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Emergencia del coronavirus El Gobierno planea aprobar una Renta Social Extraordinaria de 950 euros para las familias con menos ingresos

La propuesta con la que trabaja el Ejecutivo contempla incrementos para hogares monoparentales, o en el caso de personas a cargo con una discapacidad del 33% o más. Esta prestación esta prevista para un periodo de tres meses, hasta la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que recoge el acuerdo de coalición.

Los ministros de Inclusión y de Trabajo, José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, presentaron este jueves los efectos de la pandemia en el mercado laboral.
Los ministros de Inclusión y de Trabajo, José Luis Escrivá y Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. | Borja Puig de la Bellacasa

Alejandro López de miguel / Manuel Sánchez

El Gobierno planea aprobar una Renta Social Extraordinaria para las personas con menos recursos, y por tanto más vulnerables ante la emergencia del coronavirus.

Y, si el Ejecutivo sopesa implementar esta prestación durante un periodo de tres meses, por un importe de 500 euros, fuentes del Gobierno explican a Público que la propuesta que hoy está sobre la mesa, redactada por Unidas Podemos, contempla elevar esta prestación hasta los 950 euros para un hogar con dos adultos y dos hijos menores a cargo.

En el caso de que haya menores a cargo la prestación se incrementará en 100 euros por cada uno de ellos, en 150 euros en el caso de las familias monoparentales

No obstante, la cantidad de 950 euros (la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional) no es un tope, sino que correspondería a la estructura de hogar más habitual. Hay otras variables a tener en cuenta, y por tanto la cantidad percibida podría ser mayor.

Por ejemplo, en el caso de que haya menores a cargo, esta prestación se incrementará en 100 euros por cada uno de ellos; en 150 euros en el caso de las familias monoparentales. En el caso de un segundo adulto sin ingresos, a la base de 500 euros se sumarían otros 250.

Además, en lo que respecta a las personas con un grado de discapacidad reconocido del 33% o más, la prestación será de 600 euros mensuales. Para las familias que tengan hijos con este grado de discapacidad a su cargo, la cantidad percibida será de 120 euros, y llegará a los 180 euros en el caso de familias monoparentales, siempre según la propuesta que hoy está sobre la mesa.

La idea es que el trámite para solicitarla sea sencillo, si bien, más allá de los requisitos de acceso o las cuantías, hay muchos detalles por pulir. Sí están claras las condiciones para reclamarla: podrán optar a esta ayuda quienes, de forma individual, ingresen menos de 200 euros, o los hogares en los que la media de ingresos por persona no llegue a los 450 euros.

Con todo, esta medida es una suerte de parche hasta la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en el que trabajan el Ministerio de Seguridad Social y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, una forma de llegar a los hogares más afectados por la pandemia lo antes posible.

El Ingreso Mínimo Vital, no antes de tres meses

Precisamente, se prevé que esta prestación esté disponible durante tres meses porque ése es el periodo en el que la Vicepresidencia de Pablo Iglesias aspira a articular el Ingreso Mínimo Vital (IMV), incluido en el acuerdo de coalición.

Pedro Sánchez, aprovechó su intervención del jueves en el Congreso para afirmar que ya hay varios ministerios trabajando en este ingreso mínimo

En las últimas semanas, los ministros de Unidas Podemos y otros del PSOE, como el caso del ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, han insistido en la necesidad de articular este mecanismo, que también ha sido reclamado por los sindicatos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su intervención del jueves en el Congreso de los Diputados para afirmar que ya hay varios ministerios trabajando en este ingreso mínimo, si bien no aportó más detalles.

Por otro lado, en un comunicado remitido este jueves, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales han justificado este retraso en su a probación en base a la dificultad técnica de esta medida, así como en el "alto grado grado de consenso político, social e institucional" que aspiran lograr para su aplicación.

En el comunicado, enviado tras las reuniones de Iglesias, Escrivá, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con sindicatos y ONGs, la Vicepresidencia segunda asegura que cuentan con el "total apoyo" de estos interlocutores, pero también que "grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida".

La CEOE y Cepyme denuncian la "deslealtad" del Gobierno

Por otro lado, a última hora de la tarde del jueves, las patronales CEOE y Cepyme publicaron un comunicado en el que anunciaban su intención de dar plantón al Ejecutivo en la reunión del diálogo social de este viernes, denunciando "la deslealtad" del Gobierno al afirmar que estudia implantar esta prestación. 

Los empresarios no reaccionaron cuando se conoció esta información, en torno a las 14.00 horas, y según fuentes conocedoras de la negociación no habían rechazado esta medida, que no supone ningún coste para las empresas. El comunicado de Vicepresidencia no alude a ninguna organización en concreto, y sólo defiende que Iglesias ha "intercambiado" documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que además tiene una relación fluida.

También rechazaron que "se haya sometido a su discusión en el diálogo social", si bien el comunicado de la vicepresidencia no afirma que así fuera, y denunciaron ser víctimas de "manipulación interesada". 

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