fraga. Sin embargo, en estos años de democracia, en los que el Partido Popular ha sido el partido del Gobierno durante 12 años, los conservadores han rechazado romper vínculos con el franquismo. Sólo una vez, el 20 de noviembre de 2012, el Partido Popular optó por condenar la dictadura de Franco. Lo hizo a través de una resolución pactada con todas las fuerzas parlamentarios y en el seno de la Comisión Constitucional. Desde entonces, los conservadores han vuelto a entonar el 'NO' en la inmensa mayoría de resoluciones relativas a la condena de la dictadura y el derecho de las víctimas de acceder a la justicia.
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El Sáhara ocupado por Marruecos
El 14 de noviembre de 1975 España violó la legalidad internacional y entregó el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania faltando a su propia palabra. España se había comprometido a descolonizar y a realizar un referéndum de autodeterminación en el territorio y, por contra, ejecutó una entrega del mismo a los mencionados países. En aquel momento Franco estaba moribundo en la cama y el temor a un conflicto bélico, entre otros motivos, llevaron a una decisión ilegal desde el derecho internacional.
Cuarenta años después de aquello la situación de los saharauis sigue sin ser resuelta y España sigue sin implicarse como debiera en la resolución del conflicto
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Cuarenta años después de aquello la situación de los saharauis sigue sin ser resuelta y España sigue sin implicarse como debiera en la resolución del conflicto ya que a efectos de derecho internacional España sigue siendo la potencia colonial administradora del Sáhara Occidental. En 2015, 24 años después del alto al fuego entre el Frente Polisario y Marruecos y de la promesa de realizar un referéndum de autodeterminación, la mitad de la población saharaui vive en condiciones infrahumanas en los campamentos de refugiados de Argelina y la otra mitad bajo ocupación marroquí en el Sáhara Occidental.
La oligarquía y los impuestos
La Transición también permitió, como señala la doctora en Historia Contemporánea y profesora titular de la Carlos III Matilde Eiroa que los apellidos franquistas se instalaran en el poder heredando cargos y posiciones privilegiadas a lo largo de los años de democracia. Un buen ejemplo son las familias Aznar, Arias-Salgado, Calvo Sotelo, Cabanillas, Rato...