Cómo librarse del juicio por un delito electoral que la Fiscalía reconoce que existió: el caso de Esperanza Aguirre

Tres mayorías absolutas consecutivas, entre 2003 y 2011, en Madrid. Pero el hito de Esperanza Aguirre tenía trampa y así lo establece la Fiscalía Anticorrupción, que habla de "claros indicios de falsedad electoral" en su reciente informe presentado al Juzgado Central de Instrucción 6 por la pieza 9 de la causa Púnica, sobre la existencia de una caja b en el PP de Madrid con la que financió sus campañas electorales.

Sin embargo, pese a dar por hecho que existieron delitos electorales vinculados a la financiación ilegal del PP de Madrid en los comicios de 2007 y 2011, el fiscal Alejandro Cabaleiro propone exonerar a la expresidenta madrileña bien porque el delito prescribió (2007) o bien por no existir indicios de que la presidenta del PP madrileña fuera su instigadora en el caso de las elecciones autonómicas de 2011. 

Por los mismos motivos, propone el fiscal no juzgar a Ignacio González, vicepresidente de Aguirre y su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, y centra las acusaciones en Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y jefe de campaña para las elecciones autonómicas de 2011, al que imputa un delito electoral, otro de tráfico de influencias y también cohecho.

Esperanza Aguirre fue imputada en 2019 por el juez García Castellón en esta pieza de 'Púnica', que suma una docena de líneas de investigación con cargos públicos del PP de varias comunidades, funcionarios y empresarios investigados por formar parte de una gigantesca trama de adjudicaciones públicas, que sólo en Madrid ascendería a 250 millones de euros. 

La investigación comenzó en 2014 con las pesquisas centradas en Francisco Granados, por entonces secretario general del PP de Madrid. Poco después los investigadores hallaron una agenda suya con las iniciales de los donantes del PP de Madrid, algo así como los 'papeles de Bárcenas'. 

"Dinámica de falsedad electoral"

El magistrado describió a Aguirre en su auto de imputación como la impulsora de un entramado en la Comunidad de Madrid a partir de 2004 para desviar dinero público al PP madrileño a través de un "plan fraguado con sus consejeros de confianza para el uso continuado durante tres campañas [electorales] de numerosos artificios para ocultar gastos electorales y pagarlos con flujos de fondos de distintas fuentes, ajenas a las cuentas" públicas del partido. 

García Castellón, aceptó la petición de Anticorrupción e imputó a Aguirre siete delitos --cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias y falsedad electoral--, al considerar que Esperanza Aguirre habría ordenado presuntamente a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño, "desarrollar una continuada dinámica de falsedad electoral" durante una década.

Pero ahora la Fiscalía cambia de parecer y dice respecto a Aguirre que "no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora de los delitos". El informe de Anticorrupción sólo viene firmado por Alejandro Cabaleiro, el más reciente fiscal incorporado a la investigación, mientras que las fiscales Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que iniciaron las pesquisas en 2014, no lo han suscrito con sus rúbricas al disentir sobre algunos aspectos, entre otros, la prescripción de los delitos relacionados con las elecciones de 2007. 

Este criterio sobre la no continuidad del delito y, por tanto, su prescripción respecto a los de 2007, ha provocado el archivo para la inmensa mayoría de los imputados. De 152, la Fiscalía propone ahora el procesamiento sólo para 10.

La Fiscalía señala a Granados y a Beltrán Gutiérrez como los principales instigadores de la red de influencias que desembocó en la financiación irregular de la campaña electoral de 2011. Propone su procesamiento junto al de otras ocho personas más relacionadas con los trabajos de reputación online para diferentes políticos del PP pagados con fondos públicos, entre ellos, los exconsejeros de Aguirre Salvador Victoria y Borja Sarasola.

Se benefició de los trabajos reputacionales

Respecto a estos hechos, "se mantiene el carácter delictivo", dice el fiscal, pero exculpa a Aguirre, por no existir indicios de que "se concertase para su ejecución", aunque reconoce que se benefició de los trabajos reputacionales realizados por la empresa del presunto 'conseguidor' Alejandro de Pedro, que se sentará finalmente en el banquillo. 

Anticorrupción indica que la participación de Granados "resultó clave" para introducir al 'conseguidor' de la trama "en el ámbito" del PP en la Comunidad de Madrid y en el de las personas que realizaron parte de los trabajos de reputación investigados.

"Ignorancia deliberada"

Sobre la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Fundescam, considerada por los investigadores de 'Púnica' como la herramienta que el PP utilizaba para financiar irregularmente con fondos públicos procedentes de subvenciones los gastos de sus campañas electorales, el informe del fiscal alude a una conversación entre Aguirre e Ignacio González de la que el representante del Ministerio Público dice que podría ser reveladora de que la entonces presidenta madrileña "pudiese sospechar, o intuir, que se habría sobrepasado el límite del gasto electoral" para la campaña y del papel de Fundescam en ese sentido.

Pero concluye que "considerando la ausencia de indicios", no puede sostenerse que Aguirre se situara en una "ignorancia deliberada" respecto a esa fundación del PP. Lo mismo indica respecto al cambio organizativo en su gobierno para que todas las contrataciones de publicidad tuviesen que recibir el visto bueno  de la Dirección General de Medios. 

Dice el fiscal que tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado ese cambio "con fines delictivos", pues ninguno de los investigados ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las impresas de publicidad. 

El fiscal considera que "la credibilidad del inicial denunciante", el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado a 40 años por el caso Gürtel,  "resulta manifiestamente insuficiente, tanto por ser testifical de referencia, como por la posterior posición procesal del mismo". 

Ahora el juez Manuel García Castellón debe decidir si admite la petición de la Fiscalía de archivar la causa para Aguirre e Ignacio González, como ya hizo con Cristina Cifuentes en abril de 2021.