Los nueve años de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012, supusieron la puesta en práctica de las políticas neoliberales más extremas, con el consiguiente recorte en proyectos públicos, que se habían conocido hasta entonces en España.

La privatización de la sanidad pública, recortes en educación y la externalización de prácticamente la totalidad de los servicios públicos. Todo ello, además, con un agravante: la corrupción de los consejeros que formaban parte del círculo de confianza de la presidenta Aguirre. 

Una corrupción que han ido confirmando los tribunales en los últimos años, con las condenas de tres de los principales consejeros y el procesamiento de otros tantos, a la espera de juicio. Pero pese a todos los delitos que han rodeado a la expresidenta, según ha confirmado la Justicia, ella se ha librado siempre de sentarse en el banquillo. 

Libre, pues, de acusaciones y de condenas, Esperanza Aguirre participa en las tertulias de los medios, imparte conferencias y asiste a las bodas de la alta sociedad madrileña, como la del alcalde de Madrid, mientras los afectados por las obras del metro en la localidad de San Fernando de Henares que se iniciaron bajo su mandato como reclamo electoral continúan sin percibir una indemnización justa por haber perdido sus pisos. 

Prada, el último condenado

Alfredo Prada, vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid y consejero de Justicia e Interior entre noviembre de 2003 y junio de 2008, es el último de los consejeros de Aguirre condenado hasta ahora. 

Siete años de cárcel por prevaricar y malversar 40 millones de euros del presupuesto destinado a la edificación de nuevos juzgados y de sedes judiciales que se iban a concentrar en una Ciudad de la Justicia en Madrid. Se llegaron a invertir más de 300 millones de euros y apenas se levantó un edificio, el que iba a ser la nueva sede del Instituto de Medicina Legal. 

El proyecto fue una de la promesas de Esperanza Aguirre, que en su declaración como testigo en el juicio contra Prada llegó a defender la labor de este y explicó que creía que la Ciudad de la Justicia iba a tener un coste cero, porque el dinero se sufragaría de la venta de edificios públicos. 

Aguirre se libró de ser acusada por aquel fiasco que costó millones a los madrileños, mientras que ordenaba quitar la financiación pública a los medicamentos para dejar de fumar, por ejemplo. 

El proyecto de la Ciudad de la Justicia fracasó porque, como ha sentenciado la Audiencia Nacional en una resolución que aún no es firme, el dinero se desvió para fines que se alejaron de la construcción de los juzgados y que se destinaron a contratos de publicidad y convenios. Fueron 24 contratos a dedo, la mayoría, que demuestran un desprecio por el dinero público. 

La Audiencia Nacional obliga a Alfredo Prada, que llegó a presidir la extinta Oficina del Cargo Popular —una especie de entidad para fiscalizar a los cargos públicos del PP y evitar la corrupción—, reponga a las arcas públicas madrileñas los 40 millones de euros malversados solidariamente con otros tres condenados por el caso de la Ciudad de la Justicia. 

El 'caso Gürtel'

Esperanza Aguirre ha logrado librarse de sentarse en el banquillo aduciendo su desconocimiento de las irregularidades y la Fiscalía no ha podido demostrar que mentía. El PP de Madrid también se ha librado, de momento, de una imputación, ya que no ha sido acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos perpetrados por los colaboradores de Aguirre.

La trama Gürtel, que años después costaría el gobierno a Mariano Rajoy por la condena del PP, esta vez sí, como partícipe a título lucrativo, empezó en Madrid. El que fuera viceconsejero de Presidencia entre 2003 y 2007, Alberto López Viejo cumple condena en la actualidad por haber favorecido a las empresas de la trama Gürtel a cambio de mordidas. 

López Viejo organizó numerosos actos contratados por las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en los que participó la presidenta Aguirre, que llegó a jactarse de haber desarticulado la trama Gürtel cuando tuvo conocimiento de ella.

La 'macrocausa Púnica'

En 2014 era detenido Francisco Granados, que había sido mano derecha de Esperanza Aguirre, como consejero de Presidencia. Arrancaba así la macrocausa Púnica, que ha desvelado, a través de múltiples piezas separadas, un entresijo de corrupción del que se desprende una 'caja b' en los gobiernos de Aguirre.

La causa Púnica suma una docena de líneas de investigación con cargos públicos del PP de varias comunidades, funcionarios y empresarios investigados por formar parte de una gigantesca trama de adjudicaciones públicas, que sólo en Madrid ascendería a 250 millones de euros.

Granados ya ha sido condenado a dos años de cárcel por una de las piezas separadas  y espera juicio por otras. 

Una de ellas versa sobre la financiación ilegal vinculada a las elecciones de 2007 y 2011, en las que Aguirre logró mayoría absoluta. Pero, pese a que la principal beneficiaria fue ella, la Fiscalía la exoneró  porque el delito electoral prescribió (2007) y por no existir indicios de que la presidenta del PP madrileña fuera su instigadora en el caso de las elecciones autonómicas de 2011. 

De esta manera, el juez instructor, el recientemente jubilado Manuel García Castellón, dejó fuera de la causa por la caja b del PP de Madrid a Esperanza Aguirre, aunque llegó a imputarla. 

El magistrado describió a Aguirre en su auto de imputación como la impulsora de un entramado en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 para desviar dinero público al PP madrileño a través de un "plan fraguado con sus consejeros de confianza para el uso continuado durante tres campañas [electorales] de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas" públicas del partido. 

Pero un giro de la Fiscalía Anticorrupción propició que la expresidenta no fuera finalmente procesada.

Otros ex altos cargos de los gobiernos de Aguirre están procesados por la 'caja b', como Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid; y la exdirectora de comunicación de Aguirre, Isabel Gallego. Gutiérrez fue condenado por las tarjetas black de Caja Madrid.

'Caso Lezo'

El sucesor de Esperanza Aguirre, Ignacio González, como presidente de Madrid, también acabó detenido, en 2017, en su caso por la operación Lezo, por irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos relacionados con el Canal de Isabel II; el amaño de una licitación para la construcción del trazado ferroviario entre Móstoles y Navalcarnero. González está a la espera de juicio por estas causas.