El Estado desampara a la última víctima de la Guerra Civil

“Le pegaron tres tiros. Las balas la atravesaron y quedaron incrustadas en la pared de la casa. Antes habían violado a una sobrina suya de unos veinte años y habían decapitado a un sobrino de catorce. Mi madre, que tenía once años, llegó con mi abuelo y vio la agonía y la muerte de la suya, empapada en sangre”, explica Albert Gabarró, hijo de aquella niña.

La atroz escena, que trastornó de por vida a esa niña, Miguela Gascón, según recoge un informe del hospital barcelonés Dos de Maig, ocurrió el 13 de marzo de 1938 en el pueblo turolense de La Zoma, una pequeña localidad de las Cuencas Mineras turolenses de apenas centenar y medio de vecinos que, tras pasar casi dos meses atrapada entre las líneas del Ejército Popular y las de los sublevados en el frente de Teruel, fue asaltada por los regulares rifeños –“las tropas moras de Franco”, en el argot de la época-.

Sin embargo, tanto la Seguridad Social como el Tribunal Económico Administrativo Central –en este caso por silencio- y la Audiencia Nacional en una reciente sentencia, han negado a Miguela Gascón, hoy de 90 años y viuda desde hace más de ocho, la condición de mutilada de guerra, algo que la ley reconoce a todo ciudadano que, fuera civil o militar, hubiera resultado herido en la guerra civil o padezca una “disminución notoria de sus facultades físicas o psíquicas” como “consecuencia directa o indirecta de acciones bélicas”. Da derecho a pensiones de unos mil euros mensuales.

“Quedó traumatizada tras ver morir a su madre”

Ese día, solo diez después de que la aviación legionaria italiana hubiera sembrado de muerte la cercana ciudad de Alcañiz, a 60 kilómetros, entró a sangre y fuego en el pueblo un grupo de reguilares rifeños que, en otro episodio de su sanguinaria intervención en la guerra civil, robó, mató y violó en un ataque relámpago.

El acta de defunción de Miguela, a la que ha tenido acceso Público, constata cómo esta murió por “heridas de arma de fuego ocasionadas por los moros al liberar el pueblo los nacionales”. Y da fe también, aunque el documento no lo incluya, del carácter sanguinario de esa tropa del bando franquista. Ni siquiera preguntaban: la familia de la fallecida, que tenía dos hermanos religiosos, era partidaria de los sublevados.

“La gente corrió a esconderse en el molino cuando dieron la alarma, pero mi abuela se quedó en la casa”, explica Gabarró. La escena que su marido y sus hijos hallaron resultaba estremecedora.

Miguela, la quinta de seis hermanos, sufrió un cuadro de “temor, desesperanza y horror intensos” que le generaron un cuadro de estrés postraumático al que más tarde, por la cronificación de un ánimo depresivo al que se sumaron alteraciones del sueño, baja autoestima, dificultades para concentrarse, sentimientos de desesperanza y un trastorno del sistema inmunitario conocido como anergia, se añadió una distimia.

Ambos trastornos tienen “causalidad exclusiva” con el asesinato de su madre, según señala un informe del servicio de Psiquiatría del Dos de Maig fechado el 17 de octubre de 2011, cuando la mujer, residente en Barcelona, llevaba dos décadas de seguimiento.“Miguela quedó traumatizada tras ver cómo moría su madre”, sostiene Manuel Alcaraz, el abogado que ha llevado el pleito hasta la Audiencia Nacional, que sostiene que “esos hechos le acarrearon lesiones psíquicas” de por vida, como “miedos e incapacidades, estado anímico depresivo y recuerdos intensivos relacionados con esta época”.

¿Cosas de la edad?

Tanto la Seguridad Social como la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso de ese tribunal, que se basan en un informe de la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats del Institut Català de la Salut, mantienen que se trata de una “patología múltiple producida por enfermedad común” y no de un trastorno causado por la muerte de su madre a manos de los regulares rifeños.

Sin embargo, ningún psiquiatra de ese organismo llegó a evaluar a Miguela, sino que su informe se basa en el análisis de los documentos que presentó su familia para solicitar la pensión de orfandad con minusvalía -156 euros mensuales- que sí le fue concedida en 2011 con carácter retroactivo a la fecha de la muerte de su esposo, ya que la legislación franquista impedía que pudiera acceder a ella antes de enviudar. De hecho, le había sido denegada en 1984 por ese motivo.

Con todo, y pese a rechazar su reclamación, la Audiencia Nacional, que apunta que el psiquiatra no vincula las patologías con el crimen de 1938 “de manera indudable” y llega a señalar que “estos padecimientos múltiples son enfermedades comunes, derivadas casi de la edad”, no tiene una postura tajante y mantiene dudas sobre si Miguela es o no una mutilada de guerra: “hay múltiples alteraciones y padecimientos en la recurrente y por tanto no hay un prueba indudable que nos permita afirmar que esos padecimientos son producto de los hechos bélicos presenciados”, señala. De hecho, el tribunal la exime de pagar de las costas del pleito, algo que sólo ocurre cuando un tribunal aprecia que el demandante tiene fundamentos para litigar y que su reclamación no es temeraria.

La familia ha solicitado ahora que se le asigne un abogado de oficio para llevar el asunto al Supremo. “Llegaremos al Constitucional y a Estrasburgo si es necesario. No es solo la paga, se trata del reconocimiento de los hechos”, explica Gabarró, que critica que la Audiencia Nacional “ha resuelto la petición de mutilada de guerra con los informes de huérfana minusválida”.