MADRID.- Una "cuestión contable y menor". Así zanjaron en el PP la condena que, en mayo de este año, el Tribunal de Cuentas dictó contra el exalcalde de Vitoria y ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y su entonces concejal de Hacienda, Javier Maroto, hoy vicesecretario de Acción Sectorial del PP, por el llamado caso San Antonio.

La condena a Alonso, Maroto y el resto del equipo municipal se produjo por favorecer económicamente al empresario Gonzalo Antón con el alquiler de un local que causó un "perjuicio" de 393.862 euros a las arcas públicas, según el Tribunal de Cuentas, al pagar el ayuntamiento de Vitoria un precio superior al del mercado. En el Partido Popular, sin embargo, han hecho borrón y cuenta nueva de este asunto. Es más, subrayan en el entorno del nuevo candidato del PP a las elecciones vascas del 25 de septiembre, nunca le dieron categoría por lo que consideran que fue una decisión "contable" —insisten— que no competía al regidor directamente.

Hombre fuerte del PP nacional

En el PP están convencidos de que, teniendo en cuenta los cuestionados resultados de sus compañeros vascos en las elecciones generales (mantienen los 2 escaños logrados el 20 de diciembre, aunque fueron la última fuerza en votos), Alonso no logrará la Lehendakaritza y Rajoy lo recuperará para un ministerio, en el caso de que el PP mantenga La Moncloa. Sobre las posibilidades del ministro de Sanidad en funciones (que acudirá este viernes a su última reunión del Consejo), los conservadores creen que podría mejorar los resultados del 26-J y los de las autonómicas de 2012, cuando Antonio Basagoiti, el candidato del PP que abandonaría la política más tarde, obtuvo 10 escaños y más de 10 puntos menos que en las elecciones anteriores.

Alfonso Alonso es una de las personas de máxima confianza de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y ha llegado a serlo del propio Rajoy gracias a la 'número dos' del Ejecutivo y a su papel como portavoz parlamentario del PP en una etapa particularmente delicada con la salida a la luz de los llamados papeles de Bárcenas y las cuentas en Suiza del extesorero, cuando prácticamente nadie en el partido quería dar la cara para explicar lo que apuntaba —y confirmó el juez instructor de entonces, Pablo Ruz— a una contabilidad en B del partido del Gobierno.