La decisión de Francina Armengol de situar la fecha de la investidura de Alberto Núñez Feijóo el 26 y 27 de septiembre, más de un mes después que este martes el rey Felipe VI encargara al presidente del PP intentar formar Gobierno, tiene sin duda una justificación técnica y varias consideraciones políticas. Pero sobre todo tiene consecuencias diversas.

La justificación técnica se sustenta en el hecho de que, de no producirse la investidura la semana que viene, convenía retrasarla hasta finales de septiembre para que la puesta en marcha del cronómetro constitucional no supusiera el peligro de llevar los tempos a una repetición electoral en el periodo festivo que va de Navidad a Reyes.

Y el caso es que Armengol ha dado por buenas las alegaciones de falta de tiempo para una supuesta negociación esgrimidas por Feijóo, aunque resulte del todo sorprendente que el líder del PP no empiece a negociar hasta la semana que viene, y sin saber con quién más va a negociar –dado el rechazo absoluto de todos los grupos que van del PSOE al PNV, pasando por Sumar o los independentistas vascos y catalanes– aparte de los apoyos ya conseguidos de Vox, UPN y Coalición Canaria.

En cuanto a las consideraciones políticas de la decisión de la fecha a nadie se le escapa que Feijóo ha buscado ganar tiempo para preparar una investidura instrumental, que tiene más que ver con una escenificación que le permita afrontar las críticas internas en el PP por la gestión electoral, y cargarse de argumentos para una repetición electoral, que con un escenario real que le permita en este mes conseguir sumar los apoyos necesarios para asumir la presidencia del Gobierno español.

Aunque sea a costa de asumir una derrota segura y de disponer de un mes de foco mediático, pero con un protagonismo envenenado ya que cada día engrandecerá la imagen de impotencia interpretando el papel de negociador sin negociadores posibles.

Consecuencias para la investidura de Sánchez

Pero la designación del 26 y 27 de septiembre para la investidura de Feijóo tiene sobre todo consecuencias, especialmente sobre el calendario negociador. Y afectando paradójicamente más a Pedro Sánchez que al líder del PP, protagonista de esa primera sesión de investidura.

Consecuencias en positivo y en negativo. En positivo porque Sánchez gana tiempo para afrontar una difícil negociación con Junts y ERC. En palabras del propio president de la Generalitat "larga y compleja". Y en la cara también estaría el poder alejar el momento para cerrar un posible acuerdo con los independentistas del mes de septiembre, siempre tempestuoso, políticamente hablando, en Catalunya.

En la cruz de este alargado calendario está el hecho de que se puede ver salpicado por decisiones judiciales sobre diversos casos que afectan a Junts y a ERC, con el consecuente impacto político sobre las negociaciones. Y es que la dilación de la investidura forzada por Feijóo abre la puerta a obstáculos judiciales en el calendario negociador de Sánchez.

Por ejemplo, la resolución del Tribunal de Cuentas en noviembre contra un buen número de cargos independentistas, los recursos contra los indultos en el Tribunal Supremo, el recurso sobre la inmunidad de Puigdemont en Luxemburgo y otros casos judiciales del Procés en tribunales ordinarios. Todos ellos se pueden precipitar en plenas negociaciones.

Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que las decisiones judiciales impactan sobre la política española, incluso sobre la anterior investidura de Sánchez cuando la Junta Electoral Central dictaminó la retirada del escaño de diputado en el Parlament al entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra. El hecho generó tensión política pero entonces Junts no era necesario para la investidura de Sánchez. Ahora el partido de Carles Puigdemont es imprescindible.

La sentencia por la escolta de Puigdemont, inminente.

Uno de los primeros casos judiciales que muy probablemente explotará en el camino de minas judiciales hacia la investidura de Pedro Sánchez es la sentencia contra el exconseller de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos Lluís Escolà.

Los dos acusados de malversación de fondos públicos nada menos que por supuestamente proporcionar escolta policial con agentes de los Mossos al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante los primeros tiempos de su llegada a Bruselas en 2017, después de la declaración de independencia en el Parlament de Catalunya y la aplicación del artículo 155.

La Fiscalía se reafirmó en reclamar seis años de cárcel para Buch y cuatro para Escolà, que en caso de condena implicarían su ingreso en prisión. La sentencia se puede producir en cualquier momento a la vuelta de las vacaciones de agosto y de ser condenatoria impactaría en Junts sin duda, por tratarse del ataque a personas que colaboraron en la seguridad del propio Puigdemont y porque Buch, a pesar de haber perdido peso en los últimos años, ha sido un dirigente importante en Junts.

