Los próximos días 3 y 4 de mayo se celebrará en el Congreso de los Diputados el debate de totalidad del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, después de su presentación por el Gobierno a la cámara hace dos semanas. Se trata de un debate que marcará en gran medida la agenda política hasta la llegada del verano. Mariano Rajoy y su Gobierno, que cumplirán medio año cuando se abra la sesión parlamentaria, se juegan en buena parte la legislatura con la suerte que corra el proyecto de las cuentas públicas para el actual ejercicio. De hecho, será el primer proyecto legislativo del Ejecutivo –salvo algunas transposiciones de directivas de la UE– que presenta el Gabinete de Rajoy a la cámara.

Ese primer trámite, salvo sorpresas de última hora, lo superará Rajoy con el apoyo anunciado de Ciudadanos, Coalición Canaria (CC) y PNV al sumar 175 escaños favorables, por lo que se garantiza que el resto de la oposición no logrará superar ese listón –a la tercera votación, las enmiendas de totalidad o de devolución decaen si no logran la mayoría-, por lo que el proyecto de PGE seguirá su tramitación parlamentaria.  Pero será una victoria efímera. A partir de ahí, le quedan dos meses de verdadero viacrucis para lidiar con miles de enmiendas que a buen seguro plantearán los grupos parlamentarios, incluidos los que le han respaldado inicialmente. A los PGE de los últimos años se presentaron una media de 5.000 enmiendas al articulado.

“El principal problema que tiene este Gobierno y su grupo es que no están acostumbrados a negociar los PGE”, señala una diputada que conoció este trámite durante los años de la mayoría absoluta de Rajoy. Pero en esta ocasión deberá concentrar sus esfuerzos en asegurarse los respaldos de Ciudadanos, PNV y CC y añadir, además, al menos el voto del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (NC), partido que concurrió en coalición con el PSOE. Es quien le proporciona el preciado voto 176 que da la mayoría absoluta en la Cámara Baja.

Será una situación inaudita para el Gobierno de Rajoy y en buena medida también para la cámara. Nunca antes un Ejecutivo tuvo que negociar con terceros desde una posición de extrema debilidad aritmética en el hemiciclo, 137 escaños de 350, y en un complicado marco económico con grandes fracturas sociales.

Tanto en las votaciones en comisión como, sobre todo, en la tediosa sesión plenaria final, con las enmiendas vivas de la oposición, Rajoy debe tener garantizados los 176 votos hasta el último recuento. Un solo fallo en alguna de las secciones en que se divide los Presupuestos puede suponer un descalabro y que el Gobierno se vea obligado a retirar su proyecto de PGE. Hasta ahora no ha ocurrido nunca desde 1978. Eso será, previsiblemente, la última semana del mes de junio. Pero, en paralelo a la tramitación del proyecto de los PGE, la agenda política estará condicionada por el proceso interno abierto en el PSOE para seleccionar a la persona que ocupará la secretaría general del partido y, de facto, la referencia de la oposición.

De momento, la ausencia de ese liderazgo –el partido está en manos de una comisión gestora desde el pasado mes de octubre– ha mermado la capacidad de interlocución de los socialistas, tanto con el Gobierno como con el resto de las formaciones que componen el hemiciclo. También, especialmente, con Podemos, formación que le disputa ser la alternativa al PP. Las tensiones internas en el PSOE, que se han traducido en la competición de tres candidaturas por alcanzar el liderazgo, está lastrando su acción de oposición, reconocen abiertamente en el grupo parlamentario socialista. Esa situación no se despejará hasta el 21 de mayo, día fijado para la votación de los militantes socialistas entre los tres aspirantes. El segundo capítulo se dirimirá los días 16, 17 y 18 de junio, cuando se celebre el XXXIX Congreso Federal del partido.

En ese contexto, hay que enmarcar también el proceso soberanista emprendido por el Govern de la Generalitat con un respaldo mayoritario del Parlament de Catalunya. De hecho, tras la aprobación de los presupuestos catalanes con una partida para la celebración del referéndum de independencia se ha entrado en la recta final de esta iniciativa. La pugna que mantiene el Gobierno de Rajoy con el Govern de Puigdemont para evitar la materialización de la consulta, prevista inicialmente para la segunda quincena de septiembre aunque algunas voces no descartan su adelantamiento, se dirime de momento por caminos judiciales, especialmente con la actuación del Tribunal Constitucional.

En los próximos dos meses "las costuras pueden reventar, aunque es difícil saber qué daños producirá en el traje", describe otro veterano parlamentario conocedor de las relaciones entre Madrid y Barcelona para explicar la tensión existente entre ambas posiciones. "Lo peor de todo es que no hay puentes, no existe la interlocución; cada vez menos. La expulsión de Francesc Homs del hemiciclo ha sido más perniciosa de lo que pueda perecer", insiste la citada fuente tras pedir el anonimato.

Pues bien, en medio de ese clima ha echado a andar en el Congreso de los Diputados la comisión de investigación sobre la actuación presuntamente delictiva del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz al utilizar a efectivos policiales para perjudicar a adversarios políticos, especialmente relacionados con el proceso soberanista en Catalunya. Tras la comparecencia inicial ante los comisionados del propio Fernández Díaz y del ex director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, cuyas conversaciones desveladas por Público generaron un auténtico escándalo político, los trabajos se dirigen ahora a la petición de nuevos comparecientes y análisis de abundante documentación solicitada.

Pero sucede que no hay consenso entre los grupos, lo que puede afectar gravemente al esclarecimiento de lo sucedido. Ese clima también puede abonar el descrédito sobre este tipo de comisiones, que no se creaban en la cámara desde el año 2004. Porque hay otras dos comisiones de investigación aprobadas y pendientes de constituirse antes de que llegue el verano. Las dos son de gran trascendencia: las circunstancias en las que se llevó a cabo la privatización del sector público bancario, especialmente Bankia, y la presunta financiación ilegal del PP puesta al descubierto con los casos Gürtel y Púnica, entre otros.

Por si fuera poco, esa intensa agenda política se recarga con la obligación que tiene el Gobierno de presentar a Bruselas, con el recomendable respaldo de una mayoría parlamentaria, el techo de gasto o marco macroeconómico para 2018 antes de que acabe el mes de junio. Es decir, muy probablemente Rajoy hará coincidir la probable aprobación de los PGE para 2017 con la presentación del techo de gasto para 2018.

En medio de este alambicado calendario, Rajoy tiene un par de citas complicadas: la cumbre de la OTAN a finales de mayo en Bruselas, con la presencia por primera vez de Trump en ese foro, y el Consejo Europeo de la UE del 22 de junio en el que los 27 deben hacer una declaración formal sobre el proceso ya iniciado del Brexit. Por si fuera poco, a primeros de junio debe asistir a la cumbre del G-20 en Hamburgo y, claro, no es lo mismo acudir con los PGE aprobados que con una derrota parlamentaria estrepitosa.

Eso sí, por segundo año consecutivo, Rajoy se ha librado del debate sobre el estado de la nación, una de las escasas tradiciones –no está reglado en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso de los Diputados–, que se celebra desde 1983, cuando lo propuso Felipe González. Nunca antes hubo dos años sin esa cita. Habrá que esperar a finales febrero del año próximo, si el peculiar calendario parlamentario de esta legislatura lo permite o aconseja.