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La Diputación Permanente decidirá el día 22 de octubre sobre los decretos del Gobierno

La Mesa del Congreso acuerda convocar el órgano la próxima semana para aprobar o rechazar los decretos aprobados por el Gobierno en funciones, entre los que se encuentran el reparto de 5.000 millones para las autonomías.

Imagen de archivo de una reunión de la Diputación Permanente en el Congreso

La Mesa de la Diputación Permanente ha convocado una reunión del órgano para el día 22 de octubre con la finalidad de que el Gobierno lleve al Congreso tres reales decretos aprobados en las últimas semanas. La Mesa se ha reunido este lunes para fijar una fecha y ordenar los trabajos del órgano, encargado de algunas de las funciones legislativas del Pleno cuando la Cámara está disuelta, como en el momento actual, a causa de la repetición electoral.

El primero de los tres decretos que el Ejecutivo llevará al órgano se corresponde con medidas urgentes para paliar los daños producidos por tormentas y otras situaciones catastróficas (incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas a finales de agosto y a mediados de septiembre).

El segundo real decreto ley adopta medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook. Mientras que el tercero se corresponde con la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y de las Entidades Locales, en situación de prórroga presupuestaria, lo que se traduce en el reparto de 5.500 millones a autonomías y ayuntamientos por este concepto.

En el anterior periodo electoral que precedió a las elecciones del 28 de abril, la Diputación Permanente celebró una reunión para aprobar varios decretos aprobados por el Gobierno en los bautizados por el propio Ejecutivo como los "viernes sociales". Estas normas fueron objeto de polémica, ya que se acusó a los de Pedro Sánchez de hacer electoralismo con las funciones y capacidades legislativas del Gobierno.

Ahora el Gobierno vuelve a llevar decretos a unas Cortes disueltas, con el añadido de que el Ejecutivo está en funciones y no dispone de sus plenas capacidades. Desde Moncloa se avanzó hace unas semanas que se aprobarían una serie de medidas en periodo electoral, pero se precisó que se harían con "precaución" y que contendrían las reformas "estrictamente necesarias", para no incurrir en ningún conflicto jurídico o constitucional por el hecho de estar en funciones.