MADRID.- "A lo largo de la historia, los ejércitos solo han servido para proteger a los ricos de los pobres". De esta forma ha resumido el reconocido pacifista y expresidente de la ONG Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, las motivaciones de la industria armamentística desgranadas por el investigador Pere Ortega, director del Centre Delàs d'Estudis per la Pau, en su libro El lobby de la industrial militar española. Adónde van nuestros impuestos (Icaria) presentado este martes en Barcelona. 

"La escasez de recursos no renovables, el cambio climático o catástrofes nucleares como Chernóbil y Fukushima son las auténticas inseguridades que padece la humanidad. Pese a ello se construye el mito del enemigo que nos amenaza y al que se denomina: terrorismo internacional, crimen organizado o ataques cibernéticos", expone Ortega, explicando de este modo el "miedo" del que se beneficia la industria armamentística para colocar sus costosos productos a todos los Estados del mundo. "Se dirá que no son mitos, que son peligros y amenazas reales. Sin duda es cierto, pero no parece que ninguno de ellos pueda ser contrarrestado ni vencido mediante armas y ejércitos", denuncia el investigador, colaborador de Público. 

Si a esto, ha afirmado el director del Delàs en la presentación, se le añaden unas Fuerzas Armadas "regidas por el principio de la no transparencia" y un lobby político sustentado en las puertas giratorias entre los fabricantes de armas y el Ministerio de Defensa y los altos mandos del Ejército, se obtiene el campo de cultivo perfecto para que grandes sumas de dinero público acaben en manos de la industria de las armas. 

En la obra, Ortega detalla las estratagemas que han utilizado los Gobiernos del PP y el PSOE para desviar el gasto militar de los presupuestos de la cartera de Defensa, ocultando así al ciudadano la cantidad real de fondos públicos que se destina este fin.

 El principal mecanismo son los Programas Especiales de Armamentos (PEAS), mediante los cuales es el Ministerio de Industria quien financia a interés cero proyectos claramente militares como los aviones Eufighter EF-2000, los helicópteros NH-90 o la I+D que se utiliza para desarrollar las armas que estos portan. Mientras los diferentes gestores de Defensa han hecho propaganda de una reducción del gasto, los PEAS se han incrementado año a año. "Hay indicios suficientes como para afirmar que se trata de un enorme fraude democrático pues va en detrimento del interés general", sostiene el investigador.

Para saldar su deuda con la industria de las armas evitando el control público, el Estado se ve obligado a solicitar créditos extraordinarios cada verano que suelen estar en el rango de los 800 millones de euros. El último, de 856 millones. La oposición ha criticado duramente este tipo de prácticas del Ejecutivo, que pese a ello se repiten año tras año desde 1996.