Detenida la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell (ERC), por presunta corrupción
Se investiga la presunta corrupción en la concesión de subvenciones municipales a entidades sociales en una operación en la que también ha sido arrestado el concejal republicano Jaume Monasterio y tres técnicos del Consistorio.
La Policía Nacional ha detenido a la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, de ERC, en el marco de la operación desplegada este miércoles por presunta corrupción en la concesión de subvenciones municipales a entidades sociales, entre los años 2017 y 2022.
Según han informado fuentes cercanas al caso a la Agencia Efe, además de Carbonell, los agentes han detenido al concejal de ERC Jaume Monasterio y a tres técnicos del Consistorio.
Fuentes cercanas a los hechos han explicado a Europa Press este miércoles que el Juzgado de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) está investigando desde mayo de 2022 a 13 personas -entre ellas la alcaldesa y ocho concejales- por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Entre otros, se investiga la actuación del Consistorio respecto a la Taula del Tercer Sector y una Cooperativa de la población en la adjudicación de subvenciones y contratos menores entre el 2017 y 2022.
Además de los representantes del Consistorio, se está investigando a cuatro particulares que formaban parte de una de las cooperativas investigadas.
Durante este miércoles por la mañana, los agentes han realizado varios registros en domicilios y espacios y departamentos del Ayuntamiento para intervenir documentación relacionada con las entidades investigadas.
La actual alcaldesa, que acaba renovar en su cargo, lideró el Gobierno municipal en la etapa 2019-2023 con el apoyo del Grup Independent y de Guanyem Sitges (una coalición de la CUP y los comunes), que se halla dentro del periodo que investiga el juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú.
Las irregularidades investigadas afectan también a la anterior etapa en el Ayuntamiento de Sitges, del que fue su alcalde Miquel Forns, de CiU, entre los años 2015-2019.
El Ayuntamiento asegura que ya investigó las subvenciones
El Ayuntamiento de Sitges (Barcelona) asegura que investigó internamente las subvenciones a entidades sociales presuntamente irregulares, sin apreciar responsabilidades administrativas ni penales, aunque inició el proceso para devolver las que no estaban bien justificadas.
El Consistorio mantiene que las subvenciones que se investigan ya habían sido analizadas internamente una vez se detectaron "posibles irregularidades externas".
La investigación, añade el Ayuntamiento, se encargó a "profesionales jurídicos" y las subvenciones quedaron suspendidas, mientras se revisaban los expedientes y se iniciaba el proceso para la devolución de las ayudas que "no estaban plenamente justificadas".
Según el comunicado, el Ayuntamiento "dispone de informes que aseguran la ausencia de responsabilidades administrativas, y aún menos penales", en dichas subvenciones, y que demuestran la "diligencia" del Consistorio.
La nota de prensa subraya que el Ayuntamiento de Sitges "es una institución transparente, que dispone de un código ético riguroso que asegura los máximos estándares de integridad". Añade que se pone "a disposición de las autoridades" y ofrece su "total colaboración en aquello que sea necesario".
ERC afirma que la alcaldesa ya avisó de irregularidades
ERC ha asegurado que la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell y el Consistorio pusieron en conocimiento de los equipos jurídicos los hechos que son objeto de investigación al detectar presuntas irregularidades.
Así lo han explicado en un comunicado después de que la Policía Nacional haya detenido a Carbonell y a otras cuatro personas, entre ellas el concejal Jaume Monasterio, también de ERC, por presuntas subvenciones irregulares.
Según los republicanos, Carbonell ordenó parar las subvenciones e inició expedientes "para reclamar las subvenciones no justificadas". También constatan que el comunicado enviado por el Consistorio recoge que hay informes técnicos que descartan "cualquier tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal".
A la espera de recopilar toda la información necesaria para ponerla a disposición de los canales éticos que corresponda, reiteran su compromiso con la gestión "pulcra y transparente de los recursos públicos, en contra de la corrupción, avalada por una trayectoria impoluta en este sentido durante los 92 años de historia" de la formación.
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