Escepticismo y expectación entre los ecologistas por el anuncio de la expropiación del Algarrobico

Los ecologistas han recibido con mucho escepticismo, al mismo tiempo que con mucha expectación, el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero (PSOE) de declarar los terrenos —y los bienes, el hotel— de utilidad pública para después expropiar con la idea de derribar de una vez el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción de litoral por el urbanismo salvaje. Para la directora de Greenpeace, Eva Saldaña, "todo paso" que acerque el derribo definitivo es "una buena noticia". 

"En Greenpeace llevamos casi 20 años esperando su demolición, sentencia tras sentencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño", afirmó Saldaña. La ONG ha llevado el caso ante la justicia europea. Por otro lado, en Ecologistas en Acción aseguraron no entender "que algo que tiene sentencia firme de derribo, haya que pagar para derribarlo".

Para José Ignacio Domínguez, que ha llevado el caso para Greenpeace, y que es muy escéptico sobre la validez de la fórmula elegida por el Gobierno: "Si no se llega a un acuerdo con Azata en el justiprecio, se eternizará en los tribunales". Para Domínguez, "la forma más rápida de derribar el hotel es llegar a un acuerdo con Azata, pero eso no va a ser posible".

"La otra alternativa —prosigue el abogado— es que la Junta ejerza el derecho de retracto y por último, la forma más rápida después de estas dos es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anule la licencia de obra, algo muy difícil de conseguir porque el Ayuntamiento está poniendo todo tipo de obstáculos y el TSJA no hace nada para resolver el problema".

Para Domínguez, el hecho de que los terrenos son de la Junta de Andalucía, que ejerció el derecho de retracto en el año 2006 —una decisión avalada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2016— supone que el Gobierno lo "tiene muy complicado jurídicamente". "Esto del retracto es un lío", agregó. Azata es la poseedora de los terrenos, no la propietaria, consideró Domínguez.

Lo que va a aprobar este martes el Gobierno es, en concreto, como paso previo a la expropiación y posterior demolición, según informó en un comunicado, "una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras".

La inclusión de la palabra "bienes" no es menor, si se tiene en cuenta el argumento del retracto esbozado por Domínguez. De este modo, podría, en su caso, según alguna interpretación, expropiarse el hotel, los bienes, no los terrenos.

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Para Montero, es importante en términos políticos cumplir con su anuncio de hoy y que su buena intención no acabe de nuevo engullida de nuevo por el lío jurídico y la burocracia que ha impedido hasta ahora la demolición del hotel, por más que existe un amplio consenso social —sobre todo fuera de Carboneras— al respecto. Si el PSOE andaluz quiere recuperar la credibilidad perdida, va a necesitar hechos, más que palabras y anuncios.

Esa zona "de servidumbre de protección" de la que habla el Ejecutivo alcanza, según fuentes del ministerio, al 40% del hotel. El otro 60% queda en la zona competencial de la Junta de Andalucía, que gobierna el PP. Montero instó al Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), a expropiar a su vez su parte: "¿Van a tirar o no la parte (del hotel del Algarrobico) que le corresponde de la Junta de Andalucía? ¿Se van a comprometer o no se van a comprometer?"

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Greenpeace también puso este lunes presión sobre la Junta de Andalucía. "Seguiremos de cerca los pasos que dé ahora la Junta de Andalucía, que debe cumplir con sus firmes declaraciones de cumplir con el acuerdo de demolición del hotel porque el Algarrobico es un símbolo de un modelo caduco de turismo depredador y destrucción de nuestro litoral", afirmó Saldaña.

Lío a la vista

Sin embargo, aquí hay otro lío a la vista porque el Gobierno andaluz ya ha rechazado expropiar su parte. "La expropiación no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial. La fórmula más rápida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que el PSOE concedió en su día", consideraron fuentes del Gobierno de Moreno Bonilla.

"La Junta de Andalucía está preparada para cumplir con su obligación de manera inmediata: reciclar los escombros y restaurar la playa. Sólo necesita que antes cumpla el Gobierno de España y derribe el edificio, como es su obligación", agregaron estas fuentes.

Además, en el PP andaluz no ha sentado bien el anuncio de Montero, quien se trasladó a la misma puerta del hotel, en Carboneras, para hacerlo. Así, consideran que "demuestra falta de lealtad con la Junta de Andalucía adelantando una decisión que no sólo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento".