MADRID.- El Tribunal de Cuentas considera responsable al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, de adjudicar el sobreprecio de un alquiler pagado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al empresario Gonzalo Antón, dueño de los locales de la calle San Antonio 10 que arrendó el consistorio el 16 de febrero de 2007, cuando Alonso era alcalde.

Así consta en el Acta de Liquidación Provisional de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso Público y que declara asimismo, junto al ministro de Sanidad, presuntos responsables contables -con "existencia de un presunto perjuicio en los fondos del Ayuntamiento"- a otros siete ediles de la Junta de Gobierno Local en febrero de 2007. Alonso y los concejales deberán de hacer frente al pago de más de medio millón de euros -entre principal e intereses- por irregularidades contables.

El Tribunal de Cuentas confirma la "existencia de un presunto perjuicio en los fondos del Ayuntamiento" por parte de la Junta de Gobierno de Vitoria que presidía Alonso

Uno de los ediles implicados por el Tribunal de Cuentas es el actual alcalde de Vitoria-Gasteiz y sucesor de Alonso, Javier Maroto, que entonces era concejal de Hacienda. Asimismo, el Tribunal cita en su escrito de Liquidación a los concejales Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz, Marian Castellanos, Alfredo Iturricha e Idoia Garmendia, que actuó como "Concejala Secretaria".

El Tribunal de Cuentas, que en las próximas horas entregará el informe a las partes para que presenten alegaciones, considera que son "tres los extremos en los que se ha pactado un 'precio superior' al que correspondía". La Instrucción señala asimismo que el importe del arrendamiento de los locales durante 20 años pactado en 2007 -6,2 millones, más del doble del precio de compraventa de los mismos por parte de Antón en 2006- no puede "justificarse en modo alguno", teniendo en cuenta las recomendaciones del informe técnico del 12 de enero de 2007 y que, a tenor de los hecho, el equipo de Gobierno local ignoró completamente.

Alonso y los siete ediles acordaron con el empresario pagar un alquiler superior al recomendado por los técnicos, actualizarlo por encima del IPC y pagar los gastos de comunidad

Los tres ejes del sobreprecio pagado por el equipo del hoy ministro Alonso son, según el documento en poder de este diario, por un lado, "el importe de la renta", que el informe técnico fija en más de 10.000 euros al mes frente a los 12.500 euros que se establecen en el contrato; por otro, "el sistema de actualización de la renta", ya que, aunque los técnicos recomendaban que la renta se actualizase "en función del IPC", el contrato negociado entre el Ayuntamiento de Alonso y el empresario Antón estableció porcentajes de "actualización superior" para varios años.

Por último, la Instrucción del Tribunal de Cuentas apunta a los "gastos de comunidad", pues aunque el informe técnico fija el precio partiendo de la premisa de que estos gastos los abonará el dueño de los locales, el contrato del Consistorio recoge que "los citados gastos sean por cuenta" de la institución local.