El espectáculo lamentable en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) promete no cesar en las próximas semanas. Al menos, así parece tras el pleno de este jueves en el órgano de gobierno de los jueces en el que ha quedado patente el órdago de la mayoría del sector conservador [10 vocales] no sólo al Gobierno sino también al Poder Legislativo. 

Ocho de esos vocales --Ángeles Carmona, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez y Juan Martínez-- han conseguido su propósito: iniciar la negociación del nombre de los dos candidatos al TC pero sin plazos, a su ritmo. 

Pero los plazos los fija la ley. En concreto, el artículo 599 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece el plazo de tres meses desde que caducó el mandato de los dos magistrados designados por el gobierno de los jueces como tope para su renovación. Este artículo quedó modificado, junto con el 570, el pasado mes de julio en la reforma de la LOPJ que aprobó el Congreso para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. 

El próximo 13 de septiembre vence ese plazo máximo, puesto que los mandatos de los magistrados Juan Antonio Xiol, vicepresidente del Constitucional, y de Santiago Martínez Vares, llegaron a su fin el pasado 12 de junio, tras nueve años en el tribunal de garantías. Ambos fueron elegidos por el Consejo General del Poder Judicial en 2013. 

Fuentes del CGPJ indican a este medio que no hay visos de que antes de esa fecha pueda producirse un acuerdo sobre los dos candidatos. En el pleno de este jueves se ha decidido que no se convocará un nuevo pleno hasta que no se alcance el consenso y, a la vista de la tensión entre los sectores progresista y conservador del Consejo, dichas fuentes no auguran un inminente acuerdo. 

De incumplirse con lo que marca la ley, se produciría una insólita situación sin precedentes. Las renovaciones por tercios de los doce magistrados del Tribunal Constitucional no suelen ser fáciles y de hecho suelen revertir el equilibrio de fuerzas cuando le corresponde al Gobierno designar a sus candidatos.

El Ejecutivo debe nombrar a dos magistrados cada nueve años; igual que el CGPJ. El Congreso y el Senado deben designar cuatro magistrados cada una de las cámaras en ese periodo. Así lo estipula la Constitución, que indica que la renovación se tiene que hacer por tercios, es decir, cada cuatro magistrados. 

Un precedente en 2004

La renovación del tercio que corresponde al CGPJ y al Gobierno debe producirse a la vez. Y aquí radica el escollo. Hasta que el gobierno de los jueces no designe a sus candidatos, el Ejecutivo no podrá nombrar a los suyos, aunque sí los  puede dar a conocer. 

Eso ocurrió en 2004 cuando tocó renovar el tercio del Gobierno y del CGPJ. En aquel momento, el plazo se retrasó en espera de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomara posesión tras las elecciones generales, pero el CGPJ procedió a elegir a sus dos candidatos, uno progresista y otro conservador, como es la tradición. Sin embargo, la designación no se produjo hasta que el Ejecutivo nombró a los suyos, logrando una mayoría progresista en el tribunal de garantías. 

Aquella mayoría se esfumó cuando el gobierno de Rajoy nombró a sus dos magistrados, en 2013, y el CGPJ hizo lo propio; mayoría conservadora que sigue a día de hoy en el Tribunal Constitucional y que se revertirá en la próxima renovación. 

Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que pronunciarse sobre si mantiene en su determinación de nombrar a sus dos magistrados antes del día 13, como indica la ley, o únicamente da a conocer sus nombres, o espera a que el pleno del CGPJ vote a sus candidatos, para lo que no hay fecha, en una clara vulneración de la LOPJ.