El Tribunal de Cuentas en la recta final clave

Otro tema relevante que fuentes de Junts y ERC han asegurado que está sobre la mesa negociadora tiene que ver con el Tribunal de Cuentas. Una causa por el gasto del 1-O y la acción exterior del Diplocat con fuerte repercusión económica que asciende a una multa de 3,1 millones de euros según la petición de la Fiscalia. Y que afecta a los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y una treintena de funcionarios y ex altos cargos más.

El juicio tendrá lugar en Madrid el 17 de noviembre y con el calendario forzado por Feijóo se sitúa en plena posible recta final de la negociación para la investidura de Sánchez, que tendrá como tope el 27 de noviembre.

El escrito del tribunal propone interrogar a diversos implicados entre ellos a Puigdemont. El Tribunal de Cuentas desestimaba a mediados de diciembre la petición de la defensa del expresident Carles Puigdemont y de los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de detener la causa de la responsabilidad contable del 1-O contra los tres.

El letrado Gonzalo Boye pedía que se les apartara de la causa argumentando que tenían inmunidad. Ahora, además, esa inmunidad no está en vigor. Las fuentes de ERC y Junts ponen el acento en resolver este tema ya que el Tribunal de Cuentas no supone un juicio penal porque es un órgano administrativo. Pero si en el inicio de las conversaciones entre el PSOE, ERC y Junts este tema se situaba para después de la investidura ahora impactará con ella en ciernes.

Un cambio en la composición del Tribunal de Cuentas más favorable a la mayoría progresista ha ido rebajando la agresividad que mantenía este ente con los casos independentistas en tiempos del control por parte del PP. De hecho, la petición inicial era de 9,5 millones de euros para los encausados rebajada hasta los 3,1 millones actuales.

Los independentistas exigen que se cierre este caso y una opción sería que la Fiscalía retirase la petición alegando "falta sobrevenida de objeto" o reduciendo la cifra a una cantidad ínfima. De hecho, la Abogacía del Estado ya decidió no presentar demanda en la causa al considerar que el Estado no era parte perjudicada, coincidiendo con las negociaciones de la mesa de Diálogo entre los gobiernos del PSOE y UP y el de ERC.

Un cambio en la petición de la Fiscalía no garantiza que el Tribunal acepte la rebaja ya que en la causa está también personada la entidad españolista Sociedad Civil Catalana que pide 5 millones a 11 ex altos cargos de la Generalitat.

La inmunidad de Puigdemont sobrevuela la negociación

Aunque Carles Puigdemont no se cansa de repetir que la negociación de la investidura de Sánchez "no busca soluciones personales para nadie" no cabe duda de que uno de los temas judiciales que supone un verdadero botón nuclear en este proceso es el de la inmunidad del expresident de la Generalitat.

Después de la retirada de la inmunidad por parte del Tribunal General de la Unión Europea, tal como aprobó el Parlamento Europeo en aplicación del suplicatorio demandado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, la situación de Puigdemont transita por el filo de la navaja.

Tanto Puigdemont como los otros dos eurodiputados que tienen causas pendientes, Toni Comín y Clara Ponsatí, han presentado recurso ante esta decisión al Tribunal de Justícia de la Unión Europea. Pero lo cierto es que tanto el expresident como Comín –Ponsatí ya puede transitar por el Estado español sin peligro a ser detenida al haberse rebajado la petición a desobediencia después de la reforma del Código Penal- se ven expuestos sin la inmunidad a una detención -como consecuencia de una euroorden emitida por Llarena- acusados de malversación.

Una situación que, de producirse, haría saltar sin duda por los aires cualquier posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. De momento parece que Llarena tiene previsto respetar su anuncio de no emitir ninguna euroorden hasta que le proceso sobre la inmunidad acabe en Luxemburgo.

De hecho, este pasado lunes Carles Puigdemont ya puso a prueba esa intención participando en un acto de homenaje a Pau Casals en la Catalunya Nord, en el Estado francés. La inquietud se apoderó de todas las partes negociadoras, tanto en Junts como en el PSOE, por lo que pudiera pasar ya que Francia es un país en que la detención sería mucho más probable que en Bélgica donde reside el expresident.

El propio expresident de la Generalitat, Quim Torra -que también participó en el encuentro-, lo dejó claro: "hay un cierto riesgo, si fuera detenido todo saltaría por los aires". Al final no se vio ni un solo gendarme en el acto y todo transcurrió con absoluta normalidad.

Por otra parte, los tempos de este caso son un poco más favorables a la negociación de la investidura ya que el tribunal dispone de seis meses para decidir sobre el recurso una vez presentado por Puigdemont y Comín a principios de septiembre, y además podría otorgarles una inmunidad cautelar. Pero si el tema se cerrara con una cierta celeridad y Llarena activara las euroórdenes, las consecuencias políticas serían obvias.

