La dictadura de Videla eligió España como refugio principal

Sus víctimas jamás olvidarán los golpes, los insultos, las amenazas. Raúl Antonio Guglielminetti, también conocido como Mayor Guastavino, fue uno de los torturadores más aplicados de la dictadura argentina. Cuando el régimen estaba por derrumbarse, huyó a España, donde logró vivir varios años en absoluta tranquilidad. No sería el único, ni tampoco el último: según ha podido confirmar Público, este país fue el elegido por los jefes del régimen como destino para varios de sus monstruos.

Archivos secretos localizados por este periódico revelan que el 19 abril de 1982, en plena guerra de las Malvinas -derrota bélica que aceleraría el fin del régimen militar-, los jefes del Ejército argentino encargaron un detallado informe sobre cómo instalarse en España, los hábitos de vida de sus ciudadanos y todo aquello que fuese necesario para pasar desapercibidos entre la población. La solicitud fue derivada al personal diplomático argentino que se encontraba destinado en las ciudades de Madrid, Barcelona, Cádiz, Vigo, Bilbao y Las Palmas, ciudades en la que existían consulados de la dictadura.

El informe debía incluir "planos de la ciudad, con dirección o manos de tránsito", "guía de los subterráneos (metro)", el precio del billete en dicho medio de transporte y la forma de adquirirlo. También requería datos y planos de los aeropuertos, así como una descripción detallada de las zonas de pasajeros "desde que entran hasta la puerta de salida". Además, querían saber quiénes efectuaban los controles en las terminales aéreas de este país.

Del mismo modo, los militares argentinos requerían información sobre el "sistema para alquilar departamentos, casas, automóviles" y las vías para acceder a cajas de seguridad "en bancos y aeropuertos", incidiendo especialmente en cuáles eran los "controles" que existían en esos ámbitos. Renglón seguido, el ejército pedía una descripción de los "usos y costumbres según las esferas sociales" en España, lo que debía ir acompañado por "fotografías de la forma de vestir de sus habitantes".

Por último, el informe encargado a los consulados tenía que incluir un coste estimado de vida,"incluyendo comidas, alojamiento, distracciones y viajes". "Los gastos que demande este requerimiento en lo relacionado a publicaciones, mapas, fotografías, etc, serán absorbidos por esta Agregación Militar", aclaraba la solicitud. Este documento llevaba la firma del agregado del ejército en España, el coronel Jorge Raúl Crespi, un salvaje torturador que anteriormente había prestado funciones en campos de concentración de Buenos Aires.

Aquella no era la primera vez que la dictadura trataba de reunir información sobre la entrada a territorio español. El 24 de enero de 1978, el gobierno de Adolfo Suárez había remitido a Buenos Aires los "manuales de seguridad del tráfico aéreo de empresas españolas y de la Dirección General de Aeropuertos", tal como había solicitado la representación diplomática de Videla algunas semanas antes. "El ministerio de Asuntos Exteriores ruega a la embajada de la República Argentina en Madrid que, dado el carácter confidencial de los manuales en cuestión, dé a los mismos el restringido uso oportuno", señalaba la nota.

Seis meses después, el régimen militar volvió a solicitar información "sobre las normas que rigen en los aeropuertos internacionales españoles para la utilización por parte de los diplomáticos" de distintas áreas, como los salones VIP y el acceso a las instalaciones de Aduana. La dictadura también preguntaba por las "medidas de control y seguridad vigentes que se aplican a pasajeros y equipaje", así como el "acceso a la pista", incidiendo en "quiénes y hasta dónde pueden llegar".

Estos datos resultaban claves para que los agentes de Videla pudiesen desembarcar en España sin levantar la más mínima sospecha. Varios de ellos aterrizaron en este país durante la dictadura, con la finalidad de espiar a los exiliados argentinos. Otros lo hicieron a partir de 1983, cuando el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" llegaba a su inexorable fin. Según ha podido confirmar Público, algunos torturadores se habrían instalado en la zona de Majadahonda (Madrid), donde intentaron ocultar su pasado y se hicieron pasar por amables ciudadanos argentinos. Entre ellos estaba Jorge Fotea Dimieri, Lobo, un suboficial de la Policía Federal que consiguió papeles en España. Su extradición a Argentina se produjo en enero de 2007. Hasta entonces, el asesino del escritor Rodolfo Walsh había estado a cargo de un restaurante y de una tienda de frutos secos.

Su nombre ya figuraba en un informe elaborado por la Policía Nacional en diciembre de 1996, siguiendo órdenes del juez Baltasar Garzón. Entre otros aspectos, el inspector jefe con carnet profesional número 12.638 destaca que "algunos de los que participaron en las torturas y asesinatos de nuestros conciudadanos, una vez que se instauró en Argentina la democracia, abandonaron el país, estableciéndose en otros, entre ellos España". Además de los casos de Fotea y Guglielminetti -detenido el 20 de junio de 1985 en Marbella y extraditado a Argentina, donde actualmente cumple condena por delitos de lesa humanidad-, el documento policial incluía los nombres del agente de Inteligencia argentino Leandro Ángel Sánchez Reisse -detenido el 28 de mayo de 1995 en Barrameda (Cádiz) y posteriormente extraditado a Buenos Aires-, y de otros dos ciudadanos argentinos que a día de hoy seguirían viviendo en España: L.G.A., domiciliado entonces en Guardamar (Alicante), y A.D.H., "nacionalizado español desde octubre de 1986 y domiciliado en Madrid".

En efecto, fuentes de la colectividad argentina han asegurado a Público que algunos militares y civiles involucrados en la dictadura continuarían a día de hoy en España, donde habrían tejido una compleja red de empresas. "Existen sospechas (...) de que alguno o algunos de los imputados, varios de los cuales residieron en España durante algún tiempo, pudieran haber ocultado en nuestro país fondos procedentes del expolio a las víctimas del genocidio. Igualmente resulta posible que, con dicho dinero, hubieran efectuado inversiones inmobiliarias o de otro tipo en nuestro país", advirtieron los abogados de las víctimas argentinas en el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional en los años 90. "Tampoco cabe descartar la posibilidad de existencia de cajas de seguridad que pudieran contener documentación al respecto", añadían. Estas graves denuncias jamás fueron aclaradas.