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El fin del carbón abre grietas en los partidos a pocos días de las elecciones

Debates internos

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Una marcha de mineros en España. JAIRO VARGAS

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MADRID. -El carbón, el combustible fósil más contaminante y una fuente energética que la Unión Europea quiere ir poco a poco desechando, está suponiendo un pequeño quebradero de cabeza para los partidos políticos en España, a pocas semanas de la cita electoral del 26 de junio.

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El acuerdo lanzado por los sindicatos y la patronal no es casual. Llega después de que el viernes pasado la Comisión Europea anunciara su autorización para que España ponga en marcha un plan de ayudas de 2.130 millones de euros para el cierre de 26 minas de carbón en 2018, tal y como establece la normativa europea, y que compromete al Estado a “recuperar toda ayuda” que haya recibido un yacimiento si no ha sido clausurado antes de esa fecha. Según la Comision, España presentó este plan en abril para su aprobación por parte de Bruselas.

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El anuncio de Bruselas pone en una situación delicada al PP. Castilla y León, gobernada por los conservadores y afectada por el cierre de la minería, no ha confirmado todavía su firma al documento, aunque es partidaria del mismo. Pero puede encontrar las reticencias de la dirección nacional. “Sabemos que en el PP de las comarcas están muy preocupados, pero estamos confiados en que finalmente asistan”, ha señalado Pedro Iglesia, de Carbunión.

El uso de carbón, disparado

Este debate se produce precisamente cuando la quema de carbón en España para la generación de energía experimenta una considerable subida. Según datos de Red Eléctrica, el uso de este combustible se incrementó un 23,4% en 2015 con respecto a un año antes. Nuestro país es el quinto de la UE con el mayor porcentaje de producción de energía con carbón, pero la mayor parte es importado. El nacional, asegura Carbunión, apenas ha supuesto un 3% del total en los últimos años. A su vez, el sector en nuestro país ha perdido el 93% de sus trabajadores en menos de 30 años, pasando de 50.853 empleados en 1985 a unos escasos 3.279 en 2013, según datos de Comisiones Obreras.

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