Los recursos sobre los indultos y su posible revocación

Si Puigdemont fuese el botón nuclear del exterior, la revocación de los indultos lo sería en el interior de Catalunya. Este es un tema pendiente que muchos dan por amortizado pero que en realidad está pendiente de una decisión definitiva.

Aunque en la judicatura todo el mundo da por hecho que la revocación no se dará, lo cierto es que hace poco más de un año el Tribunal Supremo decidió cambiar su criterio y admitir a trámite diversos recursos contra los indultos concedidos por el Gobierno español a los nueve dirigentes independentistas encarcelados por la sentencia del Procés.

A pesar de haberlos rechazado en primera instancia, un cambio en la composición de la sala encargada del tema provocó en mayo del año pasado una sorprendente revisión de la decisión y la aprobación de la admisión de los recursos por 3 votos a 2. Entre ellos los del PP, Vox y Ciudadanos.

El Supremo fijó su pronunciamiento al respecto para una vez estudiado con detenimiento los recursos. Un año y medio después quizás el estudio pueda estar concluido y veremos cuando se pronuncia el alto tribunal.

La ministra portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, defendió los indultos en aquel momento: "El Gobierno defiende no sólo la legalidad de los indultos sino la utilidad para la convivencia en Catalunya". Y aunque desde el PSOE quitan trascendencia a la cuestión porque aseguran que la revocación no es posible, en el independentismo las cosas se ven diferentes y con mayor inquietud.

El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, lo tiene claro: "Hemos visto lo que son capaces de hacer con sentencias terribles totalmente injustas y sin fundamento. Cualquier cosa es posible cuando se trata de la justicia española". Y añade: "De la cárcel salimos más fuertes y convencidos que nunca. Y así nos mantendremos, por muchas veces que nos amenacen con volver a meternos en ella".

También desde Junts mantienen su desconfianza algunos expresos como Quim Forn o Josep Rull: "Como hemos visto lo que nos ha pasado y hemos visto cómo actúa el Tribunal Supremo, nos lo podemos creer absolutamente todo, porque esto no va de derecho, esto va de venganza".

Procesos judiciales por el 1-O en ciernes

Por su parte aún habría que sumar a las múltiples minas judiciales sembradas en el camino de la investidura diversos procesos judiciales aún pendientes sobre la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. El más importante, el que instruye el tribunal Superior de Justicia de Catalunya después de tomar el relevo al juzgado número 13 de Barcelona.

Un proceso que incluye diversos ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos importantes dirigentes de Esquerra como Josep Maria Jové, portavoz en el Parlament y uno de los principales negociadores republicanos, o Lluís Salvadó en la actualidad presidente del Port de Barcelona. También entra en este caso la consellera de Cultura del Govern de la Generalitat, Natàlia Garriga.

La previsión es que el juicio pueda empezar entre finales de septiembre y principios del año que viene. Con que se agilicen un poco los trámites veremos, en plena negociación para la investidura, a parte de la cúpula de Esquerra sentada en el banquillo de los acusados, afrontando duras peticiones de prisión y procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

La Abogacía del Estado ya ha aflojado un poco en este caso esgrimiendo la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno español y ERC el pasado diciembre para pedir que se aplique a Jové el nuevo delito de malversación atenuada —solicitando para él tres años y medio de prisión— y no acusar de ningún delito a Salvadó. Pero la Fiscalia mantiene una dura petición de siete años de cárcel para Jové y seis años y tres meses para Salvadó.

A estas causas de mayor envergadura que centrarán la atención este otoño, los independentistas tienen pendientes otras que pueden impactar igualmente en la negociación de la investidura. Es el caso de múltiples juicios a ciudadanos por su participación en las protestas por la sentencia del Procés en 2018. O podemos ver como la consellera de Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, debe dejar su cargo si el Supremo ratifica en las próximas semanas o meses, en plena negociación, la sentencia del TSJC que la condenó a un año de inhabilitación por la organización del referéndum del 1-O.

Siempre se dice que los tiempos de la justicia no son los de la política, pero en materia de independentistas catalanes la frase aguanta poco la hemeroteca. Así que tanto en Junts como en ERC ya se preparan para que pueda explotar más de una mina judicial en el camino para la investidura de Pedro Sánchez.

Para Esquerra "no es ningún secreto la politización de la alta judicatura española, los jueces hacen política con las togas y la intromisión en los asuntos políticos es constante. En temas diversos, pero cuando se trata del independentismo sin ninguna duda", aseguran fuentes de la dirección republicana.

En Junts no se pronuncian, pero su consideración de la justicia española no es nada diferente. "Lo importante es que encontremos una manera de acabar con la represión, desjudializar el conflicto y devolverlo a la senda de la política para su resolución por vías democráticas", aseguran los republicanos añadiendo que "nuestra vía es la amnistía".