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El engaño de la derogación de las tasas judiciales

Rajoy anuncia que se “revisarán” estos impuestos que limitan el acceso a la justicia a los más vulnerables y que él mismo implantó en 2012. Pero no habla de plazo alguno ni de beneficiarios, aunque diga lo contrario el resumen distribuido a los periodistas.

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Miembros del Gobierno y diputados del PP aplauden a Rajoy tras su intervención en el Debate sobre el Estado de la Nación. EFE

MADRID.-  El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha ofrecido hoy como garantía ante los demagogos. Pero si hay algo que es objeto de demagogia son las tasas judiciales. El Gobierno lleva recaudados 512 millones de euros por este concepto, pero en el ministerio de Justicia dicen que no saben a dónde ha ido este dinero que, en teoría, iba a financiar la justicia gratuita.

Las tasas judiciales que implantó este Gobierno en 2012 están limitando el acceso a la justicia de los más vulnerables, de quienes no tienen dinero ni para recurrir ni para pagar los costes judiciales en caso de no ver reconocidos sus demandas en ejecuciones hipotecarias instadas por bancos, por ejemplo. O en recursos de empresas pequeñas y medianas ante la Audiencia Provincial.

El debate sobre el estado de la nación era la gran esperanza para quienes combaten este impuesto tan gravoso. Sin embargo, Mariano Rajoy ha optado por echar un jarro de agua fría que se entremezcla con el engaño mediático.

Rajoy se ha limitado a anunciar en su discurso que “revisaremos las tasas”, sin concretar ni fecha ni destinatarios ni cuantía. Se entiende que se refiere a las controvertidas tasas porque, por no decir, ni siquiera las ha tildado de “judiciales”.

Sin embargo, el resumen de las medidas del Gobierno distribuido antes a los periodistas ha inducido a la confusión y al engaño.

El documento sostiene que, como consecuencia de la crisis económica, las personas físicas quedarán exentas de las tasas judiciales “en todos los órdenes e instancias”.

Pero el presidente Rajoy nada ha dicho en su discurso y ha optado por callarse en esta cuestión, por lo que priman sus palabras sobre el documento previo. Esto es, ese documento ha quedado invalidado por su discurso y, en resumen, no ha dicho siquiera que se suprimirán las tasas para las personas físicas.

A pesar de ello, muchos periodistas han difundido el documento como vigente. Y en las redes sociales se da ya por hecho que el Gobierno va a suprimir las tasas judiciales.

Por su parte, el líder socialista Pedro Sánchez ha anunciado que su partido suprimirá las tasas judiciales de salir elegido presidente del Gobierno.

Así, el teletipo de la agencia de noticias Efe sostiene:

"El Gobierno suprimirá las tasas judiciales que afectan a las personas físicas

Madrid, 26.- El Gobierno ha anunciado hoy una revisión del sistema de tasas judiciales mediante la cual se suprimirán las que afectan a las personas físicas en todos los órdenes e instancias.

Esta iniciativa aparece en el documento que ha distribuido el Ejecutivo con las principales medias anunciadas hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate del estado de la nación.

El texto explica que "en el marco de la creciente recuperación económica" las personas físicas "quedarán exentas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias".

La revisión de las tasas judiciales fue uno de los principales compromisos que adquirió el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su llegada al departamento el pasado mes de septiembre.

Catalá ha manifestado en multitud de ocasiones que iba a revisar la aplicación de las tasas judiciales y que, en caso de que limitasen el acceso de los ciudadanos a la Justicia, procedería a su modificación, pero nunca a su retirada.

La Ley de Tasas Judiciales fue uno de los principales proyectos aprobados por las Cortes -con el único apoyo del PP- durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de Justicia y marcó un antes y un después en las relaciones entre el Ministerio y la judicatura.

Desde su aprobación, en noviembre de 2012, la norma se ha convertido en el blanco de los ataques de jueces, fiscales y abogados así como de todos los grupos de la oposición parlamentaria que consideran que lastasas vulneran el acceso a la tutela judicial efectiva y exigen su derogación.

Al respecto, la ley de tasas judiciales cuenta ya con cinco recursos de inconstitucionalidad.

La oposición y los operadores jurídicos también han reclamado al Gobierno que dé explicaciones sobre el destino del dinero recaudado hasta la fecha con las tasas judiciales, más de 512 millones de euros.

En este sentido, el Ejecutivo se comprometió a destinar el dinero recaudado a la financiación de la justicia gratuita, si bien la oposición denuncia que todavía no se ha transferido ninguna cantidad al respecto”.